Usted está aquí: jueves 18 de septiembre de 2008 Estados Reclamos por secuestros y feminicidios

Reclamos por secuestros y feminicidios

Israel Dávila, corresponsal

Toluca, Méx., 17 de septiembre. La alta incidencia de asesinatos de mujeres y secuestros, así como la corrupción en la Procuraduría General de Justicia del estado de México (PGJEM), fueron los principales reclamos al titular de esa dependencia, Alberto Bazbaz Sacal, durante su comparencia ante el Congreso local.

En la reunión hubo un breve debate sobre el reciente hallazgo de 24 cadáveres decapitados en el municipio de Ocoyoacac.

Bazbaz Sacal afirmó que estos ataques se deben a que las autoridades han mermado el control territorial de los grupos delictivos y la complicidad de éstos con la policía.

El procurador recordó que la posesión de armas exclusivas de las fuerzas armadas –las más utilizadas por el crimen organizado– no es un delito grave en México.

También admitió que casi todas las corporaciones policiacas mexiquenses actúan en forma “empírica”, poco profesional, sin manuales de operación y con criterios y procedimientos distintos, desde la fase de reclutamiento hasta la promoción de su personal.

Además, dijo, todos los cuerpos de seguridad, principalmente los municipales, que concentran 60 por ciento de las fuerzas de seguridad del estado, tienen que depurarse constantemente.

A pesar de que los diputados le solicitaron en más de una ocasión cifras sobre el número real de secuestros en la entidad, no entregó esa información y se limitó a mencionar la captura de unos 78 secuestradores y el reforzamiento del área antisecuestros con más de 200 elementos, que se sumarán a los 150 existentes.

Según datos de la PGJEM, este año se han presentado 72 denuncias por secuestro en la entidad, lo que ubica al estado de México como el de mayor incidencia. De éstos, 68 han sido resueltos.

En cuanto a los feminicidios, Bazbaz dijo que este año se han reportado 118 y sólo en 42 casos se ha castigado al presunto responsable y en cuatro la acción penal se extinguió por la muerte del agresor. Es decir, más de 60 por ciento de los casos sigue impune.

 
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