En medio de unas campañas que registran más de una centena de candidatos asesinados en el país, la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis, sostuvo que la violencia es el signo que marca a este proceso electoral, y manos criminales buscan decidir quién aparece en las boletas.

La presidenta de este órgano también lamentó la violencia política de género en la vida diaria y en el proceso electoral, lo cual, subrayó, no debe permitir la sociedad.

Unas horas después de que se dio a conocer el asesinato de Fernando Ángeles Juárez, candidato perredista a la alcaldía de Ocampo, Michoacán, y cuyo nombre se agrega a una lista que supera ya 120 candidatos asesinados, Otálora Malassis sostuvo que es doloroso señalar que lamentablemente el signo que está marcando al actual proceso electoral es precisamente el de la violencia.

Llamó a las autoridades de seguridad y procuración de justicia de los distintos órdenes de gobierno para que refuercen sus acciones y se garantice la paz e integridad de los abanderados a cargos de elección popular, ya que, reconoció, son los grupos criminales los que deciden, con violencia, quiénes pueden contender por cargos.

Manos criminales están actuando de forma premeditada y deleznable para decidir por vía de la violencia quiénes deben o no estar en la boleta electoral, agregó.

La presidenta del tribunal puntualizó: democracia y estado de derecho son dos caras de la misma moneda y en estas elecciones ambas están a prueba.

Ayer, en la sede del TEPJF, Otálora firmó un convenio de colaboración entre este órgano y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, así como la Asociación Mexicana de Fiscalías Electorales Locales, para realizar investigación académica en temas como la lucha en contra de la violencia política en razón de género, el cual calificó como una de las principales preocupaciones en el país.

En múltiples casos las mujeres son víctimas de violencia, por medio de la cual se pretende menoscabar o anular el ejercicio de sus derechos políticos o bien de las prerrogativas inherentes al desempeño de un determinado cargo público, indicó.