La defensa del ex gobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández Flores prepara el juicio de amparo para evitar la extradición a Estados Unidos, pues es requerido por una corte de Texas para juzgarlo por lavado de dinero y asociación delictuosa.

Entrevistado por La Jornada, el abogado Jorge Olvera sostuvo que al conceder la extradición a ese país, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) cometió algunas irregularidades.

Sin embargo, se reservó las impugnaciones que harán valer en el juicio de garantías que será interpuesto antes de que termine el mes para emprendar la estrategia a fin de evitar que Hernández Flores sea entregado a las autoridades estadunidenses.

Estamos en equipo preparando el amparo para impugnar la decisión de la SRE; no corremos mucha prisa, lo estamos estructurando. Lo revisará nuestro cliente y cuando lo autorice lo presentaremos, comentó.

El 16 de marzo, la cancillería concedió la extradición del ex gobernador priísta al gobierno de Estados Unidos. Dicha resolución tuvo como antecedente, por una parte, las consideraciones emitidas por el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Tamaulipas, en la que señaló que la solicitud de extradición presentada cumplía con todos los requisitos del tratado bilateral aplicable, explicó la SRE.

Eugenio Hernández fue detenido el 6 de octubre en Ciudad Victoria, ya que las autoridades de Tamaulipas también lo acusan de peculado y lavado de dinero.

Información con la que cuentan las autoridades estatales refiere que Hernández Flores, mediante su prestanombres Alberto Berlanga Bolado y la empresa GMC de Altamira compró en 2007 un terreno de mil 600 hectáreas, patrimonio del estado, por 16 millones de pesos.

En la operación participaron las empresas Materiales y Construcción Villa de Aguayo, propiedad de Fernando Cano Martínez, presunto prestanombres de Tomás Yarrington y GMC.

Tanto la constructora de Fernando Cano como la de Alberto Berlanga se convirtieron en las favoritas para la realización de obras y obtuvieron contratos millonarios en los sexenios de Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, señalaron las autoridades.

Por otra parte, la corte de Texas lo acusa de lavado de dinero junto con su cuñado Óscar Gómez Guerra. De ser declarado culpable, el ex mandatario podría alcanzar una pena de 20 años de prisión por lavado de dinero y cinco años por operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.