Organizaciones de la sociedad civil advirtieron una situación jurídica negativa para migrantes que piden refugio a México. Los especialistas calculan que hay unos 5 mil afectados a causa de recientes resoluciones oficiales que tendrían a los extranjeros en un limbo jurídico.

Los sismos de septiembre afectaron diversas oficinas de la Secretaría de Gobernación, incluida la sede de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), hasta el terremoto ubicada en la colonia Juárez, por lo cual debió suspender servicios unos días y enviar las resoluciones a un plazo mayor, no definido.

En un contexto de cúmulo sin precedente de solicitudes de refugio, hasta el corte de septiembre pasado había en la Comar 5 mil 246 peticiones en trámite; el plazo legal máximo de respuesta es de 45 días.

Un colectivo de grupos civiles se refirió a la necesidad de hacer acciones urgentes y extraordinarias, en especial operar la puesta en libertad de los migrantes –solicitantes de protección al Estado mexicano– detenidos actualmente en estaciones migratorias y fijarles medidas alternas.

“Organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos externan su indignación por el reciente acuerdo de la Comar de suspender los plazos para emitir decisiones sobre solicitudes de protección internacional, hasta nuevo aviso.

Las solicitudes vienen de familias, niños, niñas y adolescentes (que están) huyendo de violencia y persecución en sus países de origen. Los firmantes pedimos cumplir con la promesa del gobierno de brindar protección internacional, señaló el colectivo, integrado, a su vez, por los miembros del denominado grupo articulador México, así como la red de casas de migrantes y centros de derechos humanos de la zona norte.

Firman también los integrantes del Grupo Articulador Regional-Plan de Acción de Brasil; las asociaciones del grupo de trabajo sobre política migratoria; colectivo migraciones para las Américas, y de la Mesa Transfronteriza Migraciones y Género, además de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para todos y todas.

Al respecto, Carolina Carreño, coordinadora de Atención y Servicios de Sin Fronteras, se refirió al acuerdo emitido por la Comar el pasado 30 de octubre, en el cual indica que a raíz del sismo del 19 de septiembre suspende todos los términos para dar respuesta a las solicitudes de reconocimiento de protección. Ante ello, dijo que la Comar debe emitir alternativas extraordinarias, como expedir documentos para que los extranjeros accedan a servicios de salud y educación.

Para las organizaciones que trabajamos en el tema de asilo es una preocupación muy grande, porque de alguna manera deja en el limbo a muchas de las personas que están solicitando protección, dijo en entrevista.

Subrayó que la Comar ya presentaba atrasos en sus resoluciones, incluso antes de la contingencia derivada del sismo. Tenemos casos de personas a quienes se les ha tardado (la respuesta) más de cinco meses.

Ahora les dicen que suspenden los términos. La pregunta es: ¿qué va a pasar con las personas? Esto es grave, agregó, no sólo por la falta de certeza de una respuesta jurídica, sino porque hay afectación emocional y económica. Entre ellos hay ansiedad, no saben qué va a pasar con sus familias.

De enero a septiembre de 2017, la Comar recibió 10 mil 262 solicitudes, principalmente de hondureños, venezolanos y salvadoreños.