Los reportes oficiales en materia de agua se limitan a medir la contaminación orgánica y física en lo relativo a la calidad de los mantos acuíferos de la nación, pero dejan de lado el análisis de la derivada de las descargas industriales y no han evidenciado la remediación de los cuerpos de agua contaminados ni el tipo de participación de los responsables de la polución.

Así se asienta en el Estudio sobre la protección de ríos, lagos y acuíferos desde la perspectiva de derechos humanos, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que se presentó ayer.

En el trabajo se destaca que la protección de este recurso se vincula con el cuidado del medio ambiente, por lo cual es necesario evitar el daño y sobrexplotación de los recursos hídricos. Agrega que la disponibilidad del líquido para todos los usos se ha reducido y se ha incrementado la brecha de desigualdad por su acceso a la población en territorio nacional.

La contaminación de los ríos, cuerpos de agua, aguas subterráneas y zonas costeras han deteriorado la calidad del recurso y los ecosistemas del país, haciendo que se reduzca su disponibilidad.

Algunos retos que la República enfrenta en esta materia, se refiere en la investigación, son: cuencas en equilibrio, cobertura universal, ríos limpios y asentamientos seguros frente a inundaciones, entre otros. Su atención oportuna demandará importantes inversiones en programas sociales y de un presupuesto elaborado con la perspectiva de respaldar los derechos humanos.

La presentación del estudio se hizo en el auditorio Jorge Carpizo de la Coordinación de Humanidades de la UNAM y estuvo encabezada por el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez; el secretario general de la universidad, Leonardo Lomelí, y otros funcionarios de ambas instituciones.

En ese contexto, el presidente de la CNDH detalló que en el estudio se describe la complejidad de los problemas de la escasez hídrica y la explotación en exceso de los acuíferos que enfrentan algunos estados del norte de la nación.

“Esta problemática se ve agravada por el uso de la fracturación hidráulica o fracking, un proceso que demanda grades volúmenes de agua, de 9 a 29 millones de litros por pozo, y el uso de hasta 750 químicos tóxicos.”

Desde su perspectiva, la complejidad de la situación en torno a este recurso y el pleno goce de los derechos humanos, demanda la creación de soluciones complejas que involucren la acción coordinada de actores privados, sociales, gubernamentales, organismos de protección y la academia.

Por ello, demandó a los actores políticos involucrados, en particular al Congreso de la Unión, elaborar la legislación secundaria pertinente, a la cual se deben incorporar estándares internacionales en materia ambiental y criterios avanzados de sostenibilidad.

Rol estelar en el próximo plan de desarrollo

Lomelí, por su parte, planteó que el tema es prioritario en la agenda nacional y debe incorporarse en el Plan Nacional de Desarrollo del próximo presidente de la República, con el fin de guiar al país hacia la reparación de los daños ocasionados por la mala gestión del recurso y con ello asegurar que esté disponible para todos y no sea un factor más de desigualdad.

El estudio se entregará al Congreso de la Unión con el propósito de que los legisladores analicen y tomen en cuenta su contenido para la elaboración de la ley secundaria y las políticas que se requieran.