Madrid.

Pablo Llarena, juez del Tribunal Supremo, citó ayer a declarar a Carme Forcadell, ex presidenta del Parlamento catalán, y a los ex consejeros Dolors Bassa y Jordi Turull. A los tres les informó de los delitos que se les imputan, entre ellos rebelión y malversación, por los que podrían estar más de 30 años en la cárcel.

Forcadell reiteró ante el magistrado que ella misma decidió renunciar a su escaño y que en reiteradas ocasiones ha explicado que en ningún momento del proceso independentista se registraron episodios de violencia.

Bassa responsabilizó a la Policía Nacional y a la Guardia Civil de los episodios de violencia durante el referendo de octubre.

El ex consejero de Presidencia y vocero de la Generalitat, Jordi Turull, mantuvo un tono más duro con el juez, a quien recriminó que lo haya convertido en un preso político y que su forma de entender la justicia esté politizada. El gobierno español condena públicamente a los encausados y el juez dice quién puede ser presidente y quién no, afirmó en tono irónico. Al finalizar las intervenciones, los tres dirigentes independentistas fueron trasladados de nuevo a las cárceles de Estremera (Turull) y Alcalá Meco (Bassa y Forcadell), a más de 700 kilómetros de sus lugares de residencia.

En otro orden, según adelantó la Televisión Pública vasca EiTB, la organización Euskadi Ta Askatasuna (ETA, País Vasco y Libertad) anunciará el primer fin de semana de mayo su disolución definitiva, en un acto que se llevará a cabo en una localidad del País Vasco francés que contará con el respaldo de los mediadores internacionales que han trabajado en los últimos años por el desarme y la disolución de ETA.