21 de abril de 2018     Número 127

Directora General: CARMEN LIRA SAADE
Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER

Suplemento Informativo de La Jornada

El Estado frente a las variedades nativas

Francisco Xavier Martínez Esponda, Mariana Benítez Keinrad, Ximena Ramos Pedrueza Ceballos, Gisselle García Maning, Luis Bracamontes Nájera, Benito Vázquez Quesada y Mariana García Barragán López Miembros del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA)


Nuestras semillas nativas son indispensables para enfrentar el cambio climático.
FOTO: Benito Vázquez Quesada


México es centro de origen y diversificación de 15.4% de las especies del sistema
alimentario mundial FOTO: Luis Bracamontes Nájera


En el campo está la respuesta para garantizar nuestros derechos fundamentales. FOTO: Pablo Valderrama


El modelo dominante ha colapsado las semillas nativas y los sistemas tradicionales donde se producen FOTO: Archivo

¿Qué papel deben tener las semillas nativas en un Estado pluricultural como el mexicano? Como se ha señalado en repetidas ocasiones, México es centro de origen y diversificación genética de alrededor de 15.4% de las especies que se utilizan en el sistema alimentario mundial (de acuerdo con estudios de la Conabio y Eckart Boege), así como del desarrollo e implementación de diversas formas de agricultura –roza-tumba-quema, barbecho, milpa y chinampas–, que son “modelos de agricultura sostenible”, según apuntan Miguel Altieri y Javier Trujillo en “The Agroecology of Corn Production in Tlaxcala, Mexico” (Human Ecology, vol. 15, núm. 2, 1987, Plenum Publishing Corporation).

Por si fuera poco, nuestras semillas nativas nos serán absolutamente indispensables para enfrentar el cambio climático y los escenarios de incertidumbre y riesgo en los años por venir, advierte Boege en otro texto, “El patrimonio biocultural y los derechos culturales de los pueblos indígenas, comunidades locales y equiparables” (Diario de Campo, cuarta época, núm. 1, enero-abril).

En este sentido, en el Informe Derechos Humanos y Patrimonio Biocultural. El sistema milpa como cimiento de una política de Estado cultural y ambientalmente sustentable, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental señala la íntima unión que existe entre el  patrimonio biocultural (PatBio), particularmente las semillas nativas, y diversos derechos humanos de naturaleza colectiva, como la identidad cultural, el territorio, el acceso a los recursos naturales manejados de forma tradicional y la alimentación, entre otros. Esta relación en el Estado pluricultural supone una serie de obligaciones a cargo de las autoridades, como generar un marco jurídico y una política pública centrada en el reconocimiento de los pueblos y en el uso local del territorio y de los paisajes bioculturales. En este contexto, en México la protección y fomento de las semillas nativas de maíz y el sistema milpa deben ser entendidos como la piedra angular de nuestro sistema agroalimentario.

¿Cuál es la situación de las semillas nativas en México? Tristemente, en nuestro país el modelo dominante ha colapsado las semillas nativas y los sistemas tradicionales donde se producen. El Estado mexicano decidió, en transgresión de los principios constitucionales más trascendentes, optar por el modelo agroindustrial, con lo cual ha contribuido de manera significativa a mantener el esquema de violencia simbólica y estructural que transgrede los derechos humanos de los pueblos indígenas y campesinos y que destruye nuestro PatBio (Cemda, 2014). Un caso emblemático de esta situación es el programa denominado Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional (MasAgro), a cargo de la Sagarpa y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT).

MasAgro tiene por objetivo general “fortalecer la seguridad alimentaria a través de la investigación, el desarrollo de capacidades y la transferencia de tecnologías al campo y que los pequeños y medianos productores de maíz y de trigo ubicados en zonas de temporal, obtengan rendimientos altos y estables, aumenten su ingreso y mitiguen los efectos del cambio climático en México”. Particularmente, el programa busca incrementar el rendimiento promedio del maíz en el subsector de temporal de pequeñas unidades (<5 ha), mediante el impulso de la adopción de variedades mejoradas (híbridos) y la expansión de la superficie de siembra de éstas de 1.5 a 3 millones de hectáreas.

Esto significa, entre otras cosas, que si MasAgro tiene éxito las semillas de maíz nativo mexicanas perderán entre 25 y 50% de la superficie donde actualmente se cultivan, estiman Antonio Turrent y colaboradores en “Análisis de la estrategia MasAgro Maíz” (Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, vol. 5, núm. 8, 2014, pp. 1531-1547).

Siendo el maíz nativo una planta unida entrañablemente a nuestra identidad cultural, y dado que México es un Estado garantista y pluricultural, preguntémonos, ¿quiénes son las personas facultadas para tomar decisiones de gran calado sobre un bien común tan indispensable para México? Sin duda, no los gobiernos ni las empresas, y sí, de acuerdo con el régimen de derechos humanos, los indígenas y campesinos que por siglos han cuidado de este sagrado grano. En otras palabras, indebidamente el gobierno mexicano adoptó MasAgro sin el consentimiento de indígenas y campesinos, colocando así a las semillas nativas de maíz en una serie muy importante de riesgos, y por ende: (i) compromete nuestro PatBio y (ii) mantiene un patrón sistemático de violación de derechos humanos que se manifiesta como violencia simbólica y estructural.

Así las cosas, MasAgro no puede considerarse como bioculturalmente adecuado ni estimarse que se ajusta al estándar más alto de protección de los derechos humanos.

¿Cómo tendría que ser un marco jurídico y una política pública bioculturalmente pertinente para México? Una respuesta amplia y profunda para esta interrogante no la tenemos; sin embargo, a lo largo y ancho del país, los indígenas y los campesinos día con día dan respuesta de manera silenciosa. Su enseñanza deja ver la necesidad de: (i) diseñar, implementar y evaluar conjuntamente con los pequeños productores esa legislación y esa política pública; (ii) consagrar en la legislación algunos de los valores tradicionales, como la reciprocidad, la solidaridad y el respeto; (iii) proteger las semillas nativas y los sistemas tradicionales de producción, y (iv) reconocer los derechos de los pequeños productores.

En el campo está la respuesta para proteger nuestras semillas nativas y, de paso, garantizar nuestros derechos fundamentales. Así lo demuestran las organizaciones como el Grupo Vicente Guerrero, Isitame, Tosepan, Káa nán iinájóob, la Red de Alternativas Sustentables Agropecuarias de Jalisco, la Red de Agricultura Urbana y Periurbana de Xalapa y otros tantos colectivos de mujeres y hombres de maíz en México.

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