Desaparición forzada en México

Cuando alguien desaparece, sus familiares viven el infierno de la impunidad y la inacción de las autoridades, sobretodo si la acción fue “forzada”, es decir, cometida por policías, militares o algún otro servidor público. Quienes buscan a un ser querido se enfrentan a una maquinaria de Estado que se esfuerza por ocultar la verdad y afirmar que son casos aislados, cuando la situación alcanza el nivel de crisis humanitaria, afirman defensores de derechos humanos.

CAPITULO 1 El infierno de la impunidad

TEXTO: Fabiola Martínez y corresponsales

En México, quien “pierde” a un familiar vive el infierno de la impunidad y la inacción de las autoridades, en especial cuando la desaparición entra en la clasificación de “forzada”, es decir, cometida por policías, militares o algún otro servidor público. Este es el peor de los escenarios porque quien está obligado a esclarecer el destino de las víctimas puede ser el propio autor de la agresión o cómplice de ésta.

Salvo el caso de Ayotzinapa (desaparición de 43 estudiantes, ocurrida en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero), con impacto nacional e internacional, la mayoría de los episodios no llegan siquiera a ser reconocidos como tales por las fiscalías, acorde con testimonios de familiares de víctimas y la revisión de las instancias de investigación y procuración de justicia.

En nuestro país tampoco hay una cifra oficial de desaparecidos en actos cometidos por servidores públicos.

Al contrario, el eje común es la falta de información al respecto y la resistencia a aceptar que su propio personal está implicado.

Este delito es también la cara del fracaso en la depuración de las corporaciones policiales – e incluso en fuerzas armadas-, en especial la de municipios y entidades, constantemente amenazadas o infiltradas por el crimen, advierten organismos nacionales e internacionales de defensa de derechos humanos, así como grupos en busca de familiares.

El más reciente informe de evaluación de policías en México (junio 2016) mostró que de 329 mil 823 elementos evaluados, 9 por ciento no aprobaron los controles de confianza; está pendiente conocer el resultado de dos por ciento de las pruebas, mientras en uno por ciento de los elementos de seguridad no se han aplicado, indica un reporte de la Secretaría de Gobernación.

Las autoridades federales no han detallado, sin embargo, qué ocurrió con los reprobados de 2014 (12 por ciento del total) y tampoco se ha dicho qué ocurrirá con quienes no aprobaron este año (31 mil 565 elementos).

¿Fueron despedidos? ¿Enviados a otras áreas? No se sabe.

En los episodios documentados de desaparición forzada es común que los agentes trabajaran para los delincuentes o fueran los propios ejecutores de los delitos.

Salvo excepciones, las fiscalías no cuentan con una estructura para la integración eficiente de bases de datos, sobre todo genéticos (ADN); tampoco tienen personal suficiente ni los recursos materiales necesarios para atar cabos. En el mejor de los casos, cientos de expedientes son revisados a nivel de trabajo de escritorio.

Las entidades del país carecen además de criterios y protocolos unificados para la búsqueda de personas y, en especial, para la reacción inmediata, en las primeras horas posteriores a las denuncias de los casos.

A continuación, lo que ocurre en las entidades...

CAPITULO 2 Los estados, sin criterios y protocolos unificados para la búsqueda de personas

Texto: Fabiola Martínez

En seis estados, las autoridades de justicia confirmaron la existencia de unidades especializadas mientras en otros se reportan “áreas”, “mesas”, grupos especiales o fiscalías, y en algunos de plano niegan información acerca de las herramientas técnicas, científicas y de organización de personal ante el agravamiento de estas agresiones cometidas por particulares e incluso por servidores públicos.

Mientras en Aguascalientes, Baja California, Michoacán, Puebla, Querétaro y Sinaloa se destaca la existencia de unidades especializadas (base para la coordinación entre los tres niveles de gobierno), en otras entidades no hay datos precisos al respecto y, por tanto, se desconoce el tamaño de la estructural material y de recursos humanos para hacer frente a la problemática.

Por ejemplo, en Chihuahua, con mil 953 expedientes por dilucidar (cifras oficiales al 31 de enero de 2017), respecto al paradero de la gente, su fiscalía general sólo tiene una unidad especializada para la búsqueda de mujeres. Los asuntos de varones son enviados a la unidad de atención a víctimas del delito.

