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Elecciones 2018

Demandan derogar la Ley de Seguridad

ONG: ¿podemos hablar de democracia con una impunidad casi absoluta?
 
Periódico La Jornada
Miércoles 9 de mayo de 2018, p. 12

El modelo de seguridad que incrementó la violencia abandonó su principal misión de proteger a las personas, y frente a la violencia del crimen organizado, el Estado contribuyó a que ésta se incrementara de manera considerable, expresaron las organizaciones convocantes al Diálogo por la paz y la justicia.

Demandaron derogar la Ley de Seguridad Interior, así como lograr la recuperación de la memoria histórica, mediante una comisión de la verdad y, en un planteamiento general a los candidatos presidenciales, indicaron que sin paz, sin verdad, sin justicia y sin seguridad, la democracia es sólo una simulación, una ilusión.

La postura planteada ayer resaltó que en los 12 años recientes, México ha llegado a índices de asesinatos, desapariciones, feminicidios, redes de trata, fosas clandestinas, desplazamientos, asesinatos extrajudiciales e inseguridad de la población, sólo comparables a países en guerra o bajo dictaduras.

Se han acumulado los horribles crímenes de San Fernando, Allende, Piedras Negras, Ayotzinapa y Nochixtlán, por nombrar sólo algunos, indicaron.

Ante ese panorama, cuestionaron si se puede hablar de democracia en el país, cuando todos los días de ese periodo muchas personas fueron asesinadas, secuestradas, desmembradas, violentadas o desaparecida en redes de trata, tambos de ácido o fosas clandestinas del crimen organizado e incluso del Estado. ¿Podemos hablar de democracia con una impunidad casi absoluta?, se inquirió a los candidatos.

Se expuso que el panorama en el país es devastador, si se toman en cuenta las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, respecto de que entre 2006 y 2018 más de 200 mil personas murieron por la violencia.

Durante la jornada de ayer se planteó a candidatos construir un modelo de seguridad que fortalezca, profesionalice y exija cuentas a las instituciones de seguridad pública a través de autoridades civiles. También se pidió reconducir la participación de las fuerzas armadas a la misión que constitucionalmente les fue encomendada.