Guadalajara, Jal.

La policía de Tonalá nunca fue notificada sobre el reporte que familiares de los tres estudiantes de cine desaparecidos el pasado 19 de marzo hicieron al número de emergencia 911, por lo que debe indagarse a quien los atendió y no tratar de inculpar a los cinco uniformados municipales que en días pasados fueron retenidos y torturados en la Fiscalía General del Estado (FGE), dijo el comisario de seguridad pública de dicha localidad, Miguel Magaña Orozco.

El aviso al 911 nunca fue turnado a nuestra cabina de telecomunicaciones, aseguró. El funcionario dijo que por ello se tardó en responder a la desaparición de los alumnos de la Universidad de Medios Audiovisuales(CAAV), no por omisiones de la corporación municipal.

Afirmó que en su recorrido de vigilancia por la zona donde los estudiantes fueron privados de su libertad, una patrulla de Tonalá se topó con el servicio después de que Javier Salomón, Daniel Díaz y Marco Ávalos presuntamente ya habían sido llevados a la fuerza en un vehículo por hombres armados.

Según Magaña Orozco, los elementos de dicha patrulla encontraron en el lugar los dos vehículos en que viajaban los muchachos y tres acompañantes que no fueron secuestradas, una de las cuales les informó que acudirían a la FGE, porque quienes se llevaron a los estudiantes les dijeron que eran agentes de esa dependencia.

La fiscalía retuvo hasta el pasado fin de semana a cinco policías de Tonalá, incluidos dos que llegaron después al lugar de los hechos, y fueron liberados por falta de pruebas.

Miguel Magaña acotó que durante su retención en los separos de la FGE en Guadalajara, los agentes fueron torturados, pero hasta este jueves la Comisión Estatal de Derechos Humanos no había recibido queja alguna al respecto.

Suspenden a operadora

El fiscal de Jalisco, Raúl Sánchez, informó que la operadora del 911 que recibió el reporte de los desaparecidos fue retirada de sus funciones para determinar si actuó con negligencia. Estamos checando y analizando la investigación para definir si la implicada tiene responsabilidad de índole administrativa o alguna responsabilidad penal, dijo Sánchez, entrevistado durante la inauguración de una base de la Policía Estatal en Tepatitlán.

Afirmó que según lo que la operadora explicó a oficiales de la FGE, ella no recibió mayores datos cuando atendió la llamada, pero reconoció que hubo cierta negligencia por parte de ella de no investigar más.

Sobre los avances en las pesquisas para localizar a los estudiantes, dijo que la recompensa de un millón de pesos ofrecida ha hecho que se reciban llamadas, pero hasta ahora ninguna de ellas ha tenido resultados positivos.