Opinión
Ver día anteriorJueves 8 de marzo de 2018Ver día siguienteEdiciones anteriores
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Sindicatos y salarios en el TLCAN
Orlando Delgado Selley
D

e nueva cuenta las amenazas de Donald Trump parecen encaminar al mundo y particularmente a nosotros a una situación bastante complicada. Su decisión de imponer aranceles a las importaciones de aluminio y acero puede ser el comienzo de guerras comerciales que afectarán dramáticamente el curso de la economía global. Sin embargo, en México lo que verdaderamente importa, en el marco de las negociaciones para un nuevo Tratado de Libre Comercio de América Latina (TLCAN), son los temas laborales.

Para los trabajadores mexicanos el TLCAN no ha significado mejoría alguna. Por el contrario, como se ha demostrado repetidamente, la participación de los salarios en el ingreso nacional cayó del pico alcanzado a mitad de los años 70 de 40 por ciento a 28 en 2015. Se trata de una disminución de 42 por ciento que tiene pocos precedentes. En la explicación de esta brutal reducción destaca que las ganancias del libre comercio, que indudablemente han existido, se han concentrado en los hogares de altos ingresos y en la región norte del país. De modo que la caída salarial ha implicado una mayor concentración del ingreso, es decir, mayor desigualdad.

En un artículo reciente S. Escobar analizó las reacciones de las organizaciones sindicales canadienses y estadunidenses respecto de la situación de los trabajadores mexicanos. Tres son los temas que a estas agrupaciones les interesan: los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo, la reforma a la Ley Federal del Trabajo y la represión a las protestas laborales. Evidentemente los pronunciamientos sindicales en estas materias están asociados a la política que el gobierno mexicano ha venido implementando para atraer inversión extranjera.

Entre los objetivos para la renegociación del TLCAN expresados por el gobierno estadunidense ha señalado que los países miembros del acuerdo adopten y cumplan con las prácticas y las leyes en las que internacionalmente se reconocen los estándares fundamentales en materia laboral establecidos por la Organización Internacional del Trabajo. Además, el gobierno de Trump plantea que es necesario que México, Canadá y Estados Unidos tengan ordenamientos legales que propongan condiciones aceptables para los empleados en términos salariales, de horas de trabajo, seguridad en el lugar y salud.

En este marco de renegociación del TLCAN, la AFL-CIO, importante central sindical estadunidense, ha advertido que “deben mejorar dramáticamente los derechos de los trabajadores, aumentar los salarios y los niveles de vida en los tres países… particularmente en el caso de México”. Consecuente con este planteamiento, esta central sindical ha expresado formalmente su preocupación con la propuesta de reforma laboral presentada por el PRI en el Congreso. En su opinión esta inicitiva limita la libertad de asociación, promueve el trabajo precario, alienta la subcontratación, lo que implicará que los salarios mexicanos disminuyan aún más. Por estas razones ha pedido explicaciones al gobierno mexicano. A estas consideraciones se sumó el Canadian Labour Congress, lo que llevó al gobierno federal a detener su propuesta de reforma.

La respuesta del gobierno mexicano tanto a los sindicatos como a los negociadores gubernamentales del TLCAN ha sido de rechazo a cualquier posibilidad de acuerdo trinacional sobre los salarios en México. Su rechazo, apoyado por asociaciones empresariales en nuestro país, a incrementar los salarios mínimos de modo que se cumplan con los requerimientos que determina nuestra Constitución, es decir, que permitan que los trabajadores y sus familias superen la línea de pobreza, se fundamenta en la pérdida de competitividad que sufrirían las empresas exportadoras asentadas en México.

Incorporando este argumento habría que reconocer el reclamo de la AFL-CIO: es necesario aumentar los salarios en los tres países, aunque en México tiene que hacerse dramáticamente. Actualmente el salario mínimo que permitiría superar la línea de pobreza es de 170 pesos, lo que ciertamente no podría hacerse de un golpe, pero tendría que fijarse como una meta a alcanzar en un plazo razonable.