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Sus ataques quedan impunes porque gozan de protección del gobierno estatal, advierte

Paramilitares de Chiapas tienen nexos con el crimen organizado, denuncia el Frayba
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 4 de abril de 2018, p. 34

San Cristóbal de Las Casas, Chis.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) afirmó que la impunidad con que actúan grupos armados en los Altos de Chiapas agudiza la crisis por desplazamiento forzado en comunidades tzotziles de los municipios de Aldama, Chalchihuitán y Chenalhó.

Agregó que estos grupos de corte paramilitar están vinculados con redes del crimen organizado y atacan a las comunidades con la permisividad y protección del gobierno de Chiapas. Además, viejos conflictos agrarios son administrados según intereses políticos, en un ambiente electoral de manipulación y control para operar renovadas estrategias contrainsurgentes.

Señaló que Chenalhó, donde se encuentra la comunidad de Acteal, en la que el 22 de diciembre de 1997 fueron masacrados 45 indígenas, ha sido pieza clave en la estrategia de contrainsurgencia que el Estado mexicano aplicó en los Altos de Chiapas a fin de aniquilar la resistencia autónoma de las comunidades indígenas.

El Frayba recordó que el lunes fueron asesinados a balazos en Aldama Manuel Gómez Pérez, de 35 años de edad, y sus hijos Alonso y José Antonio Gómez Hernández, de 17 y 11 años, respectivamente, además de Sebastián Velasco López, de Chenalhó. Afirmó que la situación es crítica, ya que el Estado está favoreciendo el crecimiento de una violencia desproporcionada.

El organismo que preside el obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, dijo que el grupo armado que opera desde el ejido Manuel Utrilla ha intensificado la violencia desde febrero con ataques armados contra las comunidades de Tabak, Koko’, Cotzilnam, Stselej Potop, Xuxchen, Puente, Yoctontik, Sepelton y la cabecera municipal de Aldama, donde viven familias que son bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, las cuales se encuentran en riesgo, como el resto de la población. Las agresiones más recientes, agregó, han estado dirigidas a poblados y a transeúntes que iban a trabajar a sus parcelas.

“Testimonios refieren que algunos disparos han sido antecedidos por luces rojas (miras láser). Se teme que continúen las incursiones armadas a las comunidades de Aldama más cercanas a los límites con Manuel Utrilla, Chenalhó, así como a la cabecera.

“Durante marzo estas acciones violentas provocaron el desplazamiento forzado de al menos 307 personas de Tabak, 255 de Koko’ y 185 de Cotzilnam, Aldama. Las familias se encuentran refugiadas en la montaña y su número aumenta cada día. El Estado no ha tomado medidas para atender y proteger a más de 747 personas desplazadas, la mayoría mujeres y niños que se suman a las siete familias desplazadas desde mayo de 2016 por el mismo grupo agresor”, criticó Vera López.