17 de marzo de 2018     Número 126

Directora General: CARMEN LIRA SAADE
Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER

Suplemento Informativo de La Jornada

Elementos de política forestal
para un nuevo gobierno

Salvador Anta Fonseca


Baja California, Sierra de San Pedro Mártir.
FOTO: Ilse Plauchu Frayn

Cada seis años se abre la oportunidad de revisar y reorganizar las políticas públicas de nuestro país, cuando en realidad debería ser un ejercicio permanente que debería realizarse periódicamente entre los responsables de la administración pública, con los sectores involucrados, en un ejercicio de participación social transparente y con rendición de cuentas.

La política forestal es sumamente importante, aunque por lo general los diferentes candidatos y partidos la consideran secundaria o de poca relevancia. Esto suele repercutir en los planes de gobierno y en las agendas de quienes se encargan de definir las políticas públicas sexenales.

El sector forestal es muy importante por diferentes motivos: en primer lugar, los ecosistemas forestales en México representan el 71% del territorio nacional con 138.4 millones de hectáreas. Segundo: al menos la mitad de las áreas forestales del país son de propiedad de 15,584 ejidos y comunidades, así como el 62% de la superficie arbolada.

Tercero: los ecosistemas forestales son proveedores de diversos servicios ambientales que benefician a la sociedad, por ejemplo, la captación y provisión de agua para el consumo humano, riego y otras actividades; mantener y conservar la biodiversidad terrestre del país; cuarto; son fuente de materias primas y otros productos que las comunidades rurales aprovechan para obtener ingresos y fuentes de alimentación, medicinas, materiales para construcción, etc., como es el caso de la madera y más mil productos forestales no maderables que provienen al menos de 5 mil especies; además, protegen y mantienen los suelos en los paisajes forestales.

Cinco: en las áreas forestales viven alrededor de 12 millones de habitantes, de los cuales un poco más de la mitad es población indígena de 31 pueblos originarios y cuyo territorio abarca 21.2 millones de hectáreas (15% de la superficie total nacional) aunque en estos territorios indígenas se capta el 23% del agua en México.

Los problemas en el sector forestal

Uno de los principales problemas en el sector forestal es la concentración de acciones de las políticas forestales en la producción forestal maderable, que cubre tan solo una superficie de 9 millones de Ha, que representan el 17% de la superficie arbolada y el 6.5% de la superficie forestal nacional. Sin dejar de notar la importancia que tienen para las comunidades y ejidos forestales la producción maderable para la generación de ingresos y su economía, la mayor parte de los predios cubiertos por ecosistemas forestales han recibido muy poca atención por las instituciones forestales, no obstante que son proveedores muy importantes de diversos servicios ambientales para el país.

Los productos forestales no maderables suelen ser poco considerados en las políticas de fomento; se utilizan como materias primas (chicle, candelilla, resinas, etc.), para elaborar artesanías (fibras, semillas, cortezas, etc.), alimentos (hongos, tepejilote, etc.), medicinas (tila, flor de manita, etc.), bebidas (mezcal, sotol, etc.), entre otros.

La pérdida de la cobertura forestal o deforestación es uno de los problemas graves del país, y es resultado de varios factores: uno de ellos es por la falta de incentivos públicos a los dueños de terrenos forestales para mantener sus áreas forestales; por políticas públicas que vienen de sectores como el agropecuario, turístico y urbano que promueven acciones para eliminar la cobertura forestal para establecer plantaciones agrocomerciales (palma africana, soya transgénica, etc.), potreros con ganadería extensiva, hoteles, fraccionamientos urbanos, entre otros. Se estima que se pierden anualmente en nuestro país 91 mil Ha/año de bosques y selvas.


Estado de México, Sierra de Nanchititla. FOTO: Comisión Nacional Forestal

La degradación forestal menos visible, pero en los últimos años con mayores impactos sobre los ecosistemas forestales debido al aprovechamiento ilegal de madera, al manejo forestal inadecuado, al sobrepastoreo, entre otros factores. La Conafor estima que se degradan entre 250 y 300 mil Ha bosques y selvas al año.

