ecía un viejo oligarca del grupo mexicano de barones Forbes que aquellos megaempresarios que aportaban dineros a las campañas electorales ni lejanamente lo hacían con fines democráticos o para apoyar a uno u otro candidato, especialmente a los que buscaban el hueso mayor. De ninguna manera.

No se trataba de gustos o creencias políticas, mucho menos de apuestas, sino de sólidas inversiones con fines muy productivos para ellos, porque, sin importar el partido que lo promoviera, tarde que temprano uno u otro candidato oficialmente ganaría la contienda, sería declarado inquilino de Los Pinos y, de inmediato, los barones comenzaban a cobrar facturas, y de qué forma.

Tampoco era un mero dicho del oligarca, un priísta de toda la vida, porque a la hora de las campañas presidenciales lo mismo invertía en el gallo tricolor que en la gallina blanquiazul (no aportaba dineros a los candidatos de izquierda, a sabiendas de que no serían productivas). Se trataba de ganar, punto.

Ello quedó documentado en las presidenciales de 1988, cuando el entonces abanderado del PRI, Carlos Salinas de Gortari, creó una comisión de financiamiento de su campaña presidencial formado por 30 personas, de las que dos terceras partes eran empresarios que, si bien aún no aparecían en Forbes, gracias a esta cercanía lo harían tres años después, ya con CSG en Los Pinos, y sus crecientes fortunas siempre asociadas a la enajenación de los bienes de la nación.

El presidente de tal comisión fue el ya fallecido Ángel Borja Navarrete, una de las cabezas visibles de ICA –el mismo grupo empresarial que fue rescatado con los ahorros de los trabajadores afiliados a Pensionissste y con jugosos contratos para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México–, y junto a él aparecían Carlos Slim, Antonio Gutiérrez Prieto (el de Gutsa, que no es otro que el de la Estela de Luz), Carlos Peralta Quintero (el de los dineros prestados a Raúl Salinas de Gortari), Enrique Molina Sobrino (quien de la noche a la mañana se convirtió en el zar del azúcar en México), Isaac Saba Rafoul, Antonio Madero Bracho, Fernando Senderos Mestre y algunos más, quienes se apoderaron de las empresas del Estado desincorporadas a lo largo del sexenio de la solidaridad, de tal suerte que sus de por sí florecientes negocios alcanzaron el nivel de cuentos de hadas.

No es novedad, desde luego, pero en las presidenciales del año 2000, en las que, de acuerdo con el registro del entonces IFE, barones como Carlos Slim, con todo y familia, simultáneamente giró cheques a las campañas de Vicente Fox y Francisco Labastida, en lo que se denominaba aportaciones de simpatizantes, invirtió en las dos posibilidades y, como en ejercicios anteriores, le fue de maravilla.

Lo mismo en las presidenciales de 2006 y 2012, y, desde luego, en las de 2018. Del actual proceso electoral aún no se tiene mayor detalle de las inversiones empresariales en las campañas (el Instituto Nacional Electoral –INE– debe hacerlo público como parte de la obligada transparencia), pero cuando menos ya salió un botón de muestra publicado por La Jornada, bajo la firma de Roberto Garduño.

Dice así: “En seis años, el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa –esposo de Margarita Zavala Gómez del Campo, hoy candidata ‘independiente’ al hueso mayor– concesionó un millón 239 mil 273 hectáreas de terrenos nacionales al grupo minero Peñoles, propiedad de Alberto Bailléres González, quien encabeza el conglomerado empresarial BAL. El poderoso empresario, quien también controla Palacio de Hierro y Petrobal, su hijo Alejandro Bailléres y Juan Bordes Aznar fueron señalados por el INE de haber donado 5 millones de pesos a la campaña presidencial de Margarita Zavala. Forbes describió en 2016 que a lo largo del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) el monto de la fortuna de los Bailléres creció 600 por ciento; pasó de 2 mil 800 millones de dólares a 16 mil 500 millones. El valor de las acciones de Peñoles en el mercado bursátil creció 450 por ciento. No obstante, fue en los sexenios de los dos gobiernos panistas cuando los beneficios para el conglomerado BAL y su propietario crecieron exponencialmente”.

Pues bien, se trata del mismo barón que en noviembre de 2015 recibió la Medalla de Honor Belisario Domínguez (y junto con ella más concesiones mineras y el aval gubernamental para clavar el colmillo en el petróleo otrora de la nación) por decisión de los impúdicos senadores de la República, por tratarse, según dijeron, de un justo reconocimiento a su sobresaliente contribución en la promoción de la salud y al impulso del desarrollo económico, educativo y cultural de nuestro país, así como a la transformación de México en una nación más competitiva, justa y próspera.

Alberto Bailléres heredó de su padre –Raúl, fundador del clan– fortuna, negocios y contactos políticos, y los aprovechó muy bien, porque la riqueza familiar ha crecido de forma abundante y permanente, primordialmente gracias a los bienes de la nación que explota. No es gratuito que se le conozca como el zar de la plata.

Sin embargo, parece que este personaje ha hecho una excepción a la regla de oro de los barones que se cita líneas arriba, es decir, no se arriesga dinero en uno u otro candidato, sino que se invierte en ellos. Por eso, los 5 millones de pesos que –oficialmente– inyectó a una candidatura presidencial perdedora, la de Margarita Zavala, parece más un detalle filantrópico de Bailléres, una suerte de propinita para la mesera en turno y su marido carnicero.

Cierto es que Felipe Calderón fue magnánimo con este barón y que le concesionó millones de hectáreas de la nación para la explotación minera (todo indica que el número de hectáreas referido lí-neas arriba corresponde a una sola de ellas, pues fueron muchas las que obtuvo del tal Jelipe en Los Pinos), pero a la hora de la hora los citados 5 millones de pesos no alcanzan ni para cacahuates si se comparan con lo que este personaje, junto con los demás Forbes mexicanos, invierten en otras campañas electorales.

Entonces, ¿otro sexenio de barones Forbes que invierten en comprar gobiernos y garantizar su impunidad?

Las rebanadas del pastel

Dice el candidato de los triangulitos, José Antonio Meade, que las pensiones a los ex presidentes son un pago justo por los servicios que brindaron al país. ¿En serio? Si con esa vara mide, entonces todos los ex inquilinos de Los Pinos deberían estar en la cárcel, y ese sí sería –casi– un pago justo.

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