Hermosillo, Son.

Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) aprehendieron a Roberto Romero López, quien fue secretario de Gobierno en el sexenio de Guillermo Padrés Elías, después de que autoridades de Estados Unidos lo deportaron ayer por la garita de Arizona-Sonora.

Los agentes estatales lo trasladaron a Hermosillo, a 250 kilómetros. Por la tarde, el también socio principal del ex mandatario panista ingresó a la prisión número uno, en la capital del estado, donde quedó vinculado a proceso por los delitos de ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias, informó Salvador Ávila Cortés, vocero de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS).

El funcionario dijo que los ilícitos señalados afectaron a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura y favorecieron a una empresa de la cual es socio mayoritario y presidente del consejo de administración.

Los agentes estatales, a solicitud de la FAS, realizaron la detención alrededor de las 10 horas, después de que la Oficina de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos ordenó la deportación del acusado a Sonora.

Con varios amparos en mano, sus abogados intentaron evitar que su cliente fuera recapturado al cruzar la línea internacional. Consideraron que los delitos que se le imputan no son graves ni del fuero federal, por lo que confiaron en que enfrente el juicio en libertad.

Roberto Romero estuvo prófugo desde principios de 2016; fue arrestado en mayo pasado en Arizona junto con su esposa, la ex diputada panista Mónica Robles Manzanedo, quien fue deportada el 13 de diciembre pasado, pero quedó en libertad. Desde entonces estuvo recluido en el Centro Correccional de Florence.

Según el Ministerio Público especializado, Roberto Romero y su esposa aprovecharon su cercanía con el entonces gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, para gestionar recursos federales de apoyo al campo que se desviaron al rancho Temporal de Pascual Díaz, propiedad de su familia, ubicado en el ejido La Victoria, al oriente de Hermosillo.

En julio de 2015, esta propiedad fue sitiada por elementos de la Gendarmería Nacional para que funcionarios de la Comisión Nacional del Agua y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación realizaran una inspección en la cual detectaron la construcción de un bordo con el que se modificó el cauce del río San Miguel para proteger sus cosechas, pero provocó la pérdida del patrimonio de decenas de familias, debido a que las aguas inundaron un ejido.