Dos consejeros se desmarcan del acuerdo aprobado
El IFE debe presentar la controversia antes del 13
La Cámara de Diputados actuó legalmente: Lourdes López
El Instituto Federal Electoral (IFE) tiene de plazo el próximo 13 de febrero para presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la controversia constitucional que acordó promover en contra del decreto de presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. Apenas la víspera, al momento de su aprobación, dos consejeros electorales que admitieron estar conformes con la vía legal escogida, se desmarcaron, toda vez que no se tenían los detalles básicos del contenido que tendrá el documento.
Sin embargo, un día después de la aceptación para promover el recurso, tras un largo debate en el Consejo General, la determinación sigue sin dejar satisfechos a quienes se opusieron abiertamente a esta decisión. La consejera Lourdes López afirmó que está muy claro que la Cámara de Diputados no invadió en modo alguno las facultades que tiene el organismo electoral para asignar las prerrogativas de los partidos políticos.
La Cámara de Diputados añadió López no hizo más que aprobar la propuesta de prerrogativas ''que nosotros les enviamos sustentada en las facultades del IFE para su asignación. Solamente se ajustó con base en la inflación, como se establece en el marco legal. ¿Dónde está la violación? Los diputados solamente aprobaron lo que les enviamos, ni un peso más ni un peso menos''.
La consejera López recordó que de acuerdo con el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), el IFE podrá revisar la fórmula que utiliza para calcular las prerrogativas con base en un estudio realizado al término del proceso electoral.
En su momento, dijo López, se tuvo la oportunidad para modificarla y evitar las distorsiones que ya se preveían de cara a los comicios de 2009, con las millonarias cantidades de que dispondrán los partidos y que ahora se argumenta para sustentar la modificación.
La consejera electoral señaló además que en otros años en los que la Cámara de Diputados había decretado disminuciones similares, el instituto había acordado con los partidos políticos la distribución de ese recorte entre el gasto operativo del organismo y las prerrogativas en las proporciones en que está distribuido, grosso modo, el presupuesto.
Regularmente la proporción del gasto que corresponde a los partidos políticos es 35 por ciento de los recursos aprobados por la Cámara de Diputados y 65 por ciento al Instituto Federal Electoral. Sin embargo, a pregunta expresa, López señaló que estos acuerdos, si bien avalados por los partidos, no estaban del todo sustentados en las disposiciones legales.
Las facturas de las coaliciones
Con la aprobación de las prerrogativas por parte del Consejo General del IFE con las reservas del resultado de la controversia constitucional llegaron finalmente para el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) las elevadas facturas que pagaron por las alianzas pactadas para los comicios de 2006.
De acuerdo con el convenio de la coalición Por el Bien de Todos (integrada por PRD-PT-Convergencia), con una votación calculada con base en los comicios para diputados federales que se ubicara en 29 por ciento, al Partido de la Revolución Democrática le serían computados 18 por ciento para efecto de la distribución de prerrogativas; el Partido del Trabajo captaría 5.80, y finalmente Convergencia 5.20 por ciento.
Esa es la causa por la cual, en términos generales, el incremento de las prerrogativas del PRD fue alrededor de 24 por ciento, en tanto que para los otros dos partidos superaron 50 por ciento. En los tres casos, gracias a la votación histórica captada el 2 de julio, como también por ser beneficiarios del incremento en la bolsa general de 20 por ciento, como efecto de la existencia de dos partidos más.
Para el caso de la Alianza por México (formada por PRI y PVEM), el convenio estipulaba que sobre la base de 29 por ciento de votos que obtuvieron en los comicios para diputados, la distribución de las prerrogativas se distribuiría: 22.4 para el Revolucionario Institucional y 6.60 para el Partido Verde, con claras ventajas financieras para este último, en función de los votos obtenidos.