En una carta enviada al secretario del Trabajo, Roberto Campa Cifrián, empleados de la Media Luna y el Sindicato Nacional Minero le piden que frene la violencia en este conflicto laboral, se restablezca el estado de derecho, el orden y la paz, se investiguen los asesinatos de tres trabajadores, se castigue a los responsables para que no queden impunes estos crímenes y se haga que la empresa Torex Gold cumpla con la ley.

Asimismo, demandan que sean retirados los grupos criminales y los miembros de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) armados que amenazan y matan a los mineros, que se ofrezcan a estos últimos y a la población garantías de seguridad y de legalidad y que haya una reunión entre las partes ante la autoridad para que se reconozcan las condiciones y se acuerde solución.

Debido a la ignorancia mostrada y a la difamación cometida contra el Sindicato Minero y sus dirigentes, así como por la corrupción evidente y su entreguismo, exigimos la destitución inmediata y fulminante del delegado de esta Secretaría en Guerrero, Felipe de Jesús Delgadillo Blanco, ya que difirió la audiencia prevista a realizarse esta semana entre las partes, diciendo que las denuncias de asesinatos, y violencia son un pretexto.

Le preguntaron a Campa Cifrián por qué se canceló la cita que tenía con la dirección del Sindicato Minero y los trabajadores de la mina el pasado 29 de enero en la dependencia sin reagendar fecha y cuestionaron: ¿dónde queda el interés por resolver este conflicto?

En la carta firmada por dirigentes del gremio, incluidos Sergio Beltrán Reyes, secretario del Interior, Exterior y Actas, y José Barajas Prado, del Consejo de Vigilancia, señalan a Campa que la empresa ha afirmado que reanudará labores en la Media Luna a finales de febrero, pero nada dice de los tres crímenes contra mineros cometidos por las bandas de la CTM con la complicidad de la empresa.

Expuso que Torex Gold sólo quiere reabrir dando carpetazo a los asesinatos y lo que le preocupan son sus ganancias, ya que ha perdido 18 millones de dólares por el paro, pero los derechos humanos no le interesan, ni las agresiones contra habitantes del municipio de Cocula, Guerrero, o el incumplimiento de los compromisos establecidos con los ejidatarios que alquilaron sus terrenos a la empresa.

En cuanto al delegado de la STPS, indicó que éste no es imparcial, pues acusó al Sindicato Minero de extorsionar a la empresa, cuando en realidad ha rechazado ofertas económicas que le han hecho para retirarse del conflicto y dejar abandonados a los mineros.

Por último pidieron al funcionario que vuelva a convocar a una reunión para avanzar en una solución y se inicie la investigación de los crímenes, se paren las agresiones y se meta al orden legal a la empresa.