El nuevo programa de verificación vehicular, que entrará en vigor el primero de julio, es ilegal y violatorio, afirmó Gustavo Soto, abogado de la Asociación Ecológica de Verificación, tras obtener cinco amparos interpuestos por igual número de centros de revisión.

En la presentación de una queja ante la Comisión de Derechos Humanos local, explicó que en las suspensiones definitivas se determina que es ilegal el término de las concesiones que tenían esos verificentros ubicados en las delegaciones Cuauhtémoc, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Tláhuac.

La autoridad fue notificada en noviembre, pero ha sido omisa y corre el riesgo de ser sancionada penalmente, y si los juzgados ordenan el respeto de las suspensiones para esos cinco verificentros, el resto podría exigir también que no se les retire la concesión y sigan operando, señaló.

Acompañado por algunos de los 2 mil 500 trabajadores desempleados por el cierre de los verificentros, Gustavo Torres, presidente de la asociación, denunció que el objetivo del nuevo programa es recaudar y dejar sin auto a miles de conductores.

El nuevo programa significa para los 40 verificentros afiliados una pérdida de 800 millones de pesos en equipos; ya provocó que 150 mil propietarios pagaran mil 500 pesos de multa por incumplir con la verificación y 700 mil pasarán del holograma 0 al 1 y al 2, afirmó.