icardo Anaya, candidato presidencial de la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC) fue denunciado penalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la presunta triangulación de sumas millonarias en varios países para simular la compraventa de una nave industrial en Querétaro, lo que se traduciría en un beneficio indebido para una empresa del propio Anaya. Así lo informó el martes pasado el abogado Joaquín Adrián Xamán McGregor, representante de dos personas que habrían urdido el entramado por los sistemas financieros de México, Canadá, Suiza, Gibraltar, e islas Turcas y Caicos, y que hoy, según el litigante, sufren amenazas en las que podría estar involucrado el aspirante panista. A decir del litigante, “el propósito de la operación era ocultar el origen de los recursos, así como su destinatario final, simulando una compraventa para pagarle el precio a la empresa Juniserra –propiedad de Anaya y de su suegro, Donino Ángel Martínez Diez–, utilizando para ello un valor que no correspondía al verdadero precio del inmueble” para hacerle llegar los recursos a Ricardo Anaya por conducto de la mencionada empresa.

n la noche del 19 de febrero pasado, las redes de apoyo a María de Jesús Patricio Martínez, vocera del Concejo Indígena de Gobierno (CIG), llevaron a cabo en toda la República la jornada postrera para recabar firmas para una candidatura independiente a la Presidencia en un ambiente festivo, cargado de emociones y, sobre todo, la certeza de la tarea cumplida con empeño, entrega y camaradería, así como la idea de continuar cohesionados para nuevas formas de acompañamiento al Congreso Nacional Indígena y al EZLN. Ausente estaba cualquier sentimiento de frustración o desesperanza por no haber logrado, –en un tiempo extremadamente acotado– las cifras estratosféricas impuestas por la partidocracia y la burocracia electoral para cerrar el paso a candidaturas realmente independientes.

l Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) fue creado para rescatar una función esencial para el país del desastre ético, legal y político en que se había hundido su antecesora la DFS (Dirección Federal de Seguridad) de la Secretaría de Gobernación.