Eduardo Frei con campesinos, 1966 FOTO: Biblioteca Nacional de Chile

A 50 años de la reforma agraria

Chile: un fantasma
recorre el campo

Felipe Montalva

Carlos Opazo recuerda que tenía 20 años, en 1961, cuando ingresó por primera vez a un sindicato, que se reunía de noche en un lugar secreto dentro de una hacienda. Era en las cercanías de San Javier de Loncomilla, en la zona centro sur chilena. Rememora el riachuelo que tuvo que atravesar con su padre, militante comunista, en medio de la lluvia, hasta ingresar a un rancho, iluminado por una vela, donde algunos delegados, de poncho, sombrero de fieltro negro y hablar golpeado, le preguntaron si entraba a la organización.

Como miles, Opazo trabajaba desde niño. Dejó la escuela en tercer grado. Trabajó aseando, cultivando y cuidando el ganado. La paga era bajísima. A los 12 ya sabía arar a caballo. Luego se recorría las haciendas y ofrecía su trabajo. “Mi padre fabricaba toneles; decía que no le aguantaba pelos en el lomo (altanerías, injusticias) a nadie, así que vivíamos trasladándonos de fundo en fundo. Hubo tiempos en que no teníamos qué comer… Había que rebuscársela”, relata.

“A mí me sacaron de la escuela para ir a trabajar a los 12 años”, cuenta Alicia Muñoz, oriunda de la hacienda Agua Fría, también del centro sur de Chile. “Los patrones consideraban que éramos de su propiedad. Como mi hermano mayor se había ido de recluta, fueron a hablar con mi mamá para que me fuera fogueando (preparando)”.

Son imágenes de hace 60 años. Chile rural tenía su vasallaje, su “servidumbre aceptada”, al decir del antropólogo José Bengoa. Mucho ha sido escrito, desde las ciencias sociales y la literatura sobre la sociedad hacendal. La magnitud del latifundio en Chile se puede entender con este fragmento de Bengoa: “El estado de Chile se construyó en los hombros de la sociedad que existía en el valle central (…) No es el estado el que construye la sociedad del valle central. Esta sociedad ya estaba construida”.

Sí. Chile era otro país hace 60 años. Uno donde su mayor población vivía en el campo.

Una época donde las haciendas, herederas de las encomiendas coloniales, se extendían por miles y miles de hectáreas. Como la Catapilco, que se mantuvo casi sin modificación desde 1599. Época de “la obligación”, como era conocido el vínculo que los inquilinos, tenían con el hacendado. Tiempos donde el terrateniente tenía poder sobre la vida de quienes vivían en la hacienda. Del “mande patrón” y miradas al suelo. De familias lanzadas al camino por desafiar al patrón. Del castigo físico. Años donde la “actividad política” en el campo era así:

“Pa’ las votaciones se los llevaban en camión. Sí, los mismos patrones los llevaban… El patrón les ponía en conocimiento de que fulano de tal es mejor, entonces ellos iban conscientes de que iban a darle el gusto del patrón… Salían los candidatos de los patrones…”, relata Lila Astorga, en “Historias Testimoniales de Mujeres de Campo”, 1983.

Era la época de descuentos en los pagos. De analfabetismo. De una carencia abismal de escuelas. De miles de personas desconectadas del mundo.

Desfile de la Unidad Popular, 1970 FOTO: Fundación Salvador Allende

Alicia Muñoz cuenta que fue ayudista de un sindicato clandestino. Los campesinos se reunían en un monte cercano. Luego tomaron el fundo. “(Con el sindicato) Hubo una relación que cambió con el patrón. Empezaron las negociaciones. Ya no despedía cuando quería. De ahora en adelante se entendía con los dirigentes”, dice. 

Opazo formaría parte de varias organizaciones y, finalmente, de la Federación Campesina de Linares. Enumera los temas que abordó: “Aprender a leer y escribir; que las escuelas estuvieran más cerca de dónde estaban los villorrios; crear canchas de fútbol en las haciendas. Esas reivindicaciones se sumaban al pliego de peticiones”.

