■ La estructura económica permite a los cárteles mover sus recursos y comprar protección
Fracasó en su trabajo la Unidad de Inteligencia Financiera, afirma experto
■ No basta con más tropa y policías, deben desmantelarse las redes operativas: Edgardo Buscaglia
El poderío de un cártel del narcotráfico no radica en su fortaleza armada, en su capacidad de despliegue territorial ni en el número de toneladas de droga que logre introducir y vender en el mercado ilegal, sino en la estructura económica que le permite financiar todos los recursos obtenidos del emporio de estupefacientes y, con ello, alimentar la corrupción oficial que garantiza al grupo criminal contar con protección política.
Las millonarias cantidades de dinero lavado mediante casas de cambio y otras instituciones financieras mexicanas, permite a los narcotraficantes, aun cuando estén presos o hayan sido extraditados a Estados Unidos, corromper cualquier estructura gubernamental, policiaca o militar.
Por eso, si el gobierno de Felipe Calderón en verdad quiere atacar el poderío de las organizaciones criminales que tienen al país de cabeza, es indispensable que su gabinete de seguridad no se dedique sólo a mandar a las calles a militares y policías o a llenar las cárceles de capos del narcotráfico, sino que desmantele las redes de operación financiera con que operan estas bandas valiéndose de instituciones bancarias y cambiarias.
Sostuvo lo anterior, en entrevista con La Jornada, Edgardo Buscaglia, académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y especialista en temas de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Alacranes en prisión
Refirió que si comparamos a un narcotraficante con un alacrán, lo que el gobierno mexicano hace es atrapar a arácnidos de ese tipo pero sin cortarles la cola que sostiene el aguijón con que inyectan su veneno, por lo que aún en cautiverio pueden seguir haciendo daño.
Buscaglia aseguró que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha fracasado en su tarea de prevenir las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Ayer, este diario reveló un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos en el que indica que narcos repatriaron 22 mil millones de dólares desde ese país a partir de 2003.
Además, citando informes oficiales del gobierno mexicano, se dio a conocer que la UIF no presentó al Servicio de Administración Tributaria, en el primer semestre de 2008, ningún reporte sobre presuntas operaciones de lavado de dinero.
En la entrevista, Buscaglia precisó que el fracaso de la UIF obedece al hecho de que no existe en México –como sí ocurre en países como Colombia, donde las autoridades han logrado disminuir los embates del narco– una “interacción institucional” entre todos los encargados de la seguridad y procuración de justicia.
La UIF, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública federal, la Policía Federal Preventiva y la Agencia Federal de Investigación no trabajan en la unificación de información sobre operaciones financieras sospechosas, puntualizó Buscaglia, quien fue asesor de la Organización de las Naciones Unidas en temas de criminalidad.
Agregó que son las autoridades de inteligencia de Estados Unidos las que consiguen rastrear movimientos de blanqueo de capitales ilícitos que realizan narcotraficantes mediante empresas financieras y sociedades de inversión mexicanas, y después alertan al gobierno federal para que adopte las medidas pertinentes.
Esta falta de interacción informativa ha permitido que se multipliquen casos como el de Rigoberto Gaxiola Medina, narcotraficante detenido hace cinco años que desde prisión sigue operando para el cártel de Sinaloa; controla una red de lavado de dinero integrada por 17 personas, y su esposa y tres hijos siguen recibiendo dinero presuntamente de procedencia ilícita mediante 14 empresas fachada radicadas en México, que están bajo sospecha del gobierno de Estados Unidos.
El problema que enfrenta la UIF, de acuerdo con el abogado Agustín Acosta Azcón, ex titular de ese órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es que para realizar su trabajo la unidad depende de la información que aporten las instituciones financieras mexicanas.
Muchas veces, agregó, lo que envían bancos y casas de cambio a la UIF es “información basura” que quita tiempo a sus operadores. “Los obligados a dar reportes no son las autoridades gubernamentales, sino los operadores del sistema financiero: bancos, casas de cambio, etcétera.
“Son las instituciones bancarias las que siempre reportan a la UIF información de operaciones financieras por encima de los 10 mil dólares. ¿Imagínate cuántas de ese tipo se realizan en los bancos? ¡Muchas! Los bancos deben ser más selectivos en los datos que envían a la UIF sobre operaciones sospechosas.
“A la UIF le falta capacidad tecnológica, más calidad en el análisis de la información que les llega y más interacción con los operadores del sistema, en relación con las otras entidades de seguridad nacional del Estado.
“Hay también problemas regulatorios. Falta una ley que obligue a colaborar con la UIF a todas las entidades financieras; muchas de ellas, principalmente las casas de cambio, no reportan transacciones sospechosas (lavado de dinero) para no perder el jugoso negocio que representa manejar recursos ilícitos”, explicó Acosta.