Es urgente un replanteamiento de las políticas de seguridad y justicia, pues los niveles de inseguridad, violencia y corrupción que se viven son inaceptables, señaló ayer el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

En la clausura de la Conferencia Internacional Seguridad y Justicia en Democracia, organizada por la comisión y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), indicó que una de las conclusiones del foro es que es un error pensar que el uso de la fuerza llevará al país a un estado de seguridad y justicia.

Adelantó que las conclusiones de la conferencia serán entregadas próximamente a los candidatos presidenciales para que las consideren en sus programas de gobierno.

El ombudsman nacional precisó que entre las conclusiones está que los problemas de inseguridad y violencia no pueden desvincularse de la pobreza, la desigualdad, la exclusión, la discriminación, los bajos niveles educativos y la falta de oportunidades para los jóvenes.

Tampoco, añadió, esos problemas se pueden separar de que actividades como el narcotráfico constituyen verdaderos mercados globales de bienes, y que la demanda de drogas en Estados Unidos, la falta de regulación en la comercialización de armas en ese país y los pocos controles efectivos en la frontera tienen repercusiones en la inseguridad y la violencia en México.

No podemos seguir apostando a la reacción y al uso de la fuerza sobre la prevención. La violencia no acabará con la violencia, sostuvo. Mientras no se atiendan las causas de fondo de los problemas, éstos subsistirán, afirmó.

El titular de la CNDH indicó que en adelante el enfoque de las acciones para abatir la violencia y la inseguridad debe ser integral y estar sujeto a evaluaciones para que, si es necesario, se pueda rectificar.

Al continuar con las conclusiones de la conferencia dijo que México tiene una institucionalidad débil y que se requieren funcionarios públicos profesionales y capacitados, independientes y comprometidos.

El combate a la corrupción y a la impunidad requieren atención prioritaria, aseguró.

Sostuvo que a lo largo de la conferencia quedó claro que la decisión de involucrar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad ha contribuido a contener coyunturas, pero no ha resuelto los problemas de fondo, además de que ha propiciado mayor violencia y el riesgo de que se presenten violaciones a los derechos humanos.

La construcción duradera de una sociedad respetuosa de la ley y de una institucionalidad fuerte, declaró, no se dará si subsiste de modo permanente la presencia de las fuerzas armadas.

González Pérez comentó además que es prioritario contar con una fiscalía autónoma y rediseñar el sistema de inteligencia del Estado.

Concluyó que es preciso que se actúe para erradicar del país la tortura, las ejecuciones, las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas.

En la clausura celebrada en el Antiguo Colegio de San Ildefonso participaron la abogada general de la UNAM, Mónica González Contró; el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esa casa de estudios, Pedro Salazar Ugarte, y el director de la Antigua Escuela de Jurisprudencia, José Gamas Torruco, entre otros.

González Contró señaló que el objetivo de la conferencia fue generar una agenda de seguridad basada en los derechos humanos. Sostuvo que lo que distingue a las políticas de seguridad y justica de un Estado democrático de uno autoritario es poner en el centro de ellas el respecto irrestricto de los derechos humanos.