Los secretarios estatales de finanzas se reúnen hoy para afinar propuesta fiscal

Aumentar en $5 mil millones el apoyo federal a entidades, plantea la Conago

Solicitarán a Hacienda informe sobre la pretensión de disminuir las tasas de ISR e IVA

ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MENDEZ

Los secretarios de finanzas de los gobiernos de los estados se reunirán hoy, en un hotel del aeropuerto capitalino, con el propósito de afinar la propuesta de política fiscal de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para el ejercicio 2004. Los mandatarios locales pretenden que el Congreso de la Unión incremente los recursos para el Programa de Apoyo Federal a las Entidades Federativas (PAFEF) de 17 mil millones a 22 mil millones de pesos.

Al conocer de la existencia de un grupo de trabajo formado en la Cámara de Senadores para elaborar un proyecto de reformas hacendarias, los gobernadores solicitarán al titular de la Secretaría de Hacienda, Francisco Gil Díaz, que informe sobre las repercusiones en la recaudación federal; si se propone disminuir la tasa del impuesto sobre la renta a 30 por ciento para las personas morales y físicas con actividad empresarial; reducir el monto de sus deducciones por activos fijos y eliminar paulatinamente el impuesto sustitutivo del crédito al salario, así como otorgar a los estados la administración, recaudación, fiscalización y el incentivo al ciento por ciento de los pequeños contribuyentes.

La propuesta de Hacienda de reducir la tasa general del impuesto al valor agregado (IVA) a 10 por ciento también generó preocupación en la Conago, razón por la cual los gobernadores demandarán una explicación sobre la propuesta de eliminar la tasa cero del IVA por la enajenación de bienes y servicios, así como la de gravar alimentos y medicinas a una tasa inferior a la general, dejando exenta una "canasta básica".

Acerca del PAFEF, la propuesta de los secretarios estatales de finanzas será incrementar el monto de ese programa 30 por ciento; con base en los 17 mil millones previstos para este año, los gobiernos locales presentarán una propuesta al Congreso de la Unión para que autorice un presupuesto de 22 mil millones de pesos.

Sobre las inconsistencias del PAFEF, la propuesta ofrece la siguiente relación: está sujeto a la no incorporación en el Presupuesto de Egresos en ejercicios subsecuentes; mientras no se incluya en el ramo 33 y en la ley de coordinación fiscal, el programa estará sujeto a reducir su monto en cualquier momento; no existe una base de referencia que sea eje rector de su distribución hacia las entidades; su fiscalización se apega a la normatividad federal y no a la de los estados.

En el terreno educativo, los gobernadores manifiestan que ese rubro se ha "deteriorado por la insuficiencia de recursos, que reduce la posibilidad de atacar los rezagos a escala nacional y provocan déficit de las finanzas estatales". En ese caso, agregan, la toma de decisiones respecto de los incrementos salariales entre la Federación y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sin intervención de los gobiernos locales, repercute directamente en las finanzas estatales por la homologación que, de dichos acuerdos, derivan para el personal a cargo de los gobiernos locales.

En el caso del sector salud, refiere el documento, durante los años recientes ha comenzado a presentar problemas financieros que afectan las arcas de las entidades; detalla: la Federación no ha transferido con suficiencia los recursos comprometidos en el artículo 30 de la Ley de Coordinación Fiscal (irreductibles de operación e inversión), y establece los planes, políticas y procedimientos con los que presupuesta, sin acordarlo con las administraciones de los estados; no existe transparencia en la distribución de los recursos, y no cubre el costo de las plantillas de personal y gastos de operación de las unidades médicas construidas conjuntamente con la Secretaría de Salud.

En el ámbito de la seguridad pública, la propuesta refiere que es preocupante que cada año el fondo de seguridad pública se reduzca, mientras aumentan los asaltos, secuestros, vandalismo y otros delitos. "A diferencia de los recursos destinados a salud y educación, este fondo debe proponerse, definirse y aprobarse cada año, lo que lo vuelve vulnerable y no le permite desenvolverse en un contexto de certeza. Asimismo, sus reglas de aplicación hacen inoperante su ejecución en los estados", concluye.