Si se hubiese efectuado una consulta tanto a indígenas como a expertos sobre la iniciativa de la Ley de Biodiversidad que está en la Cámara de Diputados para ser aprobada, hace tiempo se habría alertado sobre biopiratería e informado de los fallidos proyectos de bioprospección que se llevaron a cabo en el país en los años 90, los cuales generaron conflictos en comunidades.

Alberto Betancourt, historiador de la conservación ambiental y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), mencionó lo anterior al referirse a los proyectos de bioprospección ICBG (grupos de cooperación internacional en biodiversidad) zona maya e ICBG zonas áridas, así como al convenio de bioprospección entre la Unión de Comunidades Forestales Zapotecas Chinantecas (Uzachi) y la trasnacional Novartis.

Estos casos, explicó, fueron emblemáticos y estudiados a escala mundial, pero ninguno se tomó en cuenta con el fin de que no se repitieran. Ahora, agregó, con el proyecto de ley se formaliza el modelo de conservación neoliberal, que convierte a la naturaleza en mercancía, para que las trasnacionales tengan acceso a los recursos genéticos.

El objetivo de la legislación es que los conocimientos tradicionales de dichos recursos no podrán ser negociados con un pueblo, sino con una persona que establece un fideicomiso y se asocia con otras, a pesar de que se trata de un conocimiento que no pertenece a un grupo, sino a toda una cultura.

Financiamiento de EU

El plan ICBG maya fue financiado por el gobierno de Estados Unidos en los años 90 para realizar bioprospección del conocimiento y plantas tradicionales de Chiapas, pero fue cancelado por el Colegio de la Frontera Sur, debido a la oposición de organizaciones indígenas y porque no consiguió todos los permisos, de acuerdo con ETC Group.

Su nombre era Investigación Farmacéutica y Uso Sustentable del Conocimiento Etnobotánico de la Región Maya de Los Altos de Chiapas; buscaba descubrir, aislar y evaluar farmacológicamente componentes de especies vegetales, así como microorganismos usados en la medicina maya tradicional. Se consideraba que se podrían identificar unos 2 mil componentes para ser utilizados de forma comercial.

Las parteras y médicos tradicionales de Chiapas se inconformaron porque se privatizaría su conocimiento y sólo se generarían ganancias millonarias para las empresas.

En el actual periodo ordinario de sesiones se prevé que sean votadas tanto de la ley de Biodiversidad como de la Ley Forestal, las cuales constituyen un paquete de reformas estructurales en materia de recursos naturales con fuerte contenido regresivo en derechos, consideraron otro lado la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, la Unión Estatal de Organizaciones de Silvicultores Comunitarios de Oaxaca, así como la Red Indígena de Turismo de México y Bosques y Gobernanza, entre otras organizaciones.

Demandaron respeto al derecho constitucional de petición y que se les dé respuesta al formal requerimiento de la Consulta, Libre, Previa e Informada, Culturalmente Adecuada y de Buena Fe que solicitaron en los dos casos.