Igualmente en Coahuila, donde si bien se han generado instancias oficiales de peritaje, son las organizaciones civiles, como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y Víctimas por sus Derechos en Acción (Grupo VIDA) las que se dedican permanentemente a indagar el paradero de sus seres queridos; solicitan información, hacen gestiones e incluso hacen sus propios rastreos y excavaciones en lo que se presumen que son fosas clandestinas. También llevan las historias de las víctimas a las más altas esferas, aunque lamentan enfrentarse a falta de pericia, profesionalismo y voluntad, para hilar los hallazgos.

En el estado de México, con 3 mil 369 carpetas pendientes (es la segunda entidad del país en cuanto a volumen y rezago, sólo después de Tamaulipas), fue creada una fiscalía de investigación de personas desaparecidas, pero su enfoque se ha concentrado en las agresiones a mujeres, luego de que en 2015 fue emitida ahí una alerta de género, por el alto nivel de violencia de género.

Lo mismo ocurre en Guerrero y Sinaloa, donde los grupos no gubernamentales han tomado la batuta en cuanto a rastreo de fosas clandestinas y para buscar pistas del paradero de las víctimas. Enfrentan opacidad e inacción de las autoridades en territorio en disputa por los cárteles de la droga.

En Guerrero hay mil 521 personas no localizadas, cuya investigación es de responsabilidad local. Otros casos ya fueron atraídos por la PGR, como la desaparición de Ayotzinapa.

Línea de tiempo: Caso Ayotzinapa, del 26 de septiembre de 2014 a septiembre de 2015

En esta entidad se mezclan los saldos de la violencia, de la expansión de la delincuencia organizada pero también la historia de desapariciones forzadas, desde las décadas de los sesenta y setenta, en la denominada guerra sucia.

 

Para Morelos y Nuevo León son igualmente los grupos civiles (por ejemplo, FUNDEL) los que han tomado la vanguardia en las acciones.

Mientras, en Tamaulipas, la entidad con el mayor número de personas no localizadas (5 mil 682), la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo afirma que hay 22 personas víctimas de desaparición forzada, pero la Comisión Estatal de Derechos Humanos niega esta situación.

Las autoridades de procuración de justicia no proporcionaron, como ocurrió en otras entidades, información al respecto.

Veracruz es también territorio emblemático en cuanto a casos por clarificar. Allí hay medio millar de asuntos en esta situación; los familiares encuentran una pasmosa actuación de la procuraduría de justicia, que significa apatía y actuaciones de presuntas colusiones de las autoridades con el crimen.

El capítulo más reciente de desaparición forzada ocurrió en enero pasado, en Tierra Blanca, cuando policías estatales levantaron a cinco jóvenes. Esta y otras historias similares han sido atraídas por autoridades federales, ya sea por el escándalo nacional e internacional provocados o por la presión de familiares que no encuentran respuestas satisfactorias en lo local e incluso prefieren colaborar con la PGR antes de volver a Veracruz a ponerse "en manos de la policía que en muchos casos son los propios criminales", acusan.

 

Documentos:

Primer Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes

Segundo Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes

CAPITULO 3 La propia autoridad obstaculiza las investigaciones: Fundar

Texto: Fabiola Martínez

Si su hijo, su hermano, su padre desapareciera, ¿hasta dónde llegaría para encontrarlo? ¿Qué estaría dispuesto a hacer? ¿Con quién acudiría?

Familiares en esta condición han hecho todo lo imaginable, desde suplicar hasta ir de una oficina a otra; han efectuado manifestaciones, huelgas de hambre y conseguido, contra corriente, estar frente al Presidente de la República para exigir una investigación profesional que dé con el paradero de sus seres queridos, especialmente cuando los autores pertenecen a la propia estructura gubernamental: la desgracia de una desaparición forzada.

Humberto Guerrero, coordinador de Derechos Humanos de Fundar Centro de Análisis e Investigación y litigante de casos de desaparición forzada, advirtió que estamos ante una política de Estado o "tolerancia activa" porque la propia autoridad obstaculiza o manipula las investigaciones. "Ya no es la política de Estado tradicional, de la guerra sucia en la década de los años setenta, con rasgos políticos, sino la vinculación entre criminales y autoridades ya sea para ejecutar los delitos u obstaculizar las indagatorias". El Estado, además, ha sido negligente en cuanto a la integración de datos de estos episodios.

