El 27 de junio donó al gobierno de BCS 6 barcos concesionados, devueltos por incosteables

Cierra el gobierno federal capítulo negro en la historia del manejo de transbordadores

Anomalías en complicidad de autoridades, constante de Sematur en la explotación del permiso

PEDRO JUAREZ MEJIA Y VICTOR CARDOSO CORRESPONSAL Y REPORTERO

La Paz, BCS, 20 de julio. El gobierno federal cerró un negro capítulo en la historia del servicio de transbordadores entre la península de Baja California y el macizo continental que durante 14 años explotó comercialmente la empresa privada Servicios Marítimos Turísticos (Sematur), propiedad del ex secretario de Marina, Miguel Angel Gómez Ortega. El pasado 27 de junio la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), donó los seis barcos de esa empresa al gobierno de Baja California Sur.

Durante los 14 años que Sematur explotó la concesión se acumularon una serie de irregularidades en que empresa y autoridades incurrieron para mantenerla a flote. La última fue un adeudo por casi 28.5 millones por el arrendamiento de dos barcos, que llevó a la SCT a presentar una demanda ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Para la donación de las embarcaciones al gobierno sudbajacaliforniano las autoridades federales argumentaron la intención de "fortalecer el federalismo", contribuir a "comunicar a la península con el resto del país" y "descentralizar más las funciones y las propiedades federales a los gobiernos estatales".

Pero según especialistas, sólo se traspasó un problema. El gobierno estatal difícilmente podrá vender las embarcaciones, porque sólo dos están en condiciones de navegar (Coromuel y Puerto Vallarta) y las otras cuatro (Guaycura, Benito Juárez, Loreto y Azteca) se encuentran fondeadas en el puerto de Guaymas, Sonora, por descomposturas derivadas del incumplimiento en la bitácora de mantenimiento y que la empresa estaba obligada a realizar regularmente.

Reparar esas embarcaciones, que en promedio tienen 30 años en servicio, requeriría una inversión de por lo menos 3 millones de dólares cada una, lo que representa 600 veces el valor comercial calculado en 500 mil dólares por barco.

"Yo ya no soy de Sematur"

El director general de la empresa, Miguel Angel Gómez Gómez, hijo del accionista mayoritario y ex secretario de Marina en el sexenio de Miguel de la Madrid, Miguel Angel Gómez Ortega, dio carpetazo al asunto el pasado 26 de junio, cuando en una visita a La Paz el presidente Vicente Fox atestiguó la donación de los transbordadores al gobierno estatal: "Yo ya no soy de Sematur", dijo el empresario.

En esa ceremonia, el gobernador Leonel Cota Montaño explicó que de inmediato se licitaría la venta de los seis barcos, con lo cual espera obtener 4 millones de dólares, que serían destinados a su vez a la terminación del libramiento urbano del puerto de Pichilingue.

Allí mismo, el mandatario estatal recordó que en abril pasado Sematur renunció a los derechos del título de concesión. Pero más que derechos, de acuerdo con informes de especialistas que conocen del proceso, ese permiso representaba para la empresa adeudos de por lo menos 60 millones de pesos por el incumplimiento en el clausulado del permiso.

En el golfo de Cortés actualmente operan tres empresas, Sematur, Regiomar y Baja Ferries. El servicio de transbordadores ha mostrado una tendencia creciente en los recientes años. Sólo en los primeros cinco meses de 2003 el mercado mostró un crecimiento calculado en casi 7 por ciento, con 205 mil 473 pasajeros transportados.

Historia oscura

La discrecionalidad en las decisiones referentes a la operación de los transbordadores y el apoyo evidente de las autoridades fue la constante en la historia de la concesión de Sematur, empresa que llegó a ser monopólica del servicio en el mar de Cortés, al movilizar 90 por ciento del abasto a Baja California Sur y prestar servicio a casi 400 mil usuarios anuales entre los puertos de La Paz, Mazatlán, Topolobampo, Guaymas y Santa Rosalía, así además de ser una fuente de empleo para unos 670 trabajadores.

Durante los primeros siete años de la concesión todo iba bien para Sematur, hasta que en 1996 la SCT determinó autorizar los mismos servicios de transporte marítimo a otra naviera, Regiomar, del empresario Arturo González.

Ante la competencia, en los siguientes siete años de vida de Sematur fueron constantes las maniobras del presidente del consejo de administración, Miguel Angel Gómez Ortega, para recibir el auxilio del gobierno federal. Siempre, con la amenaza de suspender las operaciones parcial o totalmente con el argumento de que "ya no podemos trabajar perdiendo dinero".

Mientras tanto, dentro de la empresa, en un franco madruguete para convertirse en el único dueño, en 1999, Miguel Angel Gómez Gómez, hijo del presidente del consejo de administración, desplazó a los otros dos accionistas: Juán López Mejía (30 por ciento) y Mariano Ruano Boza (10 por ciento).

A principios de 2000 el ex secretario de Marina solicitó a la SCT un esquema de rescate financiero con el argumento de que sólo en la ruta Guaymas-Santa Rosalía enfrentaba pérdidas superiores a medio millón de pesos mensuales. Pero, por el contrario, informes de la SCT indicaban que Sematur obtenía utilidades netas por 2 millones de dólares anuales y la petición fue rechazada.

Fue a mediados del año pasado cuando Gómez Gómez, como nuevo director general de Sematur, se "acercó" a las autoridades de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante para lograr un acuerdo mediante el cual, "por incosteabilidad", devolvía anticipadamente las seis embarcaciones concesionadas y cuatro terminales portuarias que operaba en custodia. Las autoridades aceptaron sin aplicar sanción alguna, como preveía el título de concesión.

El argumento para aceptar el trato del entonces titular de Puertos y Marina Mercante, Francisco Avila Camberos, fue "mantener las fuentes de empleo". Una vez cerrada la operación se decidió que Sematur podía seguir operando con las dos embarcaciones que todavía funcionaban mediante el pago de una renta de 6 mil 500 pesos al día (unos 195 mil pesos mensuales por ambas). Hasta hace cinco años Sematur pagaba cerca de dos millones de pesos mensuales de arrendamiento, compuesto por 10 por ciento de los ingresos brutos de la naviera (casi 250 por ciento más de lo que las autoridades aceptaron recibir en el nuevo contrato).

Pero Sematur no pagó el arrendamiento y acumuló un adeudo que asciende actualmente a casi 28.5 millones de pesos, porque en ningún punto del convenio se contempló que eso fuera una causal de rescisión o cancelación del contrato.

Aun así, la SCT solicitó la intervención de la Administración Local de Grandes Contribuyentes de la SHCP con sede en Culiacán, Sinaloa, para llevar a cabo el procedimiento administrativo de ejecución, previsto en el Código Fiscal de la Federación, en contra de Sematur.

Pero el 8 de julio la SHCP se declaró incompetente para cobrarle a la naviera con el argumento de que el adeudo carece de carácter de crédito fiscal, ya que es una contraprestación de derecho privado y no falta de contribuciones fiscales. Por tanto, determinó la recuperación del adeudo que la SCT deberá hacer por medio de un juicio civil.

A todo eso habría que añadir el "olvido" de Sematur y de las autoridades federales de un compromiso de la empresa para dar mantenimiento a las cuatro terminales portuarias que le fueron entregadas en custodia por ser necesarias en su operación (La Paz, Santa Rosalía, Puerto San Carlos y Loreto), a las que durante cinco años no les brindó mantenimiento. Ahora esos recintos requieren inversiones calculadas extraoficialmente en más de 30 millones de pesos.