Morena en la Asamblea Legislativa (ALDF) solicitará al Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) impedir que las delegaciones apliquen programas y acciones de nueva creación que no estaban previstos al inicio de las campañas –como los que anunció el martes la Gustavo A. Madero– en cumplimiento a su acuerdo de neutralidad para servidores públicos.

El coordinador del grupo, César Cravioto, advirtió que los gobiernos delegacionales de los partidos del frente –de la Revolución Democrática y Acción Nacional– disponen de más de 3 mil millones de pesos que podrían utilizar en programas clientelares para pedir el voto a cambio de apoyos.

Recordó que en la discusión del Presupuesto de Egresos para este año, el bloque formado por ambos partidos, junto con el Partido Revolucionario Institucional, asignaron a las delegaciones 5 mil 300 millones de pesos adicionales, distribuidos sin ningún criterio, en el que los órganos político-administrativos gobernados por ellos tuvieron recursos extras, de libre disposición, de entre 450 y 600 millones de pesos, mientras a las cinco demarcaciones que gobierna Morena adicionaron 140 millones, que en los casos de Tlalpan y Xochimilco se destinaron a programas para la reconstrucción, incluso antes que a las precampañas.

Al respecto, autoridades de Gustavo A. Madero justificaron que los programas anunciados el martes fueron aprobados por la ALDF el 16 de enero y enviados a la Secretaría de Finanzas antes del citado acuerdo del IECM.

Agregaron que el 20 de marzo –apenas una semana antes del inicio de las campañas– el Comité de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México aprobó sus programas Apoyando tu economía, Fomento al empleo y Hagamos la tarea juntos en el hogar, mediante el cual se repartirán tarjetas electrónicas con mil 500 pesos y apoyos en especie, pero la revisión de indicadores con el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social retrasó la publicaron de las reglas de operación en la Gaceta Oficial hasta el pasado martes.

Aseguraron que hay un acuerdo del gobierno local, publicado también en el órgano oficial, por el que los programas sociales no se suspenden durante las campañas, aunque sí deben ajustarse al objeto y reglas de operación fijadas, evitando su uso con fines electorales.