En entrevista comentó que los familiares de las víctimas se enfrentan no sólo a la impunidad, entendida como protección a los responsables, sino a una maquinaria de Estado que se esfuerza por ocultar la verdad y afirmar que son casos aislados. "No reconoce que hay una crisis muy grave que alcanza el nivel de crisis humanitaria".

Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, dijo que ante esta crisis, de 'macro criminalidad', donde hay gobiernos que trabajan para la delincuencia, al Estado mexicano le hace falta voluntad política y una estructura de atención eficiente.

Citó un informe del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (Febrero 2015), el cual alerta del tamaño del reto: es un problema generalizado que se encuentra en 26 de las 32 entidades del país y con un altísimo nivel de impunidad, ya que en décadas sólo hay registro de seis sentencias a nivel federal.

El gobierno no aceptó la gravedad mostrada por el grupo especializado de las Naciones Unidas; sin embargo, señala Patrón, hay pruebas contundentes; no se ha invertido en la investigación de los casos de desaparición; no se define las causas de las agresiones (cometidas por particulares o por servidores públicos) y en los reportes sólo generaliza la clasificación de "personas no localizadas".

Además, en cuanto a infraestructura, la fiscalía especializada de personas desaparecidas de la PGR tiene sólo 30 agentes del ministerio público, insuficiente para atender miles de casos pendientes, en un contexto de diseño institucional enfocado a perseguir personas no a buscarlas. "Es decir, aquí aunque el gobierno quiera, no puede".

Los grupos civiles como el Pro proponen la creación de una Comisión Nacional que fije las políticas públicas ante la problemática de las desapariciones, con el propósito de no dejar la estrategia a discreción de cada entidad, así como un plan nacional de búsqueda.

Documentos:

Observaciones finales del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, sobre informe presentado por México (Febrero 2015)

Colectivos de familiares y organizaciones de la sociedad civil se pronuncian sobre el proceso de creación de la ley general sobre desaparición forzada y desaparición por particulares (Agosto 2015)

CAPITULO 4 "Le preguntaría a Peña Nieto, ¿a cuántos ha encontrado?": Padre de Héctor Rangel, desaparecido

Texto: Fabiola Martínez

La familia de Héctor Ortiz Rangel, comerciante de 27 años de edad, originario de Querétaro, levantado por policías de Monclova, Coahuila, el 10 de noviembre de 2009 ha hecho todo lo mencionado y mucho más. Sin embargo, no hay ningún dato, recabado por la autoridad, que ate los cabos para localizarlo o llevar a la justicia a los presuntos responsables.

Los padres y hermanos de Héctor no han dejado de buscarlo. Son 2 mil 500 días de dolor.

Como a otros familiares de desaparecidos, esta desgracia los arrancó de su casa, de su vida cotidiana, para andar en lugares a los que jamás pensaron asistir, las entrañas del crimen, que tiene complicidad con la propia policía.

“Hoy se cumplen seis años con seis meses de la desaparición de mi hijo”, dijo María del Carmen Ortiz, justo el 10 de mayo, el Día de las Madres.

Nota: Marcha del 10 de Mayo, de este año

“Todos los datos claros, nombres y domicilios (que ayudarían a dar con los responsables de esta desaparición forzada) los hemos entregado a la autoridad, pero no sucede nada. Hace cuatro años, una fiscal de la Seido (Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada) me dijo: 'chaparrita, lo siento, pero tu hijo ya no está vivo'.

"Después llegamos con pruebas y le dije: es que ustedes necesitan estar allá (en Coahuila) para hacer trabajo de campo. Y la fiscal me responde: 'yo a mi chaparrito (agente investigador) no lo voy a exponer'.

Héctor fue a Monclova a cobrar una deuda derivada de su comercio de ropa y zapatos. La última comunicación fue una llamada telefónica. Le dijo a su hermano que 'venían unas patrullas'. Alcanzó a decirle el número de las patrullas. Estaba afuera del hotel Confort Inn. Todo esos datos están en la averiguación previa pero no pasa nada.

