Ex funcionarios exigen indemnizaciones estratósfericas, indica

Denuncian en Texcoco "trato parcial y político" del Tribunal de Conciliación y Arbitraje estatal

JAVIER SALINAS CESAREO CORRESPONSAL

Texcoco, Mex., 4 de enero. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje actúa "de manera política y parcial" en los más de 60 juicios que se ventilan en esa dependencia contra el gobierno municipal que, de resultarles adversos, harían que éste erogue más de 10 millones de pesos en indemnizaciones a ex empleados, aseguró la síndico procurador de Texcoco, Miriam Sánchez Monsalvo.

Indicó que esta situación se debe a que "el ayuntamiento es perredista, mientras que el gobierno de la entidad mexiquense es priísta".

La funcionaria explicó en entrevista que la mayoría de los casos se refieren a ex empleados contra quienes se levantaron actas administrativas por diversas causas, como que "no cumplían con su horario de trabajo, tenían faltas continuas o ya no se les tenía confianza", además de que hubo otros que laboraron en administraciones municipales pasadas sin que se realizara con ellos un contrato, o algunos, dijo, eran directivos de dependencias locales.

De acuerdo con Sánchez Monsalvo, buena parte de las demandas laborales contra el ayuntamiento de Texcoco se refieren a la administración municipal 1996-2000, e incluyen casos de ex funcionarios de alto nivel que exigen cantidades "exorbitantes", como el caso de la ex presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) municipal en dicho trienio y ex contralora municipal, Maribel Aguilar Orozco, quien pide una indemnización de 800 mil pesos.

Asimismo mencionó los casos de la ex presidenta del DIF municipal, María Susana Ortiz Vergara, quien solicita 567 mil pesos de compensación por su despido; la ex subdirectora de Impuestos Municipales, Cecilia Flores Montoya, que exige 526 mil pesos; la ex contadora de la Tesorería, Dulce María Ramírez Luna, que pide 352 mil pesos; el ex jefe de Inspección de Cuenta Pública y Glosa, Manuel Espejel Flores, con 231 mil pesos, y el ex director de Desarrollo Económico, Eulalio Aguila Romero, quien pide 230 mil pesos.

Sánchez Monsalvo comentó que en su página de Internet el ayuntamiento publica una lista de 37 ex funcionarios de alto nivel con su fotografía, "gente que quiere vivir a costa del erario", que reclama indemnizaciones que van de 60 mil a 500 mil pesos.

La síndico municipal señaló que al iniciar la anterior y la presente administración hubo cambios en las diversas direcciones municipales, por lo que en algunos casos los responsables o empleados que tenían tres años de antigüedad fueron removidos de su área, "pero fueron liquidados conforme a derecho", aseguró.

Consideró que los titulares de los tribunales laborales de la entidad actúan "de manera parcial y dilatoria" en la resolución de juicios entablados contra la autoridad municipal y actúan "de manera política" porque el ayuntamiento "es perredista, mientras el gobierno del estado, la entidad mexiquense, es priísta".

Aseguro que "hay dolo en las justificaciones y pretensiones" de los demandantes, situación que ha sido aprovechada por el abogado Alberto Ramírez, "quien promete y convence a los inconformes de demandar al ayuntamiento para conseguir indemnizaciones estratosféricas y llevarse un porcentaje alto, en complicidad con las autoridades laborales".