Usted está aquí: jueves 29 de mayo de 2008 Política Fue aprobada la reforma de justicia y seguridad pública

■ Recibió críticas por temas como arraigos y espionaje telefónico

Fue aprobada la reforma de justicia y seguridad pública

■ Le fueron suprimidos los allanamientos sin la debida orden judicial

Andrea Becerril y Víctor Ballinas

La controvertida reforma en materia de justicia y seguridad pública concluyó ayer su proceso constitucional, luego de ser aprobada por ambas cámaras y la mayoría de los congresos locales. Por ello, el presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Santiago Creel declaró la validez de esa reforma durante la sesión de ayer y la turnó al Ejecutivo para su promulgación.

Se trata de una modificación legal que recibió fuertes críticas e incluso el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, consideró que contiene disposiciones que vulneran garantías fundamentales y además rompe con el principio de presunción de inocencia.

La mayor parte de las críticas se centraron en las modificaciones legislativas que permiten los arraigos y el espionaje telefónico sin orden judicial. Debido a ello, la Cámara de Diputados modificó la reforma, al excluir los allanamientos que contenía la propuesta del presidente Felipe Calderón.

Ayer, sin embargo, el senador panista Santiago Creel Miranda detalló que se trata de una reforma que reordena al Ministerio Público y a las diversas corporaciones policiacas a través de un nuevo sistema que les da mayores facultades. Resaltó que luego de la aprobación de esa reforma por 19 congresos locales, se podrá poner en marcha un conjunto de ordenamientos que ayudarán al combate eficaz a la delincuencia organizada.

Detalló que una vez promulgada la reforma comenzará la transición hacia los juicios orales en todo el país, mismos que tendrán que aplicarse en un plazo de ocho años. Una vez concluido el trabajo del constituyente, tanto diputados como senadores reiniciarán las labores de negociación a fin de echar a andar las reformas secundarias derivadas de los cambios aprobados.

 
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