Chilpancingo, Gro.

El abogado Vidulfo Rosales Sie-rra, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, aseguró que la posición de los procuradores General de la República y estatales “es política, un distractor para evitar el cumplimiento del fallo del primer tribunal colegiado de Tamaulipas.

Este asunto no es de posiciones políticas, sino del cumplimiento de un fallo judicial que no admite recurso alguno. Se trata de conocer la verdad acerca de la desaparición de los 43 estudiantes de la nor-mal de Ayotzinapa ocurrida en Iguala en septiembre de 2014.

Nos parece que de ninguna manera la resolución es inconstitucional, sino que está ajustada a la Carta Magna; lo que hizo el tribunal colegiado fue no dejar en estado de indefensión a las víctimas, por eso no sólo decretó la nulidad de las declaraciones y las pruebas, sino que también tomó en cuenta los derechos de las víctimas reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, y haciendo una interpretación amplia, ordenó la creación de una comisión de investigación con fundamento en el protocolo de Minnesota.

Recordó que dicho documento establece que cuando se trate de investigaciones acerca de violaciones a los derechos humanos, como desaparición forzada, tortura o ejecuciones extrajudiciales, y haya irregularidades en la investigación, se procederá a crear una comisión independiente.

Con fundamento en esa instancia internacional, es que el tribunal colegiado acudió a la creación de esta comisión, que estará dirigida por el Ministerio Público, y de ninguna manera se le están quitando sus facultades a esta instancia ni se vulneran sus atribuciones, insistió.

Manifestó que entrar en debate acerca de la constitucionalidad del fallo de amparo nos parece un pretexto del Ejecutivo y la PGR para no reconocer las graves irregularidades que cometieron en la investigación del caso Ayotzinapa, y lamentablemente los procuradores del país están avalando indagatorias irregulares, validando con ello las pruebas obtenidas bajo tortura.

Señaló que se incurrió en faltas graves como alteración de la escena del crimen, llevar a los detenidos al lugar del crimen sin su defensor, no registrar las diligencias en los expedientes, y la pregunta es: ¿esto lo avalan los procuradores, y el Presidente de la República?.