Buenos Aires

Eran casi las 10 de la mañana (hora local) cuando después de 22 horas de sesión en el Congreso, rodeado desde el miércoles por una multitud de mujeres –y también de hombres–, especialmente jóvenes, se escuchó un grito de miles de voces que se extendió por varias calles: los diputados dieron media sanción a la ley para legalizar el aborto seguro y gratuito después de una lucha feminista de más de 30 años, que en los últimos tiempos inundó de pañuelos y banderas verdes las avenidas de esta capital y del interior de Argentina.

Todo esto sucede en el contexto de una crisis que va en aumento, que este jueves llevó al despido, o renuncia, del presidente del Banco Central, el derechista Federico Sturzenegger, remplazado por Luis Caputo, hombre que manejaba las cuentas offshore suyas y de millonarios empresarios de Argentina en el exterior; el dólar se disparó a 28.40 pesos y se conocieron las condiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI ) que son consideradas un golpe contra el pueblo argentino. La noche de este jueves hay reuniones urgentes en la residencia presidencial, en un ambiente tenso.

En tanto la manifestación multitudinaria pro ley de despenalización del aborto se mantuvo desde el miércoles alrededor del Congreso, mientras en cantidad mucho menor, separadas por unos 50 metros, estaba la marcha antiaborto, con banderas celestes y blancas. Era evidente que las verdes ya habían ganado la lucha en las calles.

La votación terminó con 129 votos en favor, 125 en contra, y una abstención, pero llegar a esto tardó años. El bloque oficialista, que en su mayoría estaba en contra, quedó dividido en este caso, y la iniciativa para legalizar la interrupción del embarazo tuvo apoyo de otros sectores que se identifican con la derecha a nivel nacional.

Ahora la ley debe pasar al Senado, una cámara más conservadora e influenciable por los gobernadores, incluso los opositores, a quienes suele presionar el gobierno de Mauricio Macri amenazándolos con retener los fondos provinciales, aunque en los últimos días la obediencia debida se está resquebrajando. Las organizaciones feministas contaron también con el apoyo de estudiantes de niveles básico y superior, que tomaron escuelas y universidades y ya se preparan para este nuevo paso, aunque hay votos cantados a favor de la ley.

La iniciativa contempla, entre otros puntos, la posibilidad legal de abortar hasta la semana 14 de gestación, de manera gratuita, en los hospitales públicos.

A esta alegría, una de las pocas que se viven en estos momentos, se unió un paro de los camioneros de tres centrales sindicales, la Confederación de Trabajadores de la Educación y gremios que están en la Confederación General del Trabajo (CGT), que decidió una huelga nacional y general para el 25 de junio.

La manifestación de los huelguistas este día fue también multitudinaria, acompañada por movimientos sociales y discursos cada vez más duros y unitarios, en momentos en que nuevamente se disparó el dólar, lo que significa otro nuevo incremento de precios, cuando ya la inflación también se disparó por sobre todas las previsiones.

Asimismo, al conocerse las condiciones impuestas por el FMI para acordar el préstamo stand by que el Ejecutivo negoció por 50 mil millones de dólares, en el que el gobierno de Mauricio Macri reconoce oficialmente que debe continuar reduciendo los subsidios a la energía y el transporte, eliminando puestos de trabajo en el sector público, el congelamiento de nuevas contrataciones y el achicamiento de 15 por ciento de los gastos en compras de bienes y servicios del Estado y autoriza a terminar con el Fondo de Garantía Solidaria destinado a los jubilados, lo que dejará a este sector sin ninguna protección.

Ayer por la tarde sectores opositores anunciaron que pedirán a la justicia que no deje salir a Sturzenegger del país y diputados del bloque Frente para la Victoria-Partido Justicialista (FpV-PJ) firmaron un proyecto de la legisladora y economista Fernanda Vallejos que rechaza el acuerdo unilateral que el gobierno firmó con el FMI y advierte que esto debe pasar por el Congreso, por las consecuencias negativas que tendrá para la población que, como se vio en las manifestaciones de este día, está dispuesta a resistir.

El proyecto rechaza el acuerdo y especialmente las condiciones impuestas sobre la política económica y las previstas sobre políticas sociales, laborales, autonomías provinciales y decisiones de futuros gobiernos, y además viola los principios esenciales de la Constitución referidos a la división republicana de poderes del Estado, el federalismo, derechos del trabajo, seguridad social, y la potestad exclusiva del Congreso para el tratamiento de las cuestiones de deuda soberana.