Chihuahua, Chih.

Médicos residentes y pasantes de la carrera de la Universidad Autónoma de Chihuahua marcharon del Hospital Central Universitario (HCU) al palacio de gobierno, para exigir la reapertura de pla-zas para residentes y garantías de seguridad en favor de los pasantes asignados a regiones controladas por el crimen organizado.

La protesta, convocada por los profesionales y estudiantes, fue en respuesta a que el pasado miércoles, el director del hospital del municipio de Gómez Farías, Blas Juan Godínez, fue secuestrado por un grupo armado, al parecer para ser obligado a atender a los heridos de un enfrentamiento entre grupos antagónicos.

Un comando vinculado al cártel de Juárez atacó negocios y un consultorio en Gómez Farías, y luego se llevó a Juan Godínez. Por esta situación, residentes asignados a la clínica local fueron trasladados a la ciudad de Cuauhtémoc por agentes de la Fiscalía General del Estado, luego de que tuvieron que esconderse para evitar ser levantados por los narcotraficantes.

La Secretaría de Salud (Ssa) estatal informó el pasado jueves que decidió retirar a todos los residentes asignados a clínicas y centros de salud en municipios de la zona noroeste del estado, territorio en conflicto entre grupos vinculados a los cárteles de Juárez y de Sinaloa por el control del trasiego de droga.

Los inconformes denunciaron que fue cerrada la mitad de las residencias de especialidades en los hospitales Central Universitario y el Infantil de Especialidades de Chihuahua, pues las autoridades de salud sólo ofrecen residencias y opciones de servicio social en lugares controlados por el crimen organizado, sin garantías de protección y seguridad.

Explicaron que las residencias de neumología pediátrica, ortopedia, medicina interna e imagenología fueron reducidas a la mitad; el Hospital Infantil de Especialidades padece falta de médicos para cubrir turnos de noche y fin de semana; además, los pacientes deben esperar hasta cinco horas para ser atendidos.

Detallaron que reciben una beca durante un año para realizar sus estudios en los hospitales del sistema estatal de salud, pero el recorte de plazas pone en riesgo la operación de las clínicas y la atención de los derechohabientes del Seguro Popular.

Con base en experiencias de años anteriores y más aún en esta semana, nuestros compañeros fueron víctimas y sufrieron agresiones en diferentes zonas de la sierra, donde incluso tuvieron que escoltarlos agentes de la Fiscalía, informó en un comunicado de prensa la asamblea del HCU.

Solicitaron que terminen las amenazas de Pedro Ramírez Godínez, subjefe de Servicios Estatales de Salud, quien amagó con suspender a los médicos que se han inconformado.

También denunciaron el desinterés de Ernesto Ávila Valdez, secretario de Salud estatal; de Francisco César Rodríguez, y Enrique de Rivera, directores de Enseñanza y Calidad de los Servicios de Salud, en atender la situación de inseguridad.

Les niegan audiencia

Los inconformes entregaron un oficio en el palacio de gobierno y solicitaron una audiencia con el gobernador del estado, Javier Corral Jurado, petición que les fue negada, en principio, con el ofrecimiento de sostener un diálogo formal el próximo lunes.

Informaron que sus demandas han sido planteadas en reiteradas ocasiones a las autoridades y a lo largo de dos meses no han obtenido respuesta, por lo que exigieron atención inmediata porque, dijeron, el gobierno del estado pone en riesgo la operación de los nosocomios.

La Ssa respondió que el cierre de especialidades responde a una reingeniería administrativa para reorientar esfuerzos hacia la formación de especialistas en ginecología y obstetricia, así como otras especialidades que han tenido incremento de plazas, situación que fue desmentida por los galenos al señalar que no se han solicitado más residentes en dichas áreas.