EDITORIAL

En tiempos electorales, los candidatos y sus equipos de campaña prometen. El ejercicio ciudadano para valorarlos debe tener, por lo menos, una arista jurídica. Si el candidato propone actos que son competencia de otro órgano de gobierno, miente: si un presidente municipal promete actos de gobierno que son competencia de las autoridades estatales o federales, por ejemplo. Lo mismo sucede con el candidato al ejecutivo que promete actos que son competencia de las Cámaras legislativas. Si hay pronunciamientos de interpretación legal, los hace un candidato que desconoce que ello corresponde al Poder Judicial. Las convenientes promesas electorales obedecen a aspiraciones políticas que frustran al electorado al constatar la imposibilidad de su instauración, precisamente porque el nuevo funcionario carece de facultades legales para cumplir. Cuando se escuchan las propuestas más dispares, algunas francamente contrarias a la Constitución Política Federal y a todos los tratados internacionales firmados por México en materia de derechos humanos, es útil establecer que desconocen la legislación aplicable al área en la que intentan innovar. Habrá otros motivos para votar por algún candidato, pero no serán los relativos a un mínimo análisis legal.