La Ley de Sustentabilidad Hídrica significa un millonario negocio para el sector privado, que ahora se encargará de la distribución de agua potable, la fijación directa de tarifas, los cortes del suministro por falta de pago y de la inversión en megaproyectos, que aumentarán la sobrexplotación de los mantos acuíferos.

Se trata, denunciaron vecinos, académicos, investigadores y juristas, de una legislación inconstitucional que expone a la ciudadanía a más riesgos hídrico-geológicos, obligará a importar agua de otras cuencas y al alto consumo de energéticos, y castiga con el corte del servicio a quienes adeudan más de un pago.

Asimismo, todos los manantiales, chinampas, canales, cauces, cuerpos de agua y vasos lacustres que están en manos de pueblos originarios se pondrían bajo la administración del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, abierto a la participación de corporaciones privadas.

En la entrega al consejero jurídico del gobierno capitalino, Vicente Lopantzi, de un documento con el análisis del incumplimiento y violación de la Constitución Política local y de los instrumentos de derechos humanos y de los pueblos en que incurre la ley, Elena Burns y Carlos Vargas, integrantes de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, dijeon que la única ganadora es la empresa francesa Veolia, conocida en el mundo por el pago de sobornos.