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En corte federal de Houston presentan cargos contra cinco ex funcionarios de PDVSA

EU planea desde Colombia una invasión a Venezuela, asegura el fiscal Tarek Saab
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció ayer, en su tercer informe sobre Venezuela, un alarmante deterioro de la institucionalidad democrática y la situación de los derechos humanos, y llamó al gobierno del presidente Nicolás Maduro a atender con urgencia el problema. Al centro, Paulo Abrao, secretario ejecutivo del organismoFoto Ap
Sputnik, Ap y Afp
 
Periódico La Jornada
Martes 13 de febrero de 2018, p. 27

Caracas.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, denunció este lunes la existencia de un plan de invasión contra su país desde Bogotá, orquestado en el contexto de la vista del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Kurt W. Tidd.

Desde Colombia, y así lo denuncio como presidente del poder ciudadano y fiscal general de la república, se está planeando nada más y nada menos que reditar épocas ya canceladas en la historia de la humanidad, como es el bombardeo militar, la invasión, la ocupación a sangre y fuego de un país pacífico como Venezuela. Eso no lo vamos a permitir, expresó Saab, quien también subrayó que “aquí están las Fuerzas Armadas Bolivarianas, el pueblo y las instituciones democráticas que no permitiremos que eso ocurra en la patria de Bolívar.

“Que lo entienda la godarria (élite gobernante) colombiana, aquí vamos a combatir y vamos a resistir; no tenemos miedo”, advirtió el funcionario chavista durante un acto por los 380 años de fundación de la ciudad de Barcelona, en el estado de Anzoátegui.

Tidd, al frente de una de las nueve fuerzas militares de combate pertenecientes al Departamento de Defensa que operan en el área de América Latina, Central y el Caribe, sostuvo una reunión el sábado, en Bogotá, con el vicepresidente de Colombia, el general Óscar Naranjo, para concretar estrategias bilaterales contra el crimen organizado y para garantizar la estabilidad en la región.

La presencia del almirante Tidd en la zona fue condenada el domingo por el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien escribió en Twitter: Rechazamos la sospechosa presencia del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Kurt Tidd, en Tumaco, Colombia. Cualquier amenaza militar imperialista contra la paz en la hermana Venezuela y nuestra región, será desbaratada por la dignidad, soberanía y unidad de nuestros pueblos democráticos.

En tanto, fiscales federales en Houston presentaron cargos contra cinco ex funcionarios venezolanos acusados de lavado de dinero en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Entre los acusados están Nervis Villalobos y Rafael Reiter. Ambos fueron asesores de Rafael Ramírez, quien se desempeñó como presidente de PDVSA y también fue embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas, cargo del que fue cesado recientemente. Ramírez no enfrenta cargos por el momento. Villalobos fue también viceministro de Energía.

En la acusación se expuso que los dos promotores de PDVSA enviaron más de 27 millones de dólares en sobornos a cuentas bancarias suizas controladas por Villalobos y otro ex funcionario, Luis Carlos León, quien también enfrenta cargos. Los tres fueron arrestados en España en 2017 y enfrentan un proceso con fines de extradición a Estados Unidos.

El Departamento de Justicia anunció cargos contra 15 individuos en total, como parte de una investigación más amplia sobre actos de corrupción en PDVSA.

En este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció un alarmante deterioro de la institucionalidad democrática y la situación de los derechos humanos en Venezuela, y llamó al gobierno del presidente Nicolás Maduro a atender con urgencia la grave situación de las garantías y la crisis política, económica y social que atraviesa la nación petrolera.

Junto al debilitamiento de la democracia causado por las injerencias de los poderes Ejecutivo y Judicial sobre el Legislativo, la CIDH diagnosticó, en su tercer informe sobre la situación en Venezuela, un patrón de represalias a la disidencia, uso excesivo de armas de fuego contra manifestantes y severas restricciones a la libertad de expresión. El documento fue presentado en Washington.

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