Un juez del juzgado decimosexto de distrito en materia administrativa arrebató al Gobierno de la Ciudad de México un inmueble en la colonia Roma, delegación Cuauhtémoc, que había expropiado para construir vivienda de interés social, con el fin de favorecer a una desarrolladora inmobiliaria.

De acuerdo con la resolución del juez Ricardo Gallardo Vara, el predio ubicado en la avenida Álvaro Obregón número 175 no es apto para edificar viviendas de interés social, debido al valor del suelo en la zona, por lo que concedió un amparo a la empresa AKD, que disputa la propiedad y se inconformó por el procedimiento administrativo que se realizó en beneficio de familias de escasos recursos.

En su argumentación, el juzgador también consideró que no se justifica la utilidad pública porque la acción de la autoridad no tuvo como finalidad dotar a la colectividad en general de viviendas de interés social, sino sólo a un determinado grupo de habitantes.

Desde hace más de tres décadas las familias afectadas viven en el edificio prácticamente en ruinas. No somos invasores, pagábamos nuestra renta y tenemos nuestros recibos que acreditan la posesión legal y pacífica, expusieron.

Tengo 36 años de edad; aquí nací. Los árboles de enfrente nosotros los plantamos. No recuerdo en qué año se perdió contacto con el antiguo dueño; dejó de venir y después llegó la apoderada legal de una inmobiliaria, llamada Raquel, que nos siguió cobrando la renta durante años, las últimas veces a escondidas, porque ya no entraba, relató Guillermo Arturo González.

Cuando comenzaron a hacer los trámites ante el Instituto de Vivienda (Invi) de la Ciudad de México para la expropiación fue cuando se dieron cuenta que AKD ya se ostentaba como propietaria del inmueble. “Nunca supimos cuándo ni cómo se hizo la compraventa, pero se debió ofrecer primero el edificio a los inquilinos, lo que se conoce como ‘derecho del tanto’, pero jamás se hizo”, explicaron los afectados.

Detallaron que en el sismo de 1985 el inmueble resultó con afectaciones, que con el paso de los años se fueron acentuando por la falta de mantenimiento, a grado tal que está dictaminado como de alto riesgo e inhabitable por el Instituto de la Seguridad de las Construcciones de la Ciudad de México, por lo que las autoridades capitalinas procedieron a la expropiación.

Con la resolución del juez, que a decir de los afectados será impugnada por la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y el Invi, se da marcha atrás al procedimiento administrativo relacionado con la expropiación y con la declaratoria de utilidad pública.

“Se estima que el procedimiento administrativo de expropiación XP/05/2017 se encuentra viciado desde la declaratoria de utilidad pública (…) toda vez que el motivo indicado por la autoridad responsable resulta insuficiente para justificar que respecto al inmueble en cuestión existe una causa de utilidad pública que amerite su expropiación”, concluye el juzgador.