La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que la reforma que efectuó el gobierno de Javier Corral Jurado a la Ley Orgánica del Poder Judicial de Chihuahua es inconstitucional en lo relativo a la remoción de Gabriel Sepúlveda, quien fue titular del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la entidad.

Así, el máximo tribunal ordenó que se designe a un nuevo titular del TSJ de Chihuahua, ya que hubo una intromisión indebida en decisiones que correspondían sólo al Poder Judicial de esa entidad.

Al analizar la controversia constitucional promovida por el Poder Judicial del estado de Chihuahua contra los poderes Legislativo y Ejecutivo de la entidad, en la que se demandó la invalidez de diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial local, el máximo tribunal determinó que es inconstitucional el artículo segundo transitorio de esa legislación.

En sesión de pleno, la SCJN también analizó la libertad configurativa, es decir, los alcances que tienen los congresos locales para legislar, y los ministros coincidieron en que esa libertad legislativa no es irrestricta, y por ello se consideró que el artículo segundo transitorio por el cual se destituyó al magistrado Gabriel Sepúlveda, fue una norma que se hizo con dedicatoria.

Los integrantes de la Corte votaron por unanimidad la declaratoria de inconstitucionalidad del artículo segundo transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Chihuahua, con el cual se destituyó a Sepúlveda y llevó a la designación del magistrado Julio César Jiménez Castro.

Una vez que los integrantes de la SCJN establecieron esta inconstitucionalidad, también determinaron que es imposible restablecer en el cargo a Sepúlveda por haber concluido el plazo para el que había sido electo, se ordenó que con total libertad –una vez que se notifique el fallo del máximo tribunal–, el Poder Judicial de Chihuahua elija un nuevo presidente.

De la misma manera se declaró la validez del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de Chihuahua, y con ello los requisitos que se imponen para quien deba dirigir el TSJ de la entidad, entre los que se imponen haber desempeñado el cargo de magistrado durante al menos cinco años ininterrumpidos.