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Pese al rechazo vecinal, arrasan área verde para ampliar centro comercial

Habitantes de la colonia Actipan denuncian el desdén de las autoridades

Empresa empezó a talar especies como fresnos, cedros, jacarandas y palmas

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De ecocidio calificaron residentes de la colonia Actipan, delegación Benito Juárez, el derribo de 72 especies arbóreas en la calle Oso número 51, para ampliar la plaza Galerías InsurgentesFoto tomada de Twitter
 
Periódico La Jornada
Viernes 16 de marzo de 2018, p. 33

Ayer por la mañana se inició la tala de árboles en el predio de la calle Oso número 51, en la colonia Actipan, delegación Benito Juárez, para ampliar la plaza comercial Galerías Insurgentes y Liverpool, a pesar de la oposición de los vecinos, quienes hace dos años y medio pidieron al gobierno capitalino detener este proyecto, que arrasará más de 72 especies árboreas, entre ellas fresnos, cedros, jacarandas y palmas.

Sergio Ricco, integrante del colectivo Vive Actipan, señaló que se trata de un ecocidio que se realiza con el aval de las autoridades capitalinas, pues la empresa encargada del proyecto obtuvo la autorización para el derribo de los árboles de la Secretaría de Medio Ambiente, a cambio de una indemnización de 447 mil pesos.

Recordó que dicho predio fue fusionado con el de la calle Tigre número 8, donde anteriormente había un jardín de niños de la Secretaría de Educación Pública y posteriormente un centro de rehabilitación para menores de edad con deficiencia mental, por lo que se había conservado el área verde.

En el lugar se tiene previsto ampliar el centro comercial, con un estacionamiento con 500 cajones, salas de cines y otros locales, en un inmueble de ocho niveles, cuatro de ellos subterráneos, para lo cual la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda autorizó un polígono de actuación privado.

Como parte de su lucha, los vecinos presentaron una queja ante la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, la cual nunca emitió una resolución, sólo envío un borrador en el que decía que uno de los predios sólo tenía uso de suelo habitacional, pero la fusión les permitía acceder al comercial.

También hicieron llegar su inconformidad a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que determinó que no había motivo de queja y le dio carpetazo, al igual que el gobierno capitalino, el cual, por conducto de la Subsecretaría de Gobierno, a cargo de Guillermo Orozco Loreto, les notificó que se trataba de una propiedad privada, en la que no podían intervenir.

No contamos con el apoyo de ninguna autoridad. Sólo sirvió para otorgar los permisos, refirió Sergio Ricco, quien señaló que se estuvo en pláticas con la empresa, que ante la presión ciudadana se comprometió a realizar un proyecto más amable y ceder mil 800 metros de los 5 mil 750 metros que mide el terreno para área verde.

Dijo que no hay un acuerdo por escrito, pero van a mantener su lucha vecinal, para que sea un área verde de utilidad pública.