En 1967 fue promulgada la ley 16.625 de sindicalización campesina por el gobierno demócrata cristiano de Eduardo Frei. Eran numerosos los factores para este hito. La movilización campesina era una. “Los pampinos que fueron a trabajar para la pampa trajeron esas ideas de sindicalismo”, recuerda Opazo, ilustrando lo que algunos historiadores han llamado la ruptura de la pax hacendal que vino de fuera. Proliferaban las tomas de fundos. Comenzaba otra época. Efímera.

Cuando nos pusimos pantalones largos

“La ley de Reforma agraria y la de sindicalización campesina no se explican por separado”, señala Sergio Gómez, quien agrega una causa más: La reforma electoral de 1958 y la creación de la cédula única. “Hasta ese momento no había libertad electoral. Los patrones decían por quién se votaba en la hacienda. El nuevo sistema crea las condiciones para que partidos progresistas hagan un trabajo electoral. El voto rural pasa a ser disputable”, recalca.

En 1961, durante el gobierno derechista de Jorge Alessandri ya se había realizado una reforma agraria; debido a sus limitaciones fue conocida popularmente como “la de los maceteros”. En la siguiente elección presidencial, la reforma sería el punto más sensible de los programas. “A mediados de los 60… se consideraba una condición para el desarrollo”, plantea Gómez. En este empeño, coincidían no sólo la Democracia Cristiana, el Frente de Acción Popular y las organizaciones sindicales campesinas cercanas. Además, la iglesia católica entregó sus fundos para expropiación.

“La burguesía chilena ha sido históricamente rentista; con la renta le bastaba para vivir bien. Eso llevó a que el latifundio produjera poco o casi nada”, indica el economista Arnaldo Chibbaro. “Eso necesitaba un cambio”.

El 27 de julio de 1967 se promulga la ley 16.640 de Reforma Agraria. Según el estudio “El caso de Chile”, de Sergio Gómez, se expropiaron 1408 predios, 23.4% de la tierra del país, beneficiando a 21,270 campesinos, especialmente de la zona central. Era el principio del fin de una época.

Gómez, que recorrió decenas de fundos, lo explica así: “Los dirigentes (campesinos) decían ‘Cuando nos pusimos pantalones largos’. Los patrones, ‘Cuando se perdió la confianza’... Significó el quiebre de un sistema social, cultural, con un peso brutal”.

“Fuimos considerados seres sociales, con deberes y derechos”, recuerda Opazo. La ley configuraba un sistema de financiamiento para organizaciones sindicales y señalaba que las aguas de regadío son un bien nacional de uso público, pero no de propiedad.

Haciendas de miles de hectáreas llegaron su fin. A los antiguos propietarios se les dejaron 80 hectáreas de riego básico. El gobierno demócrata cristiano le dio mayores atribuciones a la Comisión Nacional de Reforma Agraria, (Cora), cuyo objetivo no era únicamente mensurar los terrenos para dividir los fundos sino también capacitar a los nuevos propietarios y financiar. Se iniciaron los asentamientos de propiedad colectiva.  

La frase del momento era “La tierra para el que la trabaja” (Gómez dice que era una adaptación de la de Emiliano Zapata: “La tierra es de quien la trabaja con sus propias manos”). Arnaldo Chibbaro comenta: “La frase era a menudo interpretada como algo literal. La tierra debe pertenecer a quien está parado en ella, rompiéndose el lomo para producir sin ser dueño... Yo creo que va más allá. Significaba que bajo el latifundio había una cantidad muy grande de tierras sin explotar productivamente. No era justo que tenga tierras quien no las esté usando... En consecuencia, la tierra que no era explotada se expropió. Es… justicia social, con intencionalidad productiva”.