"Los desaparecidos son personas con rostro, con vida. Yo quisiera ver al Presidente, a cualquiera de su gabinete, a cualquier político, con una hija desaparecida a ver qué hacían.

"Cuando desaparecen personalidades, empresarios, políticos, mueven, por una sola persona, desde perros, Marina, Ejército, aviones, helicópteros. No puede ser que se desvivan así por una persona y aquí, que somos 28 mil, nadie. ¿En México tenemos qué tener un apellido de renombre para que los busquen?”, lamentó.

“Desgraciadamente a mí y a mi familia nos tocó vivir este desgaste económico y moral. Ya no podemos más. Yo ya pido paz, que se encuentre a mi hijo. Ya, de dolor ya no podemos más. Estamos destrozados. A mí hasta que no me entreguen unos restos diré que mi hijo existe”.

“He estado muy mal. Soy creyente y le decía a Dios: Señor, si no me vas a devolver a mi hijo, ya no quiero vivir, realmente es lo que siento. Yo estoy muerta en vida. Estos delincuentes no sólo acaban con una persona sino con toda la familia. Héctor me falta."

En la marcha del 10 de mayo, el padre de Héctor, Enrique Rangel, marcha también. Hace un mes fue operado del corazón y se le nota pálido. Va a paso lento pero sin soltar la foto de su hijo. En él también hay dolor y furia por la inacción de las autoridades.

“Yo les he dicho a los medios de comunicación internacionales que los investigadores y las autoridades ya deben declararse incompetentes, porque no encuentran a ningún desaparecido. Vergüenza les debería de dar cobrar su salario porque no investigan nada.

“Yo le preguntaría al señor Peña Nieto, ¿a cuántos ha encontrado? A ninguno. Que nos dé un nombre, de los más de 28 mil desaparecidos, que hallan encontrado por sus propios medios. ¡Que nos entreguen a uno, a uno!”

CAPITULO 5 Christian Téllez: La policía intermunicipal se lo llevó

TEXTO: Fabiola Martínez

“Se lo llevaron elementos de la policía intermunicipal de Poza Rica, Veracruz, en una patrulla tipo pick up que circulaba junto con otra patrulla sedán. Se lo llevaron en la batea, lo pusieron boca abajo, con las manos hacia atrás”, relata María Eugenia Padilla García, madre de Christian Téllez Padilla, víctima de desaparición forzada cometida el 20 de octubre de 2010.

El joven, oriundo del Distrito Federal, era estudiante de ingeniería industrial y se fue a vivir a Veracruz con su esposa.

Cuando su nuera le habló para avisarle que unos policías se habían llevado a Christian, la única duda que tenía era  por qué; quizá se había pasado un alto, pensó.

Horas después no lo hallaban por ningún lado. Obviamente, el lugar posible era la propia policía intermunicipal pero el coordinador de la misma, Juan Carlos Novoa, jamás les dio la cara.

 

En la procuraduría de Veracruz no investigaron nada; tampoco reconocían el caso como desaparición forzada.

“Cuando quisimos poner la denuncia (en la procuraduría estatal) nos dijeron que tenían que pasar 48 horas. Aquí le voy a dar el nombre de Guadalupe Peralta que era la agente del Ministerio Público que nos correspondía. No nos quería tomar la denuncia hasta que una policía federal la obligó.

“Luego nos trataron con la punta del pie. De plano nos dijeron: 'regrésense al Distrito Federal porque si se quedan los pueden desaparecer y matar'."

Después de tocar muchas puertas, de buscarlo por sus propios medios y, por supuesto, de semanas y meses de dolor, logró que el expediente pasara a la Procuraduría General de la República. Ahí, la vida y la historia de Christian está compilada como uno de los 722 expedientes de personas desaparecidas vistas por última vez en Veracruz. La fila es larga, en un solo trimestre, se anexaron a esta lista, tan sólo de Veracruz, atendidos por la PGR, 19 averiguaciones más.

"Pero en la Unidad de Búsqueda tampoco le dan tanto seguimiento; el caso más bien está congelado. El responsable de esa unidad nos dijo que no hay personal, los agentes están en curso y a otros los mandaron a Guerrero para apoyar otros casos.

