Opinión
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Agenda ambiental
Cristina Barros
L

a protección del ambiente es un tema que requiere atención inmediata. Las noticias que aparecen a diario en los medios de comunicación nos señalan la urgencia con que deben abordarse. Leer, por ejemplo, que los glaciares mexicanos están a punto de desaparecer, se liga sin duda, con la anunciada inviabilidad, por carencia de agua, de las poblaciones de la cuenca de México. La destrucción ambiental está presente en todo el país.

En las semanas recientes, el Seminario Universitario Sociedad Medio Ambiente e Instituciones (Susmai) de la Universidad Nacional Autónoma de México, presentó la Agenda ambiental 2018: diagnósticos y propuestas. Un conjunto de reconocidos especialistas coordinados por Leticia Merino Pérez y Alejandro Velázquez Montes aborda temas como: agua, biodiversidad, energía, bosques, contaminación, minería, derechos humanos, agricultura y alimentación, que merecen un cuidadoso análisis. Este documento se entregará a los candidatos a la Presidencia de la República y a las gubernaturas de los estados, que contenderán en julio de este año; es un acierto. El siguiente paso sería comprometerlos formalmente a atender de manera puntual las recomendaciones de esta agenda.

En las décadas recientes, las grandes empresas, usando la tecnología como instrumento, han impuesto un concepto amañado de desarrollo que plantean como incompatible con la conservación y el aprovechamiento sustentable de nuestros recursos naturales; esto es falaz e irresponsable. Responde al desconocimiento de información o a la prevalencia de intereses individuales o de grupo sobre el interés público (Conabio, 2017). Las consecuencias de su visión acumulativa, del consumismo que alientan y de una especie de esquizofrenia que impide a la mayor parte de los dueños del capital aceptar que por ese camino también van hacia la destrucción de su sustento, nos tienen al borde de la extinción como especie.

Los gobiernos, por su parte, han abandonado el papel de mediadores entre los dueños del capital y la ciudadanía, para convertirse en socios de aquéllos. En los funcionarios públicos, en general, se evidencia una ignorancia de las consecuencias que sus decisiones pueden tener sobre el ambiente, y en la importancia que éste tiene para la vida. Es indispensable, entonces, una alianza entre especialistas y sociedad, que fortalezca una agenda dirigida a proteger el ambiente, nuestros recursos naturales y en última instancia, la vida, para ésta y para las futuras generaciones.

En este contexto, debe detenerse la iniciativa de ley general de biodiversidad que impulsa el Partido Verde Ecologista de México (¡!), que pretende aprobarse en la Cámara de Diputados. Son muchas las objeciones a esta iniciativa. Por ejemplo: reduce la capacidad de intervención de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, ante industrias como las extractivas de minería, gas o petróleo. Deja la bioprospección en manos del capital privado, lo que significa que las empresas podrían realizar investigación acerca de compuestos químicos, material genético y otras características de los vegetales, que representan un valor económico, especialmente en un país como México, cuarto lugar en biodiversidad en el mundo. Se abre la puerta a la biopiratería.

La iniciativa de ley anula el acuerdo de Nagoya, que reconoce a los pueblos indígenas como copropietarios de los derechos intelectuales en materia de conocimientos tradicionales asociados a la biodiversidad; estos pueblos los han desarrollado y cuidado para las generaciones actuales. Tampoco reconoce el derecho de los agricultores a reproducir sus semillas nativas, por lo que las empresas de biotecnología como Monsanto, Bayer y otras, podrían registrar títulos de obtentor y cobrar regalías por el uso de variantes nativas de su interés.

Investigadores como Alejandro Espinosa Calderón, Emanuel Gómez Martínez y Carlos H. Ávila Bello afirman que con esta iniciativa lo que se pretende es legalizar el saqueo de recursos genéticos; por ejemplo: semillas, plantas medicinales, hongos, microorganismos, y otros recursos estratégicos para la industria. La normativa actual lo restringe; no necesitamos una ley que más que proteger nuestra soberanía y riqueza, la ponga al alcance de los grandes capitales.