Buenos Aires.

El ex vicepresidente argentino, Amado Boudou detenido ilegalmente con prisión preventiva, violando la Constitución y el estado de derecho, fue trasladado este martes ante el juez federal Sebastián Ramos. Denunció que fue obligado por los agentes de la Prefectura Naval a posar para unas fotos donde se le veía descalzo y en pijama cuando fue detenido el pasado 2 de noviembre en su departamento de Puerto Madero, y esas fotos fueron filtradas a los periódicos como una evidente forma de humillación al ex funcionario.

Nadie puede explicar por qué fue detenido, ya que siempre acudía a cualquier llamado de la justicia y al amanecer, todo claramente previsto para humillarlo -como se está haciendo en otros casos- pero Boudou aclaró que mientras lo fotografiaban la persona que estaba a cargo del allanamiento indebido recibía llamadas telefónicas mantenía conversaciones cortas y secas, por lo cual interpretó que recibía órdenes a las que respondía sí o no.

En el departamento estaba su esposa mexicana embarazada y su suegra, para la cuáles fue una situación difícil e incomprensible. Nadie pudo explicar porqué eligieron las 6:30 de la mañana y cual era la razón de sacarle las fotos en esas condiciones y lo que es más grave difundirlas. Todo por órdenes del juez Ariel Lijo, quien ha actuado en forma irregular en este nuevo esquema de persecución político, mediático y judicial que utiliza el gobierno de Mauricio Macri contra los opositores políticos y ex funcionarios, a los que se les arman causas sin pruebas y se les detiene sin haberlos juzgados y condenados, cuando existe la presunción de inocencia y hay que demostrar su culpabilidad.

La persona que conducía la situación me dijo que eran órdenes y que tenía que ser así, que tenía que filmar, dijo, todo en el marco de una tensión innecesaria.

Consideró que parecía estar presionado telefónicamente y sostuvo que eligieron el lugar donde sacarle la fotografía esposado, lo que fue totalmente intencional. Lo hicieron colocar delante de un mueble de espaldas y envío a dos personas para que se pusieran cada una a mi lado, eligió la pared donde había libros, símbolos políticos, estaba la estatua de Cristina (Fernández de Kirchner) y elementos identificatorios personales, agregó. Identificó como Diego Fiorotto, a quien dirigió el operativo de detención por supuesta asociación ilícita y lavado de dinero.

En estos momentos se registra una fuerte movilización nacional e internacional exigiendo la libertad de los hasta ahora detenidos, ex funcionarios y dirigentes sociales, en una causa que tiene graves irregularidades y donde el juez Clauido Bonadío, ligado al presidente Mauricio Macri es denunciado por las falsedades en el expediente por el cual intenta detener a la ex presidente y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner.

Por otra parte , la represión en el sur del país, se ejerce no sólo contra los mapuches, sino también contra otros sectores de trabajadores. El pasado sábado, la Policía Federal ingresó a las residencias estudiantiles de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad del Comahue, que cubre el sur del país, rompiendo puertas y cerraduras e inmovilizando en el suelo y con precintos a estudiantes.

El decano de derecho, Andrés Ponce de León, denunció y criticó el accionar de la policía y consideró que este suceso es parte de un contexto político más amplio. “Es la cuarta vez en el año que hay una irrupción de fuerzas públicas en territorio universitario. Este caso lo justificaron por un tema de drogas pero sentimos que es una excusa para ingresar, dijo.

Nos llamó la atención el nivel de violencia y el despliegue con el que se llevó adelante este allanamiento. Entendemos que tenía orden del juez, pero con lo que se presentaron era un oficio firmado por el secretario, esto es lo que estamos intentando corroborar, añadió.

Ponce de León advirtió que se intenta imponer un nuevo actor que hasta ahora, dentro del ámbito universitario, no existía, es decir las fuerzas armadas no tenía lugar dentro de las universidades. La gravedad tiene que ver con este nivel de violencia. Desde Catamarca en el noroeste del país se denunció un hecho similar y se estableció que las fuerzas de seguridad están aplicando los métodos de la policía Israelí, que entrena a policías argentinos.