"Se dice – agregó- que la procuradora (Areli Gómez) ya armó paquetes para mandar de vuelta los expedientes a los estados. Pero ¿qué vamos a hacer? ¡Nos están poniendo en bandeja de plata con la delincuencia organizada!"

El 10 de mayo pasado, Maria Eugenia, integrante de la Plataforma de Víctimas de Desaparición Forzada, no festejó, marchó.

Portó una camiseta en la que se leía: “Peña Nieto, ¿dónde está mi hijo? Se lo llevaron intermunicipales de Poza Rica”.

Las autoridades, exige, deben voltear a vernos porque no nos ven por más gritos de auxilio que damos.

"Son muchos jóvenes los desaparecidos; creo que es un perfil, no sé lo que esté sucediendo. Las autoridades buscan entre los muertos pero deben buscar también entre los vivos. No es posible que se lleven a tanta gente sólo para matarla.

"Cuando esos policías se llevaron a mi hijo, a mí me mutilaron, me cortaron la cabeza; desmembraron a mi familia. No es que (los familiares) tengamos tanta fuerza, nos va saliendo porque esto es algo que nos mata lentamente. Nos vamos enfermando de una cosa o de otra. ¿Cuántos (familiares) han fallecido? Hubo una compañera que velaron afuera de la Secretaría de Gobernación. La compañera (Margarita Santizo, madre de un policía federal desaparecido) estaba entera, pero con esto a uno le da de todo. Otro compañero, Armando Palomo, le dio un paro cardiaco de un momento a otro y tan fuerte que se veía.

"Esta situación en la que nos tienen es criminal. La madre de un desaparecido no festeja, pelea, busca, exige, pero las autoridades se vuelven sordas, ciegas y muy boconas.

"Ya no vive uno en paz. Mi otro hijo dijo que no iba a ir a terapia sicológica porque con ello, dijo, 'no voy a olvidar'. Yo le respondí que esto no es para olvidar, sino aprender a vivir con esto. Pero me replicó: 'Esto nunca lo vamos a olvidar. Ni aunque encontremos a Chris lo vamos a olvidar. Nunca más en tu vida, escúchalo mamá, jamás volveremos a vivir en paz.

“Si usted supiera cuántas puertas he tocado y cuántas patadas he recibido. A donde llegamos nos revictimizan. Bueno, ahora no me dejo; cuando empecé en esto andaba sólo con mis hermanos, con mi otro hijo. Me sentía como veleta perdida en el océano.

"Y entonces empiezo a conocer gente que está en la misma situación que yo. Con ellos puedo hablar, llorar. Es la única forma de obtener fuerza, saber que no estamos solos."

En efecto, María Eugenia se ve fuerte; exige a la autoridad resultados, marcha, pertenece a diversas organizaciones y ha dejado todo para dedicarse a la búsqueda de su hijo, pero en cuanto habla de él se le quiebra la voz. “Mi hijo era una persona con muchas ganas de vivir”, alcanza a decir.

CAPITULO 6 Jeremeel Fernández: Se lo llevaron soldados

Texto: Fabiola Martínez

“Porque estás tan vivo como cuando supe que estaba embarazada, tan vivo como cuando naciste, tan vivo como hasta el día de hoy. Porque te percibo e imagino que entras por esa puerta gritando: ‘madre, ¡aquí estoy!’...porque nunca bajaré los brazos ni me rendiré. Dios me da fuerza, Dios me sostiene”. Es la expresión de Yolanda Morán Isais, quien busca a su hijo Dan Jeremeel Fernández Morán, víctima de desaparición forzada en Torreón, Coahuila, en diciembre de 2008.

A Jeremeel – entonces de 34 años- se lo llevaron militares, quienes – afirma Yolanda- hacían un secuestro por mes. Las autoridades de Coahuila me dijeron: “son militares, señora. Tenemos prohibido meternos con militares.

"El 9 de noviembre de ese año, esos mismos soldados secuestraron a un empresario. Eran seis, después de que se llevaron a mi hijo detuvieron a cuatro pero no confesaron nada respecto de Jeremeel.

