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Gobierno de Rajoy restringe el aborto y lo tipifica como delito en España

vie, 20 dic 2013 11:56

Madrid. El gobierno conservador de Mariano Rajoy, consumó este viernes una de las reformas más temidas por las asociaciones y colectivos de mujeres: la nueva ley que regulará la interrupción voluntaria del embarazo lo que provocó que cientos de personas salieran a las calles de la capital y varias ciudades de España para rechazar la medida.

Según los especialistas con esta normativa profundamente restrictiva se hará casi imposible que una mujer acceda a este servicio médico, con lo que se calcula que 90 por ciento de las mujeres que decidan abortar o no podrán hacerlo y tendrán que recurrir a la clandestinidad o a viajar a otro país que sí garantice este derecho.

“Volvemos al nacionalcatolicismo, al contubernio descarado entre el gobierno, la Conferencia Episcopal española y los grupos ultracatólicos”, se lamentaron las organizaciones de mujeres.

La nueva legislación, bautizada como “Ley Orgánica de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada” sustituirá a la que aprobó en 2010 el entonces gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que supuso un avance histórico en los derechos de las mujeres tras décadas de reivindicar la bandera de la igualdad y el respeto.

Ahora, con la nueva ley, sólo se admiten dos supuestos: cuando suponga un grave peligro para la salud física o síquica de la madre, pero sólo se podrá realizar hasta la semana 22 y tendrá que estar sustentado en dos dictámenes distintos de médicos especializados y de ramas distintas, incluido un psicólogo o psiquiatra.

El otro es el de violación, pero sólo hasta la semana 12 y también se deberá presentar una denuncia policial y dos informes médicos, con lo que la mujer agredida deberá pasar por un carrusel de entrevistas antes de que se le autorice el aborto.

En el caso de las menores de edad también cambia todo radicalmente. Actualmente una menor de 17 y 16 años no necesitaba de la autorización de sus padres o de quienes tuvieran su tutela. Sólo estaban obligadas a cumplir con un requisito de información, es decir tenían que hacer saber a sus padres o tutores de su decisión de no continuar con el embarazo. Ahora es necesaria la autorización de los responsables de la patria potestad y tendrá que ser una decisión unánime de los dos padres. Si hay conflicto entonces tendrá que intervenir un juzgado de menores y decidir.

El principal responsable de la ley es el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, también ex alcalde de Madrid y uno de los miembros del gabinete más inflexible en la defensa de sus posturas.

Para su elaboración ni siquiera se reunió ni debatió ni escuchó a las asociaciones de mujeres ni a los colectivos de sanidad especializados en la práctica del aborto, que cuentan con 30 años de experiencia y conocen sobre el terreno la realidad de este fenómeno. Lejos de eso, Gallardón sólo escuchó y se reunió con los grupos ultracatólicos que luchan contra el aborto y avaló sin retoques los criterios exigidos por la cúpula de la Iglesia católica.

La nueva ley marca también que cualquier profesional podrá alegar objeción de conciencia. Incluidos aquellos que dan información. El gobierno prohibirá también la publicidad de las clínicas de abortos. Gallardón defendió que su ley lo que pretende es velar por le derecho a la vida del concebido no nacido.

“Después de un periodo de reflexión amplio, de consultar el derecho comparado y de los expertos que han querido acercarse, hemos aprobado este proyecto electoral que cumple un compromiso electoral y recupera el equilibrio constitucional ente los derechos del nasciturus y de la mujer”, afirmó el ministro.

Olga Sancho, vocera de la Clínica Dator, explicó en entrevista con La Jornada que estamos ante un ataque en toda regla a la lucha histórica de las mujeres por sus derechos.

“La ley supone un retroceso muy importante en derechos reproductivos para las mujeres españolas y es aún más dura de lo que nos esperábamos. Es una ley que restringe y que tutela a las mujeres, además de poner en duda a los profesionales sanitarios que hemos venido realizando la práctica del aborto en España desde hace más de 30 años”, explicó.

Y aclaró que el ministro ni el gobierno quisieron escuchar otras opiniones que no fueran las de los grupos ultras afines a su partido.

“En la nueva ley no se permite en ningún caso el aborto por patologías fetales, sino por la angustia que le pueda producir a la mujer embarazada el saber que tiene un embarazo con patología fetal”, advirtió la experta.

Sancho sostuvo: “Es la ley más dura que hemos tenido desde que se ha legislado en España la interrupción del embarazo. El retroceso es bestial bajo el alegato de que es una defensa del derecho del concebido no nacido, que priman por encima del derecho de las mujeres que sí somos personas jurídicas. Una vez más nos han tutelado a las mujeres y no tenemos derecho a tomar decisiones sobre nuestra salud. Y lo que han hecho es crear las herramientas legales para no poder tomar decisiones sobre nuestra maternidad. Es una ley del PP diseñada para los ultraconservadores españoles, con la que se vuelve al nacionalcatolicisimo”.

Miles de personas se concentraron en diversas ciudades del país salieron a las calles para exigir la retirada de la ley y gritar, como hacían durante la dictadura fascista de Francisco Franco, que “en mi cuerpo mando yo”.

Frente al Ministerio de Justicia, en el centro de Madrid, se reunieron medio millar de personas, en una protesta convocada por la plataforma "Nosotras decidimos". Con pancartas con lemas como "Madre libre" o "Aborto legal", clamaron contra la futura ley del aborto. También junto a La Moncloa se concentró un grupo de mujeres.

En Twitter se extendió la protesta bajo el topic #MiBomboEsMio.

El gobierno de Rajoy emprendió en la segunda mitad del año una serie de reformas que pretenden recuperar el espacio perdido entre sus votantes más ultraconservadores, que se distanciaron del Partido Popular (PP) por la lacerante corrupción que le aqueja y por el incumplimiento sistemático de su programa, sobre todo el que se refería a la bajada de impuestos.

Entre las nuevas leyes que formarán parte de la vida cotidiana de los españoles destacan al menos tres: la llamada de Seguridad Ciudadana, con la que se multará hasta con 30 mil euros a los que protestan o se manifiesten frente al Parlamento o “instituciones del Estado” sin autorización o a quienes ultrajen “los símbolos de España”; la nueva legislación laboral, que restringió los derechos de los trabajadores y de los sindicatos y abarató considerablemente el despido, con lo que se disparó la tasa de desempleo; y, por último, la nueva ley del aborto.

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