Opinión
Ver día anteriorLunes 15 de enero de 2018Ver día siguienteEdiciones anteriores
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Leyes al vapor
Iván Restrepo
S

uele ocurrir que los integrantes del Congreso de la Unión aprueben leyes sin realizar un análisis suficiente de su contenido ni someterlas a consideración de los especialistas en la materia y la ciudadanía. O que, aprovechando la discusión que suscita una más relevante y polémica, aprueben otra al vapor. Eso precisamente sucedió en el Senado casi al cerrar en diciembre pasado su periodo de sesiones. Mientras numerosos especialistas, organismos de las Naciones Unidas y grupos importantes de la sociedad pedían que no aprobaran la nueva Ley de Seguridad Interior por violar normas constitucionales, los senadores le dieron vida rápidamente a la de biodiversidad, a la que se oponían especialistas y grupos conservacionistas.

Promovida por la empresaria Ninfa Salinas, integrante del mal llamado Partido Verde Ecologista, y que hace parte del grupo que defiende los intereses de las dos grandes cadenas de televisión, la nueva ley apenas tuvo en cuenta unas cuantas observaciones de quienes desde la academia, los centros de investigación y la sociedad civil buscan conservar la enorme riqueza que México tiene en flora y fauna. Somos uno de los cinco países más megadiversos, con especies únicas y de enorme valor económico y social. Muchas de ellas todavía sin clasificarse ni saber la utilidad que tienen en el campo de la medicina, la ciencia y el bienestar humano.

Con esta ley, por ejemplo, se da virtualmente vía libre para que las com­pañías mineras y de hidrocarburos realicen sus actividades en las áreas naturales protegidas (ANP), las cuales tienen enorme importancia por la riqueza en flora y fauna que contienen. En una sesión agotadora que duró casi 24 horas, los senadores conocieron el dictamen y lo aprobaron por amplia mayoría. No les interesó discutir y analizar unos minutos el pedido de la senadora Silvia Garza, del PAN, secretaria de la Comisión de Medio Ambiente, para incluir el impedimento expreso de proyectos mineros en las ANP. Ni siquiera la apoyaron sus colegas de partido.

Las mineras tienen en Mé­xico bajo su control más de 1.5 millones de hectáreas, a través de casi 2 mil concesiones, algunas de las cuales se ubican en las ANP. Son incontables los daños que esas empresas, en muy buena parte trasnacionales, causan al medio ambiente y a la salud de la población. Destacadamente contaminan el agua, la tierra y el aire, a ciencia y paciencia de las instancias oficiales responsables de garantizar el buen estado de recursos que son vitales para la población, el medio ambiente y la salud pública.

Durante meses, científicos, centros de investigación, defensores de la naturaleza y de las comunidades originarias, hicieron ver que el proyecto de la ahora Ley General de Biodiversidad era un paso más en favor del sector privado en su empeño por aprovechar en su beneficio los recursos genéticos (plantas medicinales, semillas, organismos vivos y otros componentes de la biodiversidad) haciendo de lado a los grupos tradicionales indígenas y campesinos que los han utilizado y convivido con ellos durante siglos. Alienta además, la biopiratería de dichos recursos.

Por otro lado, la nueva ley suma otras, como la de Vida Silvestre, la General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la de Cambio Climático, las de Desarrollo Forestal y Rural, Pesca y Acuacultura. Todas ellas hablaban de sustentabilidad, cosa que no lograron, como muestra la realidad. Y por si fuera poco, establece un consejo de biodiversidad con poderes y responsabilidades opacas y le concede a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales poderes amplios en el campo de los recursos genéticos. Bien se sabe de la inoperancia que esta dependencia federal tiene desde que fue entregada al Partido Verde en pago por su alianza con el partido que ahora desgobierna el país. Su titular, Rafael Pacciano, figura como serio aspirante a una curul plurinominal en las próximas elecciones federales. Y ello gracias a su esposa, Alejandra Lagunes, cercana colaboradora de Peña Nieto.

Esta nueva ley, aprobada al vapor, es un retroceso, no un paso adelante en pro de la biodiversidad.