Ciudad Juárez, Chih.

Alejandro Ruvalcaba Valadez, vocero de la Fiscalía General del Estado (FGE), informó que en lo que va del año actual se han abierto 393 carpetas de investigación por ausencia de personas en este municipio.

De acuerdo con el funcionario de la FGE, la segunda demarcación con más desapariciones es Cuauhtémoc –situado en la zona occidente de la entidad–, pero supera a los casos de la capital de Chihuahua.

El funcionario detalló que el pequeño municipio de Guadalupe, ubicado en el valle de Juárez y cercano a la frontera con los Estados Unidos, de 5 mil 272 habitantes que viven en esa población, hay 232 personas de las que se desconoce su paradero.

La organización civil Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas elaboró una lista de poco más de 300 extraviados, y aunque la cantidad era mayor de 1993 a 1998, no incluyeron casos porque los familiares no reportaban este problema por miedo.

El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte realiza una campaña con volantes en las que expresan que la gente tiene interés en conocer los casos de personas aún sin localizar. Las familias tienen sed de justicia, existe desaliento, coraje, rabia, porque la autoridad encargada de investigar no responde al igual que los mandos políticos que se desentienden de este delito, aseguran en las hojas.

Las organizaciones civiles expresaron que la FGE no busca a los responsables de las desapariciones, no quieren sancionar a los que han estado generando estos delitos, lo cual genera molestia y repudio de los familiares hacia las autoridades encargadas de procurar justicia.

También coincidieron en que los casos quedan impunes y que la Procuraduría General de la República ha sido negligente en las indagatorias de estas desapariciones, de las cuales algunas terminan en homicidios, pues acusaron que los responsables son los integrantes del crimen organizado.

En el caso de los desaparecidos, apuntaron, los familiares han aportado información de los expedientes y han señalado a los responsables con datos fidedignos, pero las autoridades no tienen interés en retomar las indagatorias porque los agentes están ocupados en proteger a funcionarios y gobernantes.