"Cuando los pasaron del arraigo al Cereso de Torreón, entraron dos camionetas de un comando para rescatar a nueve integrantes de la banda de Los Zetas que estaban ahí presos. En la trifulca mataron a dos de los militares en mención; la Secretaría de la Defensa Nacional envió a los que sobrevivieron a otro penal y ahí mataron a uno de ellos, por tanto, sólo queda uno, que está prófugo. Hubo desertores que se pasaron a las filas de Los Zetas.

“Quiero que lo encuentren para que diga qué hicieron con mi hijo... pero la Sedena no ha hecho nada para localizarlo y la PGR dice que lo está buscando”.

Al igual que cientos de madres, de pronto se vio en esta situación y luchó sola, luego llegó a la Fundación Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y ahora ayuda a otras personas en su misma situación. La pregunta no es ¿cuántos son? Sino ¿dónde están?

El problema empieza porque no reconocen los casos como desaparición forzada y, a nivel general, en la Secretaría de Gobernación aseguran que 90 por ciento o más son de extraviados o no localizados.

"Lo cierto es que no hay un trabajo de campo ni investigación en calidad en el país. No quieren buscar, dicen que es muy caro, que no hay presupuesto para identificar a tantos cadáveres que hay en fosas clandestinas o comunes, donde hay un desorden total. Lo que ocurrió en Morelos – añade- es una evidencia porque nadie sabía que el propio gobierno había ido a meter ahí 150 cadáveres, por tanto, la convirtieron en fosa clandestina.

"Por ejemplo, de los casos de nuestra fundación, ya tenemos más de siete años trabajando y no hay ningún aparecido.

"Tampoco hay trabajo efectivo para la búsqueda; no hay bancos genéticos ni registros nacionales. Es una de las cosas que estamos exigiendo, en la construcción de la ley de desaparición forzada y a manos de particulares.

"En Coahuila tenemos por exhumar cerca de 500 cadáveres, pero no tenemos con quién confrontar; sabemos que (los cadáveres) los pasaban de un estado a otro, entonces ello requiere una homologación de datos; algunos informes y muestras genéticas están en la PGR y otros en procuradurías estatales.

"Nos enfrentamos a la apatía, a la insensibilidad de nuestros gobiernos para buscar a los desaparecidos. No le deseamos mal a nadie pero quizá de plano necesitan pasar por lo que hemos pasado nosotros para entendernos.

El expediente de su hijo está desde hace año y medio en la Unidad de Búsqueda de la PGR, donde hay un registro de miles de desaparecidos. Sin embargo, lamenta, esa unidad sólo tiene un presupuesto de 26 millones de pesos; había 45 agentes adscritos pero de esos siempre se andan llevando a los peritos para que apoyen a otros estados. La última vez, para Guerrero, enviaron a 15. Por tanto, quedan 29 para atender una problemática vinculada a más de 30 mil desaparecidos. Las normas dicen que cada agente del Ministerio Público no tiene que tener más de 15 expedientes y ahorita ellos tienen más de 40 y acaban de llegar un montón; nos dicen que les van a subir a 80 expedientes por Ministerio Público, es decir, no van a poder ni ver los documentos porque o ves expedientes o sales a investigar. Por este tipo de incongruencias están queriendo devolver los expedientes a los estados. En el caso de desaparición forzada, ¿realmente creen que las autoridades estatales se van a investigar a ellos mismos? ¿Ellos mismos se van a enjuiciar? ¡Claro que no! Si lo hacen, si devuelven los expedientes a los estados, será la peor tontería, aun cuando su argumento es que no hay presupuesto.

"¡Queremos a nuestros hijos, en las condiciones que los hallen, pero queremos que los busquen!"

CAPITULO 7 Romualdo Chávez: Levantado por supuestos policías en Chihuahua

 

Texto: Fabiola Martínez

Romualdo Chávez Muñoz fue levantado el 22 de diciembre de 2014 por personas armadas. Se presume que eran policías municipales. Lo sacaron a la fuerza, en la madrugada, de un hotel de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Él es ingeniero civil, contratista de obras para Frisco.

Su familia reside en  Zimapán, Hidalgo; la denuncia está interpuesta pero poco pueden hacer, a miles de kilómetros de distancia para darle seguimiento a la posible acción de la fiscalía estatal, por el gasto que representa el viaje y, sobre todo, porque hay temor de enfrentarse a la policía local, presunta responsable de esta desaparición forzada.