Profundización y desacuerdos

Con el gobierno socialista de Salvador Allende y la Unidad Popular (UP), la reforma agraria se profundizó. En 3 años se expropiaron 4,401 predios, correspondientes al 35.3% de la mejor tierra cultivable chilena. Se favoreció a 39.869 familias, de acuerdo con el libro “Capitalismo: Tierra y poder en América Latina”.

El plan del gobierno era transformar los asentamientos en Centros de Reforma Agraria, lo que ocurrió donde los campesinos favorables a la UP eran mayoría. En otros, se mantuvieron los asentamientos. Otro objetivo fue la creación de los Centros de Producción que pretendían ser granjas modelo de propiedad estatal. La oposición derechista llamó a esta medida copia del modelo soviético. En 1972 se repartían en los campos chilenos 300 asentamientos, 700 comités, 100 Ceras y 30 Cepros. En territorio mapuche, el sur chileno, el gobierno de Allende usó los mecanismos de la reforma agraria para devolver tierras usurpadas por los colonos a las comunidades.

El latifundio llegó a su fin. “Quizás el único cambio irreversible que ha perdurado hasta la actualidad”, sostiene Gómez.       
“La reforma de Frei fue muy ordenada y muy limitada. Muchos funcionarios y mucho tiempo para hacer las cosas.  Viene la UP y hay una masividad brutal. Es un período de discusión política y falta de acuerdos”, explica. “A mitad de 1972 todavía no había acuerdo sobre qué debían ser los Cepros. El partido comunista tenía una posición conservadora. Veían al campo como una bodega para producir alimento. El partido socialista tenía una postura puntuda (atrevida), de hacer el socialismo en el campo”.

El campo privado

El golpe de estado modificó de raíz lo que pasaba en el campo. Desde los primeros momentos, la represión contra dirigentes sindicales y campesinos cercanos a la UP fue implacable. Hubo fusilamientos selectivos. Aún se recuerda el encarnizamiento con que fueron perseguidos los comuneros mapuches. Estos hechos pueden considerarse revanchas o castigos ejemplarizantes: responder al atrevimiento que habían tenido miles de hombres y mujeres.

Dibujo sobre la reforma agraria realizado en la II Escuela de Mujeres Rurales, 1987. ILUSTRACIÓN: Fragmentos : oficios y percepciones de las mujeres del campo

Tempranamente promulgado por la dictadura, el Decreto Ley 208 expulsó de las tierras a la dirigencia sindical de izquierda y a quienes tomaron fundos. Opazo recuerda que un día después del derrocamiento de Allende, la sede de la Confederación Ranquil, en Santiago, fue invadida por militares. El ejército se apoderó de sus bienes. Luis Eduardo Vegas, a quien Opazo había reemplazado 3 años antes en la directiva, fue detenido y desaparecido. Sus restos fueron hallados mucho tiempo después. En 1978 otro decreto disolvió las organizaciones sindicales.

No todas las tierras expropiadas fueron devueltas a sus antiguos propietarios. Un tercio se reasignó a campesinos. La dictadura profundizó un proceso de privatización de la tierra. Paralizó la ayuda estatal y desincentivó la organización cooperativa. La reducción del rol del Estado fue un sabotaje al minifundio. La ley de Reforma Agraria fue derogada, fácticamente, por sucesivos decretos. Se permitió la venta de parcelas. Asfixiada por deudas, la gente comenzó a vender. Por citar un ejemplo: en Maule, de 9,750 asignatarios de tierra en 1974, el número baja a 2,061 en 1980, y a 640 dos años después. La superficie en hectáreas en manos de pequeños propietarios desciende de 225,464 a 14,632, en 1982. Para 1984, 50% de las tierras entregadas por la Cora habían sido vendidas, refiere Nicolás Silva Valenzuela.