Para los productores forestales de madera del país, los principales problemas son la venta de madera ilegal que se vende en el mercado nacional a bajos costos perjudicando a los productores que se mantienen en la legalidad (se estima que el 70% de la madera que se consume en México es ilegal); el marco regulatorio para obtener permisos forestales es muy pesado, tardado y genera costos excesivos que desincentivan a quienes se quieren mantener en la legalidad y por el contrario fomentan la ilegalidad.

Existen muchos ejidos y comunidades con bosques y selvas que están interesadas en incursionar en el aprovechamiento forestal pero no existen conceptos de apoyo para evaluar esta posibilidad y discutir en sus comunidades si esta actividad es algo que puede convenir a su comunidad. La extensión forestal ha dejado de ser una prioridad para las instituciones. 

Las plagas, enfermedades e incendios forestales se convierten cada vez en un mayor riesgo para los bosques del país, y las instituciones de gobierno tienen también más dificultades de atender esta problemática. Se requiere involucrar más a las autoridades municipales, comunidades y sus organizaciones forestales en las tareas de combate a estos agentes de destrucción de los recursos forestales para dar una atención más eficaz y oportuna.

El incremento de la actividad del crimen organizado ha llegado a las zonas forestales comerciales, donde históricamente los ejidos y comunidades habían demostrado una importante gobernanza de su territorio y control de sus recursos. Sin embargo, la magnitud del fenómeno de los grupos criminales en las zonas forestales está afectando su desempeño y la perdida tanto de la gobernanza como de la gobernabilidad.

México tiene un importante déficit en la balanza comercial forestal (cerda de 7 mil millones de pesos) que se puede reducir si se logra mejorar la producción y productividad forestal maderable del país, aumentar la superficie bajo manejo forestal y desarrollar procesos de integración de la producción forestal a nivel regional y nacional, tomando como base a las comunidades, ejidos y pequeños propietarios forestales.

Hacia una política forestal integral e incluyente

Las políticas forestales recientes en México han tenido una serie de vaivenes, avances y retrocesos. En algunos momentos de esta historia, la movilización de las comunidades y ejidos forestales fue determinante para definir algunas de estas políticas.

Una de las grandes carencias de la mayoría de las políticas forestales en nuestro país es que los encargados de las dependencias del sector forestal normalmente no han reconocido que los ejidos y comunidades forestales son los sujetos fundamentales en el desarrollo forestal de nuestra nación. Salvo algunas excepciones en años y períodos como en 1971-73, 1984-86, 1995-2000, y 2010-2012, las comunidades y ejidos forestales ha estado fuera del foco de la política forestal nacional y solo en ocasiones estuvieron de manera marginal.

Por ello, una nueva política forestal debe de basarse en el desarrollo del modelo de manejo forestal comunitario que México ha desarrollado en los últimos 30 años, y que es más conocido y reconocido en el extranjero que en nuestro país.

La política forestal nacional debe poner en el centro el fortalecimiento de las empresas forestales comunitarias (EFC) establecidas y la creación de nuevas empresas, así como ampliar las áreas bajo manejo forestal maderable y no maderable con más ejidos, comunidades y pequeños propietarios. Se estima que actualmente existen cerca de mil empresas forestales comunitarias en México.


Estado de México, Zacango. FOTO: Josefa Castro Aparicio

Como lo han demostrado las EFC, con la actividad forestal comercial maderable y no maderable estas comunidades obtienen ingresos, generan empleo local y conservar sus bosques y sus servicios ecosistémicos.

Es necesario reactivar y fortalecer el Programa de Desarrollo Forestal Comunitario (PDFC) cuyo objetivo central era fortalecer el capital social de comunidades y ejidos forestales, y que con la actual administración forestal federal, fue prácticamente desaparecido.

El incremento de la producción y productividad forestal puede seguir bajo el enfoque de la ENAIPROS (Estrategia Nacional de Incremento a la Producción y Productividad Forestal), pero requiere de un soporte central que ha sido olvidado en los últimos años: el fortalecimiento de la organización comunal y ejidal, asi como de sus EFC. Se requiere una ENAIPROS con visión social.

La Semarnat debe de transformarse hacia una institución de servicio y apoyo a la actividad forestal en lugar de continuar como una instancia que limita y dificulta el aprovechamiento forestal legal. Urge una reorganización y modernización de la institución para dar un servicio ágil y de calidad para la autorización de permisos forestales.

