Buenos Aires

En un ambiente tenso y bajo un frío polar, en las primeras horas de este lunes comenzará un paro general que abarcará toda Argentina, considerado por Juan Carlos Schmid, uno de los tres dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT), como el más contundente de los años recientes, en momentos en que se conoció que un niño electrodependiente murió en el conurbano bonaerense porque la compañía de electricidad de Edesur le cortó la luz ante la imposibilidad de la familia para pagar las tarifas tan altas que llegaron en los últimos meses, una muerte más por la que el gobierno de Mauricio Macri debe responder.

La huelga general que acompañan todas las centrales sindicales, pero también pequeñas y medianas empresas, comerciantes, fábricas recuperadas, la oposición política y la cúpula religiosa de la Iglesia católica, apoyada por el papa Francisco, tiene una fuerte adhesión de todos los sectores de la oposición contra la pérdida del poder adquisitivo del salario, los despidos masivos, que afectan a más de un millón de familias, que continúan y aumentarán en los próximos meses, y la pobreza que avanza cada día.

También contra la presencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) en el país y las concesiones del gobierno de Macri, las miles de familias que están viviendo en las calles, agravado todo esto por el hecho de que los anuncios de los nuevos ministros de Energía y Producción pronostican que van a profundizar el ajuste y no sólo a mantener, sino a aumentar el tarifazo, de por sí impagable en estos momentos.

La muerte de un niño electrodependiente el lunes pasado se convirtió en indignación profunda en los sectores sindicales después de que su familia denunció que había llamado a Edesur (privatizada en los años 90) para informarles que yo tenía a mi hijito electrodependiente y la respuesta de ellos fue que yo tenía una deuda y que no me podían decir cuándo iba a venir la luz. Me vinieron 60 mil pesos de boleta que no los pude pagar porque no tengo las condiciones para pagar esa cantidad de plata, sostuvo la madre.

La Asociación de Electrodependientes denunció que llegan tarifas de entre 8 y 10 mil pesos (un dólar equivale a unos 27 pesos) a algunas de la familias que tienen a alguien que depende de la electricidad para vivir y están luchando ante una justicia esquiva, después de que el gobierno de Macri suspende, amenaza y persigue a jueces que en estos casos fallan contra las tarifas impagables, cuando miles de jubilados y trabajadores cobran entre 7, 8 o 10 mil pesos ¿cómo pueden pagar una factura de electricidad o de gas o de agua que les consume todo lo que tienen? Como informó el portal El Destape, el gobierno y las eléctricas se encargaron de hacerle la vida imposible a los electrodependientes, entre medidores prepagos y tarifas que en algunos casos llegaban hasta 8 mil pesos.

Como estas situaciones hay miles en todo el país, advierten los dirigentes sindicales para quienes se percibe que todo se agravará, además con la nueva devaluación del peso por las condiciones que impone el acuerdo con el FMI.

La situación social es muy grave. Casi la mitad de argentinos tuvo que reducir lo que come porque ya no puede pagarlo, uno de cada tres pasó hambre, la mitad tiene alguien en la familia que perdió el trabajo, a seis de cada 10 no les alcanza el sueldo y afirman que están peor que hace un año, sostiene el analista de Página/12 Raúl Kollman, quien dio a conocer un relevamiento del Monitor de Clima Social investigado por el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM), que integran la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, la Universidad Nacional Arturo Jauretche y la Universidad Nacional de Hurlingham.

Seis de cada 10 personas dice que el sueldo no les alcanza, a lo que se agrega que una altísima proporción afirma que las dificultades que afronta son muy grandes. Tampoco creen en una expectiva: más de la mitad de la gente considera que dentro de un año estará igual o peor, señala el estudio a cargo del director del CEM, Matías Barroetaveña, para quien el impacto de la devaluación y el ajuste propuestos por el FMI será más profundo en el segundo semestre. No se puede mirar para otro lado, este clima social incuba mayor cantidad de conflicto callejero y la respuesta de involucrar a las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna debe recibir el más amplio rechazo. El Estado debe dar respuesta ya. Necesitamos más Estado motorizando el crecimiento y el mercado interno y no menos Estado, como nos proponen con el ajuste.