Los nuevos actores del campo provendrían del empresariado y la banca. Inicia el agronegocio. “La dictadura permite que el campesino venda el pedazo de tierra individual que le tocó con la Reforma e incluso promueve eso. Al no tener ese campesino ni capital, ni recursos, ni asistencia técnica, las tierras son vendidas o arrendadas a menudo por unos pocos pesos”, plantea Chibbaro. “Pero no se reconstituye el latifundio. Se produce una inyección de capital -y tecnología- que faltaba. Ese capital se mete al campo con una concepción financiera: la mayor eficiencia posible por unidad de capital invertido”.

El Decreto de Ley 701, que bonifica la reforestación, en términos reales subsidia la plantación de miles de hectáreas con pino y eucalipto por parte de empresas privadas. Otro tanto ocurrió en 1981 con el agua: mediante la Constitución y el Código se permitió que los derechos de aprovechamiento pasaran a particulares, quienes los podían transar en el mercado como cualquier bien. 

Vastas zonas del campo chileno se transformaron en un complejo agroindustrial. Plantaciones, monocultivos: cítricos, paltas, arándanos, kiwis, especies exóticas, viñedos, flores... Mayormente para exportación. Con trabajo de temporada: las y los “temporeros” se convierte en uno de los tipos de trabajadores característicos de la ruralidad chilena. También comienza el incremento de centros productores de aves y cerdos. Crecían los cultivos más rentables en favor de otros y los predios de gran extensión poseen mayor productividad, al acceder a tecnología y tener conexión con los mercados.

ILUSTRACIONES: Chile: Escuela Nacional de Agroecología ¿Una nueva reforma? Los campesinos y campesinas, ¿dónde están hoy? Francisca Rodríguez, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, dice: “Somos un sector en extinción porque el modelo económico y las políticas agrícolas van terminando con uno de los estamentos más importantes para el desarrollo del país”, señala. “Nos estamos farreando estos 50 años porque era el momento para hacerle un juicio a la contrarreforma porque afectó no sólo a los campesinos sino a todo el país”. ‒ ¿Es posible imaginar una nueva reforma agraria? le pregunto. “Ya terminamos con el latifundio, pero tenemos que acabar con la extranjerización de la tierra, con la reconcentración para los grandes negocios; el campo no se puede convertir en cementerios privados, canchas de golf, parques privados, poblaciones. Tiene que alimentar al pueblo”, sostiene. “Habría que sacar los (agro)tóxicos y la transformación genética, especialmente de la semilla”, plantea Carlos Opazo, guardador de semillas. “(Esa nueva reforma) Debiera garantizar la protección a la naturaleza, desarrollando tecnologías limpias. El derecho a la tierra de mujeres y jóvenes, campesinos y de los pueblos originarios. Que le otorgue valor de bien de uso común a las aguas dulces. Que se garantice que el trabajo en el campo sea permanente. Que haya una verdadera educación rural para los niños”, comenta. ‒ ¿Cuál es el resultado de la Reforma Agraria? le consulto a Sergio Gómez. “Creamos una agricultura tremendamente dinámica pero muy concentrada. Los niveles de concentración de la tierra son mayores que antes, pero de otra forma. Tenemos bolsones de pobreza muy fuertes en el campo, y una agricultura familiar campesina robustecida, especialmente, la gente que recibió parcelas y resistió y no vendió”.   Para el sociólogo es vital fortalecer la organización sindical en el campo: “El único modo en que los pequeños productores puedan desarrollarse y los pequeños cultivos subsistan es mediante subsidios y apoyos técnicos y financieros para que puedan mejorar sus sistemas de producción y comercialización, y su capacidad de gestión, además de mejorar las condiciones de vida en el campo con más caminos, conectividad virtual, electricidad, agua potable segura, servicios de salud y educación… Falta mucho por hacer”, señala Arnaldo Chibbaro. “La vida rural y la pequeña agricultura familiar campesina son la base de nuestra identidad nacional. Lo que nos lleva hacia nuestro pasado histórico y vale la pena mantenerla, como se hace en Europa. Además de ser el sector productivo que nos suministra la mayor parte de los alimentos frescos, y por ende saludables, que consumimos. Algo no menor en un país con problemas de malnutrición y obesidad”.

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