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Milicia y Justicia / El fallo de la Corte que preocupa al Ejército

vie, 20 dic 2013 11:23

Una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) generó gran preocupación al general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, al grado que envió a sus asesores jurídicos a hablar con los ministros para tratar el asunto, que no es menor.

Resulta que la primera sala del máximo tribunal resolvió hace unos días que las autoridades que detengan a una persona en flagrancia deben presentarla inmediatamente “y sin demora” ante el ministerio público, de lo contrario, cualquier confesión que rinda el detenido antes de ser puesto a disposición será anulada.

De esta manera, las pruebas que sean obtenidas sin la autorización del ministerio público y que tengan como fuente la demora injustificada serán anuladas en el proceso en contra del detenido en flagrancia.

Esta decisión podría dejar libres a peligrosos delincuentes, porque todo lo que declaren antes de ser presentados ante el ministerio público quedará fuera del juicio en su contra, aun y cuando después se compruebe su responsabilidad.

A pesar de que una de las primeras directivas del general secretario a sus subordinados fue, precisamente, entregar de inmediato al ministerio público a los detenidos en operativos de seguridad pública. Lo cierto es que en la práctica es sumamente complicado que los soldados remitan a los detenidos de inmediato al ministerio público.

Tan es así, que los asesores jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) le pidieron a los ministros que les dijeran, cómo hacerle para no violar ésta nueva disposición de la Corte.

Nos dicen que la respuesta de los togados fue sencilla: “cumplan con la ley”.

Ésta preocupación se suma a la solicitud hecha por el general Cienfuegos para reformar la ley y establecer reglas claras sobre la operación de militares en labores de seguridad pública.

El divisionario ha pedido, incluso, que los militares cuenten con facultades para investigar los delitos y detener a los responsables. No sólo cuando haya flagrancia del delito, sino producto de sus propias investigaciones.

Quizás el error del general, es que salvo la declaración que hizo en una entrevista banquetera en la que habló sobre el tema, la Sedena se ha limitado a cabildear el tema “en corto”. Es decir, con personajes de la política allegados al sentir de los militares.

Cuando lo deseable sería que las fuerzas armadas ventilaran el tema abiertamente, en foros en los que convocaran a especialistas e investigadores en el tema, legisladores y defensores de derechos humanos.

Los militares insisten en que el tema está en la cancha del Congreso; sin embargo, es el propio general Cienfuegos el que en diferentes tonos ha demandado la reforma legal que le dé certidumbre jurídica a los soldados.

¿Entonces?

Los militares están en su derecho de exigir reglas claras, porque sólo de esa manera estarán en condiciones de dar resultados en la lucha contra el crimen organizado.

Porque, después de seis años del gobierno de Felipe Calderón y uno de la administración de Enrique Peña Nieto, la inseguridad, muertes violentas, secuestro y extorsiones parecen no tener fin.

El general Gutiérrez Rebollo

El general Jesús Gutiérrez Rebollo fue el primer divisionario procesado por vínculos con el narcotráfico. Lo que pretendió ser un ejemplo de que no se toleraría la corrupción entre los militares que combatieran el tráfico de drogas quedó como una mera anécdota.

Desde un inicio, muchos generales comentaron que la captura del general era injusta, que se trataba de un ajuste de cuenta y que el delito del divisionario había sido precisamente hacer su trabajo y toparse con la corrupción que permeaba –y que continúa permeando– en los altos círculos de la política nacional.

Gutiérrez Rebollo no tuvo la suerte del general Tomás Ángeles Dauahare, quien fue acusado injustamente de tener vínculos con el narcotráfico, pero que quedó libre cuando los panistas dejaron el poder.

La similitud entre ambos personajes no es casual, muchos militares de alto rango consideraban que los dos divisionarios eran inocentes y que su remisión a un penal de máxima seguridad era un exceso, sobre todo, cuando existía la posibilidad de cumplir su proceso penal en la prisión militar.

Los procesos penales que enfrentó Gutiérrez Rebollo tuvieron siempre el tufo de una vendeta, por lo menos, eso lo pensaron muchos generales que lo conocieron de cerca.

El comunicado que emitió la Sedena, en el que expresó sus condolencias a la familia del divisionario, pareciera un intento por reivindicar el nombre del general que desde que fue capturado hasta que tuvo uso de razón, aseguró ser inocente.

 

@jaranda24

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