Voceros del colectivo Seguridad Sin Guerra calificaron de irresponsable que el titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, haya promulgado la Ley de Seguridad Interior (LSI) a pesar de que en su anuncio de ayer sobre el tema dejó ver dudas sobre la constitucionalidad de la norma.

Catalina Pérez Correa, académica de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas, y Pablo Girault Ruiz, de México Unido contra la Delincuencia –ambos integrantes de Seguridad Sin Guerra–, subrayaron que la Ley de Seguridad Interior permite al Ejército o a la Marina actuar en labores de seguridad sin necesidad de una declaratoria de afectación a la seguridad interior, que en los hechos tendría que decretar el Presidente.

Al anunciar la promulgación, Peña Nieto afirmó que no hará uso de la facultad que le da la norma para hacer una declaratoria de afectación a la seguridad interior hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronuncie acerca de la constitucionalidad de la norma.

Pérez Correa y Girault Ruiz subrayaron que ese argumento es engañoso, ya que los artículos 6 y 26 de la ley prevén que muchas de las acciones de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública no necesitan un decreto presidencial.

La especialista puntualizó que esa es una de las ambigüedades que diversas voces han expresado sobre la ley. Por una parte, nos dicen que se tienen que emitir las declaratorias de protección de seguridad interior, pero por otro, algunos artículos señalan que los operativos o acciones del Ejército no las necesitarán. Entonces, ¿qué acciones la necesitan y cuáles no?

Girault Ruiz indicó que si el mandatario tenía dudas (sobre la constitucionalidad de la ley), debió hacerle comentarios, plantear sus dudas específicas sobre los artículos que no lo convencían y regresarla al Legislativo para que ahí las resolvieran. Pero lo que hizo, enviarla a la Corte y esperar a que ésta resuelva, ya promulgada y en vigor, es bastante irresponsable.

En el mismo sentido, un estudio de Seguridad Sin Guerra advierte que la Ley de Seguridad Interior es una norma con términos eufemísticos que permitirá regularizar el estado de excepción, supeditará a las autoridades civiles a un militar designado por el presidente de la República y facilitaría la presencia castrense por tiempo indefinido, sin obligación de rendir cuentas.

Los autores del documento hacen un análisis pormenorizado de varios artículos de la ley para demostrar por qué son inconstitucionales y, por ende, pueden significar un riesgo para la vigencia y respeto de los derechos humanos.

El artículo 20, por ejemplo, señala que el jefe del Ejecutivo federal, a propuesta de los secretarios de Marina y de la Defensa Nacional, designará a un militar que dirigirá los operativos de seguridad, con facultad de mando tanto con efectivos castrenses como con funcionarios civiles, lo cual significa que puede pasar por encima de lo que ordenen gobernadores y alcaldes.

De igual forma, el artículo 31 indica que los órganos autónomos –como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos– estarán obligados a entregar información a los militares que estén a cargo de los operativos, mermando así la vigilancia de sus acciones.

El artículo 9 de la Ley de Sefuridad Interior señala que la información relacionada con las actividades de las fuerzas armadas podrá clasificarse como reservada y confidencial, por considerarse de seguridad nacional. De esta manera, los soldados que violen la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas quedarían a salvo de cualquier castigo.

Por la noche, Seguridad Sin Guerra –integrado por más de 250 organizaciones de la sociedad civil y más de cien especialistas a título personal– emitió un posicionamiento en el que señala que con la promulgación de la Ley de Seguridad Interior el Presidente de la República ha cerrado un lamentable ciclo de imposición, opacidad, simulación y alejamiento de la sociedad civil, desdeñando el diálogo que él mismo solicitó.