Seis meses antes de la agresión, Romualdo tuvo algún altercado con el policía municipal de Ciudad Cuauhtémoc Juan Fernando Mascorro Cardona, quien lo amenazó de muerte y, al parecer, concretó su venganza, señalan los familiares de la víctima.

“La procuraduría no nos dice nada, sólo que sí, que sí se lo llevaron y que supuestamente al otro día, que un primo de nosotros presentó la denuncia allá, ya lo habían ejecutado...pero la persona que creemos que lo hizo ya renunció a la policía municipal. Nos dicen que ya no lo localizan, pero hasta ahí, no hay ninguna investigación, ningún dato más.

“Lo que queremos es que nos regresen a mi hermano, en las condiciones que esté pero que nos lo regresen. No queremos nada en contra de las personas que se lo llevaron pero que nos lo regresen”, relata una de las hermanas de Romualdo.

Mi mamá – agrega- está enferma. Romualdo era nuestro sostén, nuestro segundo padre y de pronto desaparece. Estamos enojados porque sabemos nombre y apellido de quién lo hizo y de sus cómplices pero la autoridad no está haciendo nada.

“Después de eso, (los secuestradores) fueron a un cajero y había video de eso, pero mañosamente la autoridad dejó pasar un año, que es el tiempo en el que el banco pudo haberles dado ese video para reforzar la investigación”, agrega otro familiar.

“La familia está afectada, es un desgaste para todos. Somos seis hermanos y todos andamos apoyando la búsqueda; unos trabajando para que los otros se puedan mover e ir a diferentes lados.

“Nosotros por nuestros propios medios hemos investigado. Hay videos del hotel del que se lo llevaron; se ve quién se lo lleva, cómo se lo llevan, pero nada, la autoridad no investiga nada. Nada, no pasa nada”. El video del hotel está en poder de la fiscalía zona occidente, con sede en Ciudad Cuauhtémoc.

CAPITULO 8 El número de personas "no localizadas", al alza

Texto: Fabiola Martínez

El número de personas “no localizadas” en el país continúa al alza.

Al corte de febrero-abril de 2016, la Secretaría de Gobernación (SG) informaba acerca de 28 mil 189 personas en esa condición (27 mil 162 del fuero común, investigaciones a cargo de procuradurías y fiscalías estatales, y mil 27 del federal).

Menos de un año después (recuento más reciente disponible, 31 de enero de este año) la cifra se ubicó en 30 mil 942 casos, 29 mil 912 de responsabilidad de autoridades locales y mil 30 de la Procuraduría General de la República (PGR).

Sin embargo, no hay detalle del origen de la no localización, salvo datos generales de la entidad en la que fue vista por última vez la persona, sexo, edad y nacionalidad. Mucho menos hay datos acerca de número de episodios de desaparición forzada.

El corte estadístico compilado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) de la SG muestra algunos avances por tramo o por entidad, aunque el rezago, descontrol y falta de investigación se evidencia con la propia clasificación oficial.

Hasta ahora hay 330 expedientes de historias de las que se desconoce la fecha del suceso. “No especificado” el año de desaparición, se indica.

Igualmente hay 288 averiguaciones o carpetas – de ambos ámbitos, fueros común y federal- que tienen ya una década de antigüedad o más (se les ubica como 'anteriores a 2007').

El mayor volumen en rezago o no dilucidados acerca del paradero de las personas, se encuentra de 2010 a la fecha.

Las historias del sexenio actual tienen una ligera baja, posiblemente por hallazgos relacionados con otras causas de desaparición, no vinculadas al crimen organizado, según opinión de grupos civiles y de familiares de desaparecidos, quienes denuncian escasas investigaciones profesionales y nulos resultados.

Por ejemplo, en octubre de 2013, las procuradurías estatales reportaron un volumen, ese año, de 4 mil 448 expedientes y actualmente la estadística correspondiente a ese periodo marca 3 mil 677 situaciones pendientes por aclarar.

Un año después, también al corte de octubre, eran 4 mil 936 personas no localizadas y en el recuento más reciente fue de 3 mil 944.

Algunas de las causas de “no localización” son: ausencia voluntaria, ausencia por problemas domésticos, privación ilegal de la libertad, migración nacional o internacional, reclusión en un centro penitenciario, fallecimiento o se es víctima de otro delito.

