Frente a los 37 casos de desaparición forzada que se han dado entre febrero y mayo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares dirigidas a la Secretaría de Marina (Semar) y a la Procuraduría General de la República (PGR) a fin de salvaguardar la integridad de las víctimas.

Ayer, luego que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, llamara la atención sobre estos hechos y denunciara que existen fuertes indicios que (las desapariciones) habrían sido cometidas por una fuerza federal de seguridad, la CNDH informó que en el periodo señalado ha recibido 21 quejas que hablan de la desaparición de 29 hombres y dos mujeres, siete de ellos menores de edad. A los que se deben sumar seis personas más después de la emisión, el 10 de mayo, de las primeras medidas cautelares.

El organismo nacional ha solicitado, además, informes a la Semar, a la PGR, a la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, a la Secretaría de Seguridad Pública del estado y al gobierno municipal de Nuevo Laredo.

Medidas cautelares

Visitadores y peritos de la CNDH han acudido a este municipio en seis ocasiones para recabar testimonios, entrevistar autoridades y realizar trabajo de criminalística, medicina forense e inspección ocular de diversos lugares. Han realizado labores de acompañamiento a víctimas, brindado apoyo sicológico y acudido como observadores a reuniones entre víctimas y autoridades. En sendas ocasiones acudieron a dos bases navales ubicadas en Nuevo Laredo y a la que está en la población de Colombia.

Las medidas cautelares dirigidas a la Semar buscan que se giren instrucciones a los elementos que realizan labores de seguridad en Tamaulipas para que toda diligencia que se practique se realice con pleno respeto a la legalidad y a los derechos humanos, así como que cualquier uso de la fuerza pública se haga con apego a los principios de racionalidad, oportunidad, legalidad, congruencia y proporcionalidad, buscando salvaguardar debidamente a la población civil.

En caso de que se hagan cateos en domicilios particulares, que los marinos observen las formalidades exigidas en la Constitución y se circunscriban exclusivamente al domicilio señalado en la orden judicial y ajustarse al objeto de la misma.