Madrid.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y el Partido Demócrata de Catalunya (PDCAT) negocian a puerta cerrada eliminar de su programa electoral la unilateralidad en caso de una declaración de independencia, de cara a los comicios autonómicos del 21 de diciembre, en los que ya no propondrían –como habían hecho hasta ahora– una declaración de independencia al margen de la legislación española.

Esta propuesta, que aún no es definitiva, supondría un viraje en el discurso separatista que en los últimos tres años ha defendido el derecho del pueblo catalán a la autodeterminación al amparo de los derechos universales.

En tanto, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, declaró: después de las elecciones seguiré siendo el presidente de todos y exigiré por igual respeto a la Constitución.

Al referirse a los comicios del 21 de diciembre en Cataluña, Rajoy dijo que espera que la cita electoral se traduzca en una profunda rectificación del rumbo, en alusión al proceso independentista de Cataluña.

En este contexto, ERC y PDCAT afinan los detalles del documento político que servirá de base para la campaña electoral de ambos. La principal novedad es eliminar de sus discursos la apuesta por la unilateralidad en caso de que, como se prevé según las encuestas, los partidos independentistas obtengan un resultado electoral que les permita formar gobierno.

Sin embargo, la tercera fuerza del proceso secesionista, Candidatura de Unidad Popular (CUP, anticapitalistas y feministas) recibió con malestar la propuesta, y la rechazó de forma tajante.

En cualquier caso, los independentistas negocian una serie de puntos para desarrollar su discurso político, entre ellos que se fomente un acuerdo entre todos los partidos y luchar contra la aplicación del artículo 155 constitucional, que significó la pérdida de la autonomía.

En lo que coincidieron todos los partidos independentistas es en centrar parte de la campaña en exigir la liberación de los ex gobernantes y líderes presos, y en exigir justicia sin apego a criterios políticos ni influencias del gobierno español.

Por lo pronto, Puigdemont renunció a las percepciones, de 112 mil euros al año que le corresponden como ex presidente de la Generalitat, ya que considera que sigue gobernando la región, en virtud de que no acepta la aplicación del artículo 155, informó Europa Press.

En Madrid, durante la sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, denunció una supuesta campaña de ataques contra representantes de la Fiscalía General de España en Cataluña, entre los que citó vandalismo, cortes de luz y hasta de calefacción.