El grueso de los pendientes se ubica en las procuradurías estatales. En este ámbito, Tamaulipas está a la cabeza con 5 mil 558 personas no localizadas a quienes se vio por última vez en esa entidad.

En segundo sitio se halla el estado de México (con 3 mil 351); le siguen Jalisco (2 mil 634), Sinaloa (2 mil 444), Nuevo León (2 mil 429), Chihuahua (mil 929) y Coahuila, mil 627. De este grupo de estados, hay incremento, respecto a las cifras previas, en todos los estados.

A nivel federal, la secuencia es: Guerrero, con 270 casos pendientes (aquí están incluidos los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa desaparecidos desde septiembre de 2014); Veracruz (198, igualmente con situaciones emblemáticas como los jóvenes desaparecidos de Tierra Blanca), Tamaulipas (124) y Ciudad de México (47). Todas las entidades reportan incrementos en el último lapso en mención.

Como se ha difundido, en el ámbito de los casos del fuero común predomina la desaparición de gente joven. Hasta el 31 de enero pasado había más de 2 mil 356 niños y jóvenes de 14 años de edad o menos, pero la mayoría de “no localizados” se ubica entre los 15 y 44 años. El mayor porcentaje son varones mexicanos.

También hay extranjeros a quienes se vio por última vez en México. Del fuero común son 161, pero igualmente se evidencia el descontrol con una clasificación, de mil 992 de nacionalidad “no especificada”.

En los expedientes de búsqueda de extranjeros, realizada por la PGR,  910 son mexicanos y 113 extranjeros.

CAPITULO 9 Garantizamos que no habrá impunidad: Roberto Campa, subsecretario de Gobernación

Texto: Fabiola Martínez

Los momentos más duros del problema de la desaparición de personas encontraron su tope en 2011 y 2012; de ese lapso procede una cantidad muy importante de los casos que atendemos actualmente, señaló Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Sin embargo, han seguido presentándose desapariciones donde participan, sobre todo, corporaciones municipales y estatales.

En los casos emblemáticos de desaparición forzada en México (en especial Ayotzinapa, Guerrero, o Tierra Blanca, Veracruz), se ha combatido la impunidad al llevar a los presuntos responsables ante el juez, aseguró.

Roberto Campa, en reunión con familiares de los 43 estudiantes desaparecidos, el pasado 16 de abril. Foto Víctor Camacho

“¿Por qué los perpetradores desaparecen a sus víctimas? Porque así han garantizado impunidad; porque han partido de la premisa de que si desaparecen a una víctima, desaparecen el delito y, en consecuencia, no los van a perseguir.

“Entonces, lo que estamos haciendo en estos casos emblemáticos es garantizar que no haya impunidad, que todos los involucrados en una desaparición sean puestos a disposición de los jueces. Eso es lo que ha pasado en Tierra Blanca y es el compromiso en Papantla y Ayotzinapa."

Un tema fundamental en esta lucha tiene qué ver con la reforma legal en torno a las corporaciones policiales. La propuesta está en manos del Poder Legislativo, subrayó.

-¿Ya estamos a más de la mitad de sexenio y las cifras de desaparecidos se encuentran al alza o no hay bajas significativas?

-Se está trabajando de la única manera en que se puede hacerlo, que es rompiendo la cadena de impunidad. En ninguno de los casos emblemáticos de esta administración se puede hablar de impunidad. El compromiso es que no haya nadie que quede impune y se acredita la decisión de ir por los responsables, donde quiera que estén.

"En Ayotzinapa, Tierra Blanca y Papantla hay personas sujetas a proceso, servidores públicos, policías, miembros de los gobiernos locales e integrantes del crimen organizado.

"También el general secretario (de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos) ha enviado un mensaje a la tropa y a los mandos acerca de que sólo deben cumplir con las instrucciones contenidas en las leyes militares. Ahí también hay señales y hechos concretos que acreditan la voluntad de que cualquier instrucción en sentido contrario no debe acatarse."

El gobierno federal y legisladores continúan trabajando para dictaminar la ley de desaparecidos. “No hemos dejado de trabajar”, sostuvo Campa Cifrián.

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