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Fueron atacados en iguala en 2014

Ordena la SCJN revisar indemnización a 5 integrantes de Avispones de Chilpancingo
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▲ Josué David Evangelista, jugador de Avispones, murió el día en que desaparecieron los normalistas.Foto Cuartoscuro
 
Periódico La Jornada
Jueves 12 de julio de 2018, p. 14

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó protección a cinco integrantes del equipo de futbol Avispones de Chilpancingo y a 16 de sus familiares, además de ordenar que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) entregue una indemnización justa e integral para las también víctimas de los sucesos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, donde integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos y policías locales agredieron el autobús del conjunto y el de los normalistas de Ayotzinapa, acto que terminó con la desaparición de los jóvenes estudiantes esa noche.

Durante la sesión de la segunda sala de la Corte, sus integrantes se manifestaron en favor de los proyectos elaborados por los ministros Alberto Pérez Dayán y Eduardo Medina Mora, en los cuales cuestionaron la actuación de la CEAV al renunciar a la obligación de examinar la cuantificación del daño físico de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible cometido, y teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso.

Los ministros consideraron que la CEAV ofreció una compensación parcial, basada en casos similares, sin apoyarse en dictámenes médicos ni en los gastos erogados por su atención médica.

Por eso, la sala reiteró el criterio establecido en marzo pasado, cuando otorgó otro amparo a un integrante de Avispones, en el que determinó que el mero hecho de que la CEAV otorgue un monto determinado (en promedio 65 mil pesos) por compensación subsidiaria a la víctima, no impide que las personas pudieran interponer queja si se considera que es insuficiente para reparar adecuada y proporcionalmente el daño sufrido.

Los ministros determinaron que la CEAV deberá cuantificar nuevamente el daño moral y físico causado para compensar el daño al proyecto de vida y los gastos derivados de transporte, alojamiento, comunicación y alimentación, además de asegurar una reparación integral de las víctimas.