21 de abril de 2018     Número 127

Directora General: CARMEN LIRA SAADE
Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER

Suplemento Informativo de La Jornada

Una política rural integral
para el próximo gobierno

Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural

Grupo Agenda Rural

Con una visión integral, del campo mexicano, 14 especialistas en el sector agroalimentario y forestal, en medio ambiente y cambio climático, en finanzas rurales y en economía y sociedad rural, generaron la propuesta “La nueva sociedad rural”, con el objetivo de incidir sobre el próximo gobierno en materia de políticas rurales.

Entre los participantes están: José Sarukhán, Julia Carabias, Francisco Mayorga, Margarita Flores, Sergio Madrid, Antonio Yúnez, Isabel Cruz, Gustavo Gordillo y Alfonso Cebreros.

 El documento resalta cinco ideas base “del campo que imaginamos”: 1) productividad y competitividad, 2) sostenibilidad ambiental, 3) inclusión productiva, 4 bienestar social y 5) estado de derecho.

La nueva sociedad rural plantea que la mejor forma de atender el campo es con una “focalización territorial” y acotando los límites de la actividad agrícola y ganadera para preservar la diversidad biológica y de servicios ecosistémicos, y propone que las políticas públicas reduzcan las desigualdades tecnológicas, de conocimiento y de acceso a mercados existentes entre los pequeños productores y los grandes, y que abran espacios de participación productiva a mujeres, jóvenes, indígenas y afromexicanos. Ello, sin menoscabo de impulsar la productividad y competitividad –en un contexto global donde los mercados tienden a ser multipolares, pues los acuerdos comerciales internacionales están siendo debilitados.

 Sobre cómo se deben abordar las políticas al campo, el documento precisa:

 “El campo es mucho más que las actividades agrícolas. Para lograr el desarrollo sustentable es necesario entender los ecosistemas naturales como parte fundamental […] El campo requiere de una visión multisectorial en regiones y territorios que se adecuen a las condiciones sociales, económicas, culturales y ambientales de cada una. Por ello debe reforzarse la planeación, implementación y coordinación de las instituciones gubernamentales en estos niveles”. 

“El desarrollo rural requiere enfocarse en ámbitos de influencia territorial que generan efectos económicos multiplicadores en comunidades colindantes. En este sentido, los territorios funcionales, definidos como un espacio que contiene frecuentes interacciones económicas y sociales entre sus habitantes, y sus formas de organización productiva y de intercambio comercial y cultural [articulados alrededor de centros urbanos], pueden ser una opción interesante […]”. También el manejo vía cuencas hidrológicas es una opción, y lo mismo los corredores biológicos, “que pueden ser un camino sustentable para las zonas marginadas dentro de territorios de alta biodiversidad”.

El problema central en el campo mexicano es la pobreza por ingresos estructural y coyuntural (bajas dotaciones y productividad, de acceso a protección social y bajos salarios) y el deterioro ambiental. Las cifras y la proporción de pobreza extrema rural en ingresos se mantienen prácticamente iguales desde hace 20 años, a pesar de avances importantes en acceso a servicios que han reducido significativamente la pobreza medida en forma multidimensional”. “La reducción de la pobreza requiere nuevas estrategias de dinamización económica de los territorios, [necesita] un cambio drástico en las políticas de transferencias condicionadas para vincularlas a la generación de ingresos e inclusión de las mujeres al mercado laboral”.

Los productores de pequeña escala deben ser considerados “por razones de justicia distributiva y de eficiencia económica […]”. “… que permanezcan, si así lo desean, en sus actividades tradicionales, [y que también] también puedan integrarse a otros mercados”, por medio de la promoción, con recursos públicos, de empresas comunitarias que impulsen la comercialización local y regional de “los numerosos ‘productos de los ecosistemas’, así como de productos agrícolas despreciados (vainilla, cacao de aroma, etcétera), generando nichos de mercado que apreciarían las características orgánica, de comercio justo, de producción de comunidades indígenas con respeto a la biodiversidad”. Ello abriría oportunidades de desarrollo económico.

Presupuesto multianual para el campo “en función de los ciclos productivos, de una continuidad transexenal de las principales políticas públicas y de una revisión del Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural (PEC) con profundidad en la definición de su objetivo de largo plazo y no en la suma de programas actuales.

Propiedad y uso
de la tierra en México:

“De 196.4 millones de hectáreas que abarca el territorio nacional, los ejidos y las comunidades ocupan el 52.5% del territorio, en tanto que la propiedad privada ocupa el 41%. En esta extensión se encuentran enclavados 32,082 núcleos agrarios. De ese total a diciembre de 2016, el 95% de los núcleos y el 92% de la superficie de esos núcleos agrarios ha sido certificada por el Registro Agrario Nacional. Las tierras de uso común –en donde se encuentra bosques, selvas, pastizales y otros recursos naturales- representan el 62% de la superficie total de ejidos certificados, en tanto que casi el 36% son tierras ejidales parceladas”. Y con estos datos, advierte la necesidad de una política y una campaña nacional en los ejidos, comunidades y pequeñas propiedades de información sobre derechos y procedimientos.

Las tierras ejidales de uso común representan más del 60% de la propiedad social y muchas de ellas han sido repartidas internamente en los ejidos y desmontadas para trabajarlas.

 “Esto incluye: prioridad en la atención a la producción del minifundio privado y de los ejidos; recuperar la producción de bienes y servicios públicos como son la investigación y desarrollola función y operación de la extensión que se ha dejado en manos de servicios privados con poca transparencia respecto a los recursos recibidos efectivamente por los productores; se requiere, también, invertir en la infraestructura en almacenamiento, en pequeña irrigación, en caminos rurales, en electrificación, en inclusión digital y en la recuperación de recursos naturales, especialmente suelo y agua, afectados por degradación y contaminación”.

 “Además, es indispensable una verdadera articulación de políticas productivas, sociales y ambientales, que, superando la atención clientelar, conlleve una visión de desarrollo local y regional sustentable a partir de los recursos naturales locales”. Ello, junto con un espacio real de participación y concertación entre distintos actores que inciden en los ámbitos rurales y que esté dotado de capacidad real para incidir en el diseño de políticas públicas”.

 “… En resumen, el principal reto es impulsar un verdadero proceso de transformación de las políticas públicas, que reconstruya la base productiva del campo mexicano, eliminando incentivos para la búsqueda de rentas, reorientando el gasto hacia los pequeños y medianos productores, hacia una alimentación sana, suficiente y asequible y hacia los diversos bienes públicos, impulsando la participación organizada de la sociedad y respetando el medio ambiente para garantizar el largo plazo. Es indispensable poner un énfasis especial en estimular la participación de mujeres y jóvenes […]”.

El documento completo La nueva sociedad ruralse encuentra disponible en: rimisp.org y en ccmss.org.mx.

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