El concepto de cadena de valor ha estado presente en los últimos años en las políticas forestales, pero desarticulado y con pocas experiencias de integración de empresas forestales comunitarias o asociaciones con empresas privadas bajo convenios equitativos y de ganancia mutua. Es importante que se incluyan en este programa, los aspectos de comercialización, mercados y acceso al crédito como parte de una visión integral de cadena de valor.

La política forestal debe de atender a los ecosistemas forestales no comerciales y a los productos forestales no maderables. Diversos ejidos y comunidades no tienen posibilidades de aprovechamiento comercial, pero sí están interesados en mantener y conservar sus bosques y requieren apoyo para planear cómo hacerlo, desarrollar proyectos de turismo de naturaleza, proveer servicios ambientales a grupos sociales interesados en participar en el mantenimiento de estos servicios. Muchas comunidades y ejidos tienen áreas de conservación voluntaria que mantienen importantes poblaciones de plantas, fauna silvestre, muchas de ellas en estatus de protección y endémicas. El Programa de Pago por Servicios Ambientales debe de enfocarse en este tipo de ecosistemas forestales y comunidades interesadas en conservar su patrimonio natural.

La restauración forestal es una magnífica oportunidad de recuperar el capital natural perdido en algunas regiones y generar empleo directo para muchas comunidades y ejidos. Sin embargo, los programas de restauración deben de considerar otros aspectos más a los que hoy se han concentrado. Por ejemplo se debe de recuperar el concepto de apoyo a viveros comunitarios y de organizaciones, con producción de plantas de especies nativas y con germoplasma local. Hay que trascender a la producción de plantas de pino solamente.

Las decisiones de que proyectos financiar para la restauración forestal, debe abrirse a la participación de expertos, organismos de la sociedad civil y representantes comunitarios. Actualmente son los representantes gubernamentales los que definen el que, donde y como restaurar. Hay que considerar el apoyo a sistemas agroforestales, silvopastoriles, enriquecimiento de acahuales y restauración de ecosistemas forestales a través de otros métodos de recuperación de la cubierta forestal (segregación de áreas, promoción de la regeneración natural, eliminación de arvenses como helechos, manejo de acahuales, etc.).

La atención a las plagas, enfermedades e incendios forestales se debe de apoyar de apoyar en las organizaciones forestales regionales y presidentes municipales; y para ello el gobierno federal y estatal deben de transferir recursos para que estos agentes puedan contar con el soporte suficiente para atender las contingencias. Las autorizaciones para el saneamiento no deben ser un obstáculo burocrático como sucede actualmente.

Es importante promover programas de descentralización de atribuciones y competencias del gobierno federal hacia los estados, municipios y unidades de manejo forestal regional.

Las plantaciones forestales pueden ser una oportunidad tanto para los propietarios privados como para los ejidos y comunidades, principalmente de las zonas tropicales; aunque en las zonas templadas los árboles de navidad pueden ser también una buena opción. Incorporar a los ejidatarios y comuneros a los procesos de plantaciones forestales requiere primero promover esquemas de organización entre interesados de participar en este tipo de proyectos y buscar cuales son los mejores esquemas organizativos.

La organización de los productores forestales es un factor fundamental para la gestión de las actividades forestales en el país. Actualmente existe un importante número de organizaciones nacionales y regionales de silvicultores, pero se requiere impulsar aún más en regiones forestales donde no existen organizaciones de este tipo.  El Programa de Fortalecimiento a las Organizaciones Sociales debe ser fortalecido.

La deforestación y degradación forestal solo podrán ser frenadas cuando se enfrente este problema desde el enfoque de los paisajes forestales. Se debe buscar integrar la acción institucional de dependencias del sector agropecuario, de política social de atención a la pobreza, del sector ambiental y de desarrollo agrario, para promover acciones de conserven y promuevan el manejo de bosques y selvas; así como impulsar actividades agropecuarias bajas en emisiones de carbono (agricultura orgánica, sistemas agroforestales, silvopastoriles, labranza mínima, etc.)., con acciones instituciones que den medios a las familias pobres para lograr la autosuficiencia y desarrollar pequeños emprendimientos y no ser sujeto tan solo de políticas asistencialistas.

El candidato y su partido que llegue a gobernar el país, tiene en el sector forestal un gran reto, pero también una magnífica oportunidad para perfilarse hacia el desarrollo forestal y rural sustentable.

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