La fracción priísta en el Senado impulsará de forma prioritaria en su agenda para el actual periodo de sesiones las iniciativas de José Antonio Meade, precandidato de la coalición Todos por México (PRI, PVEM y Panal) en materia de combate a la corrupción.

Una de ellas será enriquecida con la propuesta de aumentar las sanciones penales a funcionarios que incurran en ese delito y los periodos de suspensión administrativa.

El coordinador del grupo, Emilio Gamboa Patrón, resaltó que toda la bancada se involucrará en la campaña de su abanderado. En julio vamos a tener la elección más grande en la historia de nuestro país, la más fuerte, la más combatida, la más democrática. Entramos en un año complejo, difícil, en un contexto político y electoral desafiante que va a demandar de cada uno de nosotros todo nuestro apoyo, indicó.

Destacó que su bancada acordó impulsar las tres iniciativas de Meade en la materia. Las hemos hecho nuestras porque es un combate directo a la corrupción y es el único precandidato que ha presentado iniciativas.

Dijo que en la arena electoral, los senadores estaremos, como hemos hecho en otros procesos, muy atentos, muy dispuestos y participativos en las tareas que nos asigne el partido.

Señaló que impulsarán las propuestas de su precandidato porque se trata de reformas constitucionales para modificar la actual figura de extinción de dominio, para establecer la obligación de demostrar el origen lícito del patrimonio; cambios al Código Penal Federal y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para aumentar las penas y los periodos de las sanciones por corrupción.

Como parte de la agenda legislativa de su bancada, Gamboa destacó que pugnarán por la expedición de la ley de la Fiscalía General de la República; reformas en materia de justicia cotidiana; al sistema nacional de impartición de justicia y justicia laboral; cambios a la norma para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos, para incrementar castigo por robo de combustibles; sancionar el hurto de identidad; modificaciones a la Ley de Sociedades Mercantiles, para prevenir el lavado de dinero, entre otras, así como los nombramientos pendientes de los fiscales general de la